Diego Hernández Nilson.-brecha.com.uy
El avance hacia un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la
Unión Europea (UE) tuvo esta semana un nuevo impulso, en el marco de las
negociaciones que ambos bloques mantienen en Asunción.
Por fin los dos
han hecho algunas de las concesiones más importantes reclamadas por su
contraparte en relación con el comercio de bienes. En cuanto a las
pretensiones de Uruguay, la UE habría aceptado el ingreso de un cupo de
160 mil toneladas anuales de carne bovina eximidas del pago de aranceles
(inicialmente el Mercosur pretendía 390 mil, frente las 70 mil
ofertadas por la UE). También se estaría próximo a acordar el ingreso a
la UE de 45 mil toneladas de arroz con arancel reducido. Por el otro
lado, las ambiciosas exigencias de Argentina y Brasil para la protección
de sus sectores automotores parecen haber sido sorteadas.
El comunicado de los industriales. Estos compromisos a priori
permitirían un moderado optimismo sobre las posibilidades que el
acuerdo brindaría para mejorar la inserción internacional de Uruguay.
Sin embargo, paralelamente a que las expectativas acerca de la
concreción de un Tlc interregional se tornan más probables, desde la
sociedad civil aparecen nuevas voces cuestionando los puntos acordados.
Entre las diversas reacciones se destaca la declaración emitida por
el Consejo Industrial del Mercosur, integrado por las cámaras de
industria de los cuatro países fundadores del bloque. Este documento
permite observar cómo la desconfianza en torno al pacto no está
solamente asociada a las condiciones que el acuerdo prevé para el
intercambio de bienes, sino que abarca también una serie de temas de la
llamada “nueva agenda” de liberalización comercial, sobre los que la UE
está insistiendo fuertemente. Esta nueva agenda amplía en diversas
modalidades de comercio la agenda tradicional sobre la que se suele
pensar la liberalización en el intercambio de bienes (generalmente
bienes primarios e intensivos en mano de obra, que históricamente
caracterizan al intercambio centro-periferia).
El comunicado comienza subrayando el compromiso de los industriales
con el proceso de integración entre ambos bloques, pero luego consigna
tres tipos de reivindicaciones: demandas sobre las condiciones de la
negociación, demandas sobre la preservación de herramientas del Mercosur
y demandas sobre la no inclusión de medidas propuestas por la UE (que
en el documento figuran junto con las anteriores).
Las demandas del primer tipo pasan por reclamos de transparencia, así
como plazos y condiciones para la reconversión de sectores
negativamente afectados. Mientras que este es un punto tradicional de
los acuerdos comerciales, la cuestión de la transparencia es un tema que
alcanzó especial visibilidad durante la negociación del Ttip entre la
UE y Estados Unidos, cuando algunos eurodiputados reclamaron por las
limitadas condiciones en las que podían acceder a los borradores del
acuerdo. Sin embargo, en el caso del Mercosur, el problema va más allá
de esta nueva modalidad, trayendo a colación el déficit histórico del
bloque con las formas de representación de la sociedad civil en el
ámbito regional.
El segundo conjunto de demandas, relativas al mantenimiento de
herramientas ya existentes en el bloque, incluye la extensión del
período de desgravación de las canastas de bienes, la inclusión de una
cláusula de desarrollo industrial (que ya fue introducida por Brasil en
una oferta presentada por el Mercosur a la UE en 2001), la continuidad
de regímenes de drawback (que permiten la devolución de
aranceles pagados por componentes para exportaciones), el mantenimiento
de limitaciones a bienes re-manufacturados (evitar que nos exporten
basura) y las restricciones al acceso de empresas extranjeras al mercado
de compras y contrataciones públicas. La mayor parte de estas demandas
responden a temas de comercio tradicional y es lógico que sean
destacadas por los sectores industriales del Mercosur.
No obstante, aparece también aquí el tema de las compras estatales,
uno de los puntos centrales de la nueva agenda liberalizadora, desde la
entrada en vigor en 2014 del acuerdo plurilateral revisado de compras
gubernamentales (Agreement on Government Procurement), del que
son parte la UE, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Japón y Corea del Sur.
Vale aclarar que el punto no se ciñe a la compra de bienes, sino que
incluye la contratación de servicios por parte de los estados.
Por último, con relación a temas sensibles para la UE, la declaración
reclama la ampliación de cuotas de importación europeas, la remoción de
tarifas intracuotas, la eliminación de subsidios agrícolas, la
limitación de la protección bajo indicaciones de origen, y el rechazo a
la extensión de patentes y protección de los datos. Nuevamente, aquí la
mayor parte de temas corresponden a la agenda tradicional. Entre éstos
se destaca el avance logrado en torno a las cuotas de importación,
mientras que los reclamos relativos a los subsidios parecen difícilmente
atendibles por la UE.
Sin embargo, los últimos puntos refieren directamente a temas de
propiedad intelectual. En este marco, la UE es uno de los mayores
impulsores de acuerdos que contemplen el criterio Trip-plus, que prevé
duración y condiciones de protección de derechos de patentes más
rigurosas que los acuerdos de la Omc, lo que supone un riesgo para las
industrias farmacéuticas de la región, así como para las políticas de
salud pública que contemplan la producción de medicamentos genéricos en
países como Brasil. (Este tema generó grandes asperezas durante la ronda
de negociaciones mantenida en octubre en Brasilia. Pueden encontrarse
muchos artículos críticos al respecto en la web de Médicos Sin
Fronteras.)
OTRAS REGLAS DE JUEGO. Cabe así diferenciar aquí dos
conjuntos de temas. Por un lado, está la “vieja agenda comercial”, con
temas correspondientes al comercio tradicional de bienes, que son los
que más parecen preocupar al Mercosur y sobre los que más se ha
informado. Por otro lado, hay una “nueva agenda” con algunos temas cuyas
consecuencias pueden ser tanto o más importantes, pero que en ocasiones
puede resultarnos difícil percibir debido a su carácter novedoso
(comercio electrónico, comercio de servicios, propiedad intelectual).
Poco se sabe sobre las condiciones en que se están negociando los
puntos de esta nueva agenda. Sin embargo, es difícil ser optimista.
Basta considerar que el impulso actual de estas negociaciones
Mercosur-UE, luego de tantos años de estancamiento, tal vez no responde
sólo a los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, sino también a la
renovada dinámica que asumió en 2017 la agenda externa de la UE,
coincidiendo con el triunfo de Donald Trump. El abandono del presidente
estadounidense de las negociaciones del Ttip hizo que durante el año
pasado la UE se moviera rápidamente, no sólo retomando las negociaciones
del Tlc con el Mercosur, sino que también implicó la concreción de un
Tlc con Japón y la renegociación del que la UE tenía con México, ambos
apuntando a esta “nueva agenda comercial”.
De esta forma, las 90 mil toneladas más de carne concedidas al
Mercosur luego de varias rondas de negociaciones tal vez sólo sean el
precio que la UE tuvo que pagar para mantener viva la nueva agenda
liberalizadora (que corre el riesgo de desbarrancar entre el
proteccionismo de Trump y la agresiva política comercial china) e
incluir a todo un subcontinente en las nuevas reglas de juego para el
capital.
* Esta es la primera de una serie de columnas mensuales del
Observatorio de Política Exterior Uruguaya de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Udelar.
