uniminutoradio- Bogotá, A través de un derecho de petición, radicado en el Ministerio de
Salud y Protección Social el pasado 17 de mayo, 14 organizaciones de la
sociedad civil piden a esa cartera ministerial que informe sobre el
avance del trámite que sigue la solicitud de declaratoria de interés
público (DIP) para el acceso a los antivirales de acción directa
requeridos en el tratamiento de la hepatitis C.
La Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, la Red Colombiana de
Personas que viven con VIH, la Red de Mujeres Populares y la Fundación
Semillas del Cauca, son algunas de las organizaciones que esperan
respuesta del Ministerio.
Del dicho al hecho…
La Fundación IFARMA presentó esa solicitud en octubre de 2015. Ha
transcurrido un año y ocho meses, sin recibir información del proceso.
En su derecho de petición, las organizaciones señalan que el Ministro
de Salud ha expresado en distintos espacios que se están tomando las
medidas para garantizar el acceso a los medicamentos, pero los
solicitantes no han sido notificados del inicio de la actuación
administrativa, paso requerido en el proceso de declaratoria de interés
público.
“Hace más de un año, el Ministerio de Salud manifestó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda- que había dado inicio
al trámite, afirmación que al parecer no correspondía a la realidad, ni
en ese momento ni en el presente, (…)”, precisa el documento radicado.
Agrega que el trámite DIP es un asunto de interés público.
La situación en cifras
Según el sistema de información de precios de medicamentos (SISMED),
para el periodo enero – septiembre de 2016 la venta de medicamentos
antivirales para hepatitis C alcanzó un total de $41.205,1 millones.
$23.855,8 millones de pesos para Sunvepra-Daklinza y $17.349,2 millones
de pesos para Viekira Pak.
Los 41 mil millones equivalen a un incremento de más del 335% sobre
el promedio de ventas anuales de Incivo (telaprevir) y Victrelis
(boceprevir), entre 2012 y 2015 ($9.476,7 millones). Estos fueron los
dos primeros antivirales indicados para el tratamiento de la hepatitis
C, disponibles en el mercado colombiano.
Después de solicitar la declaratoria de interés público, los
incrementos en unidades y valores que se registraron en 2016 –sumados al
registro ya aprobado de Sofosbuvir y sus asociaciones- podrían generar
otro crecimiento exponencial de recobros, con el respectivo riesgo para
la viabilidad financiera del sistema de salud.
La Fundación IFARMA indica que el retraso en la actuación
administrativa pone en riesgo el derecho fundamental a la salud, al no
cumplir con lo que establece la Ley Estatutaria de Salud respecto de las
obligaciones del Estado.
Al cierre del documento, las organizaciones precisan que “es
preocupante la actitud indiferente del Ejecutivo, ante asuntos que se
oponen al interés público, dando prevalencia a derechos privados de
propiedad intelectual”.
