Darío Aranda
Página/12
Una investigación
de la ONG señaló que al menos treinta funcionarios y legisladores y
empresas de transgénicos, que dominan el 60 por ciento del mercado
mundial de semillas, están detrás del impulso a la nueva ley.
"Quien controla las semillas, controla la alimentación”, señala en el comienzo la reciente investigación de Greenpeace que denuncia el lobby empresario que impulsa una nueva ley de semillas y precisa que al menos treinta funcionarios tienen conflictos de intereses por sus vínculos con las compañías que serían beneficiadas con la ley. El estudio también denuncia el rol de ONG y fundaciones que se presentan como “apolíticas” y “científicas” pero son financiadas por las empresas dedicadas a productos transgénicos. Cuatro conglomerados dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF.
“Ley de semillas: del campo al plato, el lobby
de las empresas químicas” es el nombre de la investigación que detalla
los intereses detrás del nuevo proyecto para modificar la legislación
vigente. “Conflicto de intereses, ‘puertas giratorias’ (ayer en las
empresas, hoy en el Gobierno, y viceversa), negocios compartidos y lobby
son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un
proyecto de ley que sólo busca beneficiar a las grandes compañías”,
denuncia Greenpeace.
Entre los funcionarios señalados con
preocupación en el informe figuran Ricardo Buryaile (ministro de
Agroindustria), Guillermo Bernaudo (jefe de Gabinete de Agroindustria),
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado
nacional), Beatriz “Pilu” Giraudo (coordinadora de Políticas Públicas
para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (director nacional
de Agricultura), Gustavo Lopetegui (coordinador Económico de Jefatura de
Gabinete), Martín Lema (director nacional de Biotecnología), Leonardo
Sarquís (ministro de Agroindustria de Buenos Aires) y Gustavo Idígoras
(ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros. Todos ellos
figuran con conflictos de intereses por pertenecer a espacios (como ONGs
y empresas) que tienen vínculos con las compañías que impulsan la nueva
ley de semillas.
En octubre, el Gobierno envió al Congreso un
proyecto de ley que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI)
sobre semillas, un paso más hacia el patentamiento de semillas, como si
fueran un invento empresario, que limita el “uso propio” (guardar
semillas de una cosecha y utilizarlas en la próxima siembra, una
práctica tan antigua como la agricultura). El oficialismo intenta
aprobarla este año. “La connivencia política entre los gobiernos y las
grandes empresas, en particular del agronegocio, atenta contra la
democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas”,
alerta el informe.
Fundamental es el rol de organizaciones que se
presentan como “apolíticas” o “científicas”, pero son parte fundamental
del lobby empresario: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de
Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la
Información y el Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación
Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las
Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones
Vegetales), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red
BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto Internacional de
Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando. Todas ellas impulsan la
nueva ley y tienen vínculos directos con las compañías de semillas y
agroquímicos.
La investigación cuenta con un apartado que
explicita el vínculo entre funcionarios y empresas. Una de las personas
mencionadas es la funcionaria Beatriz “Pilu” Giraudo, hasta 2016
presidenta de Aapresid (impulsores del modelo transgénico), entidad que
cuenta con financiamientos y auspicios de Monsanto-Bayer, Syngenta,
Dow-Dupont y BASF. “Aapresid es una organización clave para camuflar el
uso de agrotóxicos con un discurso ‘sustentable’”, denuncia Greenpeace.
Giraudo asumió en el ministerio de Agroindustria un área que le crearon
especialmente, desde donde impulsa beneficios para el agronegocios.
“Argenbio
se presenta como un espacio científico, difunde las supuestas bondades
del modelo transgénico. Ejercen lobby en el ámbito académico pero desde
allí proponen políticas públicas de promoción del agronegocios. Sus
fundadores y financiadores son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto,
Nidera, Piooner y Syngenta”, señala el informe.
Greenpeace
cuestiona los intentos de una ley que pretende limitar el uso libre de
semillas, en beneficio de las grandes empresas. Al mismo tiempo, no se
contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares,
campesinos, indígenas, académicos y universidades. “Se trata de un
proyecto de ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas, y
sólo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más
destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables”, explicó
Franco Segesso, de Greenpeace.
Sobresale el rol de la Fundación
Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores
y conductas compartidas”. Es apoyada por empresas de la Cámara de
Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow Chemical, Barrick Gold,
Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital
(presidido por Paul Singer).
La Multisectorial contra la Ley
Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales,
campesinas, ambientales y académicas, rechaza cualquier modificación a
la Ley de Semillas vigente (20.247) y exige que los senadores y
diputados detengan “las maniobras que benefician a los actores del
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de
los argentinos”.
