Constanza Moreira, senadora por el Frente Amplio.
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ladiaria.com.uy.- El ingreso de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCP) será discutido en la bancada del Frente Amplio (FA). El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en marzo de 2017, a raíz del compromiso que asumió en el tratado de libre comercio (TLC) con Chile de hacer “los mayores esfuerzos” para suscribir este acuerdo.


 El tratado establece un procedimiento estandarizado para la presentación de solicitudes de patentes, y varios analistas señalan que el ingreso de los países al acuerdo determina un aumento del patentamiento, con el consiguiente perjuicio para actividades como la producción de medicamentos genéricos. Desde el gobierno, tanto autoridades de la cancillería como del Ministerio de Industria niegan que el ingreso al TCP tenga este efecto, y aseguran que será de utilidad para los investigadores nacionales.
La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores está estudiando ambas iniciativas, el TLC con Chile y el ingreso al TCP. En la última reunión, el jueves, recibieron a autoridades de la Asociación de Laboratorios Nacionales, que expresaron su preocupación por el eventual ingreso de Uruguay al acuerdo. La asociación representa a 23 empresas de capitales nacionales y regionales instaladas en el país que producen aproximadamente 90% de los medicamentos que se consumen en Uruguay.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, el presidente de la organización, Alfredo Antía, advirtió que el ingreso al TCP implica que se va a “alivianar” la tarea de la oficina de propiedad intelectual nacional, “ofreciéndole la investigación ya realizada por las oficinas de los países centrales, que suelen ser amigables a los intereses de sus connacionales”. Recordó que la actual ley de patentes uruguaya “ha tomado todas las flexibilidades posibles” en relación con los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio. “Esas flexibilidades, que son esenciales para los países en desarrollo, están siendo cuestionadas por estos nuevos instrumentos, que vienen casi siempre de la mano de los tratados de libre comercio, que parecen ser la única salida. Ante esto nosotros entendemos que debemos estudiar con mucha profundidad dónde están las ventajas, dónde están las desventajas y dónde están los riesgos, porque aquí hay una industria en juego, una soberanía en materia de abastecimiento de medicamentos para el país”, sostuvo Antía. Agregó que el ingreso al TCP generará “dificultades para el desarrollo de los nuevos medicamentos”, porque se trata de una propuesta que va “más allá” de los acuerdos ADPIC y procura que las patentes salgan “prácticamente por vía automática”.
Antía informó que 73% de las patentes presentadas en Uruguay son farmacéuticas, y opinó que las empresas transnacionales pretenden con este acuerdo “inhibir la competencia” de la industria farmacéutica local.
En cambio, representantes de la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos, que asistieron el mismo día a la sesión de la comisión, se expresaron a favor del ingreso de Uruguay al TCP. Su presidente, Diego Paniagua, aseguró que el acuerdo es “una herramienta” que permite a las empresas que representa “seguir invirtiendo en ciencia y tecnología en Uruguay y hacer valer sus derechos de propiedad intelectual”. Gustavo Fischer, asesor de la cámara, aseguró que el TCP no afecta la soberanía de los países, ya que se mantiene la “independencia de los examinadores de cada oficina nacional de patente para aplicar los criterios de patentabilidad establecidos por la ley nacional”.
A la reunión anterior de la comisión, el 8 de junio, asistió José Antonio Villamil, encargado del área de derechos de autor del Ministerio de Educación y Cultura y ex encargado de patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, para referirse a las disposiciones en materia de propiedad intelectual del TLC con Chile. Villamil advirtió que, a diferencia del TLC de Uruguay con México, el tratado con Chile “contiene disposiciones que suponen aceptar niveles de protección de la propiedad intelectual superiores a los que los países en vías de desarrollo defienden en los foros internacionales”.
Peros
En la reunión de la comisión se preguntó si el organismo estaba en condiciones de votar un miembro informante del TLC con Chile, teniendo en cuenta que “existe interés por parte del Poder Ejecutivo” en su aprobación. En ese momento, la senadora frenteamplista Constanza Moreira manifestó que, antes de resolver el miembro informante, quería tener “una conversación” en la bancada del FA, porque la aprobación del TLC con Chile lleva de cierto modo atado el ingreso al TCP. Moreira dijo a la diaria que el TCP le parece “muy malo para los intereses de Uruguay” y que quiere que el FA tome “cartas en el asunto”. Explicó que ya planteó el tema ante la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de la coalición de izquierda, “pero sin mucho éxito”. “Esto lo impulsan los países que patentan. América Latina no comparte más que un porcentaje ínfimo de las patentes (menos de 3%). Tanto Villamil como Antía advirtieron que Uruguay se debilita con la firma de este acuerdo. ¿A quién le sirve este acuerdo? No a nosotros”, cuestionó, y preguntó por qué entonces el país se compromete a firmarlo.
La comisión de Asuntos Internacionales resolvió también invitar a la cancillería para responder estas inquietudes.