México ya es uno de los principales mercados para toda clase de
productos estadunidenses; aun así, el gobierno mexicano mantiene algunas
restricciones. Ahora, cuando se renegocia el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, las más poderosas corporaciones de Estados Unidos
han manifestado su deseo de que se eliminen esos obstáculos: quieren
vendernos todo sin cortapisas y quieren llevarse todo (nuestras materias
primas) del mismo modo. Así lo han hecho saber en la consulta pública
que la Oficina del Representante Comercial de ese país organizó del 23
de mayo al 12 de junio.
Por
Emilio Godoy.- CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mayor protección a la propiedad
intelectual, fomento a los transgénicos, apertura total en materia de
energía y tribunales supranacionales favorables a las corporaciones son
algunos de los temas que las grandes empresas trasnacionales quieren
incluir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
Esos temas han sido propuestos por las grandes compañías
manufactureras, del petróleo, gas, carbón, informáticas, internet y por
las cámaras empresariales en la consulta pública que la estadunidense
Oficina del Representante Comercial (USTR) organizó del 23 de mayo al 12
de junio y que captó más de 11 mil posturas de individuos, académicos,
corporaciones, organizaciones ambientalistas y sindicatos sobre 17
asuntos ligados con el TLCAN.
Además, el 27 de junio se llevó a cabo una prolongada audiencia sobre
esos temas en la sede de la Comisión Internacional de Comercio, en
Washington, a la cual acudieron representantes de esas compañías y
organizaciones para plantear sus posiciones.
En esencia proponen el trasvase a la nueva versión del TLCAN del
polémico y hasta ahora fallido Acuerdo Transpacífico de Asociación para
la Cooperación Económica (TPP).
Por ejemplo, John Murphy, vicepresidente senior para Política
Internacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pidió en su
propuesta ante la USTR que el acuerdo garantice que el comercio de
hidrocarburos, incluyendo gas natural, petróleo crudo y productos
refinados, no será limitado por cuotas o tarifas de exportación o
importación.
“Los socios deben acordar la facilitación del desarrollo de
interconexiones trasfronterizas seguras para electricidad e
hidrocarburos”, para los cuales el TLCAN debe respaldar regulaciones
basadas en “las mejores prácticas disponibles”, una referencia indirecta
al empleo de la fractura hidráulica –fracking–, técnica usada para
extraer gas de esquisto o shale de rocas a gran profundidad y que
requiere la inyección de masivos volúmenes de agua y químicos.
La Cámara de Comercio, que agrupa más de 3 millones de empresas de
todos los tamaños y sectores, ha sido señalada por privilegiar los
intereses de las empresas petroleras y farmacéuticas.
Otro grupo de presión, el Instituto Estadunidense del Petróleo (API),
externó ante la oficina comercial su respaldo a la apertura total del
mercado de los hidrocarburos.
El 12 de junio, Kyle Isakower, vicepresidente de Política Económica y
Regulatoria del API, envió a la USTR una carta en la que pide la
liberalización automática de las exportaciones de gas natural a Canadá y
México.
“La alta integración e interdependencia energética de América del
Norte favorece a Estados Unidos, al expandir el tamaño del mercado, y
fortifica su seguridad energética, al darle un mercado de exportación”,
argumenta el grupo, que aglutina a petroleras como ExxonMobil, BP,
Chevron y Total.
El TLCAN le permite a las empresas de Estados Unidos competir y ganar
subastas de petróleo y gas natural en México, al que ha convertido en
un mercado de exportación clave para gas natural y productos refinados.
El tratado, asegura, apuntala y facilita a las empresas de Estados
Unidos y miembros del API el acceso al nuevo mercado mexicano de
hidrocarburos.
La reforma energética activó una cláusula especial del TLCAN que
permite el mismo trato a los inversionistas estadunidenses que a los
mexicanos para el acceso al mercado nacional, lo cual otorga a las
compañías estadunidenses “una ventaja competitiva”.
Vía gasoductos, Estados Unidos vende a México mil 360 millones de
pies cúbicos de gas diarios, su mayor comprador. Además, envía 270
millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado, su segundo
mayor destino después de Chile, y 879 mil barriles diarios de productos
refinados, 19% de las exportaciones estadunidenses.
Chevron tampoco se quedó atrás en sus demandas. En su planteamiento
del 14 de junio, Maria Pica Karp, vicepresidente y gerente general de
Asuntos Gubernamentales de la petrolera, solicitó mantener la apertura
en el nuevo acuerdo y la liberalización comercial para el gas natural,
acceso a mercados y protección a la inversión.
Por su parte, Jeffrey Donald, vicepresidente senior del Consejo de
Negocios para el Entendimiento Internacional (BCIU) –que agrupa a
empresas como la acerera Alcoa, Citi, Coca-Cola y la farmacéutica
Pfizer–, demandó el 17 de junio políticas sobre inversión en el sector
energético y el libre flujo de electricidad, petróleo, gas, derivados y
petroquímicos.
La conservadora Fundación Heritage también se manifestó por abrir el
mercado energético estadunidense. En una misiva que envió a la USTR el
13 de junio, Bryan Riley, analista de políticas de esa organización,
sugiere mantener la apertura al capital privado de los segmentos
petrolero, gasero y eléctrico en la nueva versión del TLCAN.
Mientras el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo las consultas
públicas, la Secretaría de Economía de México apenas creó el pasado 26
de junio una página web para recibir comentarios durante un plazo de un
mes, pero sin claridad sobre su apertura al público. Previamente, el
gobierno sostuvo consultas entre el 1 de febrero y el 3 de mayo con las
cámaras empresariales, sin acercamientos con la sociedad civil.
Nuevos temas, otros intereses
Las corporaciones también buscan mayores cláusulas de protección de la propiedad intelectual.
Ray McAllister, director de Política Regulatoria de CropLife America,
urgió el 12 de junio a México a cumplir con su obligación bajo el TLCAN
de reconocer 10 años de protección a los datos que respaldan el
registro de pesticidas, y solicitó a Estados Unidos privilegiar el tema.
Esta organización, que aglutina a Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y
Syngenta, pide también una mayor armonización de los requerimientos de
datos para el registro de pesticidas y “enfoques innovadores” para
establecer niveles máximos de residuos para agrotóxicos en alimentos
importados; es decir, regulaciones más laxas con el propósito de que no
se obstruya el flujo de productos agrícolas.
La Cámara de Comercio señala que México no ha aplicado completamente
las provisiones de protección de datos relativos a productos
farmacéuticos y no cumple con el estándar de la ley estadunidense de 12
años de protección para los datos de productos biológicos, por lo cual
recomienda lapsos de protección para compensar la pérdida de patentes y
retrasos en su aprobación.
El BCIU plantea salvaguardias y mayor fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual.
La Mesa de Negocios, una asociación que incluye a empresas como
Bayer, Apple, AT&T, Anadarko Petroleum, American Airlines, 21st.
Century Fox, Boeing, Cisco, Coca-Cola y Honeywell, reclamó el 12 de
junio fortalecer el resguardo de la propiedad intelectual.
El sector agrícola también pide ampliar el mercado. Por ejemplo, el
de la papa. En su carta al USTR del 9 de junio, John Keeling,
vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Papa, denunció que
esa industria enfrenta restricciones sanitarias y fitosanitarias para
ingresar a México debido a la presencia de plagas, ante lo cual propone
un esquema mejorado de esas reglas, como aparece en el TPP.
México es el segundo mayor receptor de papas fritas y el tercero del
tubérculo en general. Las ventas a Canadá y México con un mercado
totalmente abierto podrían generar 200 millones de dólares adicionales.
Mientras, la Cámara de Comercio, el BCIU, la Mesa de Negocios, la
Asociación de Internet (AI) y el Consejo de la Industria de Tecnologías
de Información (ITI) proponen el libre flujo de datos a través de las
fronteras, la prohibición de la localización nacional de servidores y el
fomento al comercio electrónico mediante la eliminación de
restricciones, tarifas, impuestos y cuotas sobre todos los productos
tecnológicos.
La AI reúne a corporaciones como Airbnb, Amazon, Ebay, Facebook,
Google, Microsoft, Netflix, PayPal y Uber, mientras que el ITI, a
Microsoft, Motorola, Oracle, Samsung y Twitter.
Pero la oposición a esas posturas también ha hecho su aparición en las consultas públicas.
El 27 de junio 16 coaliciones de organizaciones no gubernamentales
entregaron una petición con 100 mil firmas para sustituir “el modelo
corporativo” del TLCAN.
“El gobierno pretende que la base de la negociación sea el TPP. Todas
las declaraciones del gobierno sugieren que todas las protecciones
corporativas del TPP van al TLCAN y son extremadamente preocupantes”,
dice a Proceso Ben Beachy, director de Comercio Responsable de Sierra
Club, una de las mayores organizaciones ecologistas de Estados Unidos.
El activista recordó que “hemos visto dos décadas de degradación de
derechos ambientales y laborales” por el TLCAN, por lo cual pide “un
enfoque radicalmente diferente” al comercio, que “priorice a la gente y a
nuestro planeta y no a las ganancias corporativas”.
