¿La propiedad intelectual es la mejor manera de proteger la creación
de productos biotecnológicos? ¿Deberían ser patentables organismos como
las semillas? En medio de la crisis del sector agropecuario, el Gobierno
ha decidido retomar una discusión que lleva décadas de controversias
con el objetivo de modificar la legislación vigente.
Por Vanina Lombardi
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Agencia TSS – Esta semana comenzó
formalmente el debate en el Congreso sobre un nuevo régimen de
promoción de la producción y comercialización de semillas y creaciones
fitogenéticas, con el objetivo de modificar la norma vigente sobre
semillas. Hay cinco proyectos de ley: tres del oficialismo (propuestos
por Cornelia Schmidt Liermann; Alejandro Echegaray, Alcira Terada y Orieta Vera Gonzalez); uno del diputado santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), y otro elaborado por la Federación Agraria Argentina (FAA).
Las semillas son imprescindibles para la producción de alimentos.
Algunos las consideran patrimonio de la humanidad y para otros son
insumos productivos o el producto final a comercializar. También son
utilizadas como objeto de estudio, para investigarlas, modificarlas y
agregarles características diferenciales acordes con los cambios
climáticos o para enfrentar plagas en un determinado territorio. Por
todo eso, la propiedad de las semillas genera intereses contrapuestos.
“En la genética de la semilla está condicionado cuándo se siembra,
cuándo se cosecha y qué agroquímico necesitamos. Condiciona todo el modo
de producción, no es casual que las empresas de agroquímicos hayan
comprado a las semilleras para garantizar su negocio. Además, tiene que
ver con el producto final, con los alimentos y con nuestra salud”,
explica Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
(FAUBA), durante una audiencia pública que se desarrolló a principios
de mes en el Congreso de la Nación, en la que representantes de más de
treinta organizaciones civiles, sociales y de productores, incluida la
FAA, expusieron sus preocupaciones con respecto de lo que podría
significar una nueva regulación para la producción de alimentos en la
Argentina.
En medio del contexto conflictivo que atraviesa el sector
agropecuario, en el que se entrecruzan la eliminación del Ministerio de
Agroindustria, los despidos masivos en esa entidad –en particular en la hasta hace unas semanas Secretaría de Agricultura Familiar
(SAF)– la vuelta de las retenciones a las exportaciones, la eliminación
de programas destinados al desarrollo rural y la caída del consumo, el
Gobierno haya decidido retomar una discusión que lleva al menos dos
décadas de controversias con el objetivo de modificar la Ley de Semillas (20.247),
promulgada en 1973, cuando las que se usaban en el país eran
principalmente híbridas y la ciencia todavía no había estandarizado
métodos para agregar partes de otros organismos dentro de ellas, algo
que hoy se conoce como “evento” tecnológico y que en el país es pasible
de ser patentado según la Ley de Patentes 24.481
(vigente desde mediados de los noventa, cuando ingresaron al país las
primeras semillas de soja transgénica, que cambiaron radicalmente el
modelo agrario local).
La Comisión de Agricultura de Diputados había intentado retomar este
debate a fines de agosto y, desde entonces, han sido reiteradas las
protestas en forma de semillazos, radios públicas y ferias de
productores en distintas ciudades del país en contra del avance de la
que fue bautizada como “Ley Monsanto/Bayer de semillas”, que
beneficiaría a unas pocas empresas multinacionales.
“Un argumento muy fuerte de por qué es necesario cambiar la ley es
que es antigua y que se generaron muchas tecnologías genéticas desde que
se promulgó, pero en los proyectos que se están evaluando no se habla
de ninguna tecnología ni se hace un análisis de qué tecnologías incluir o
no, y cuál o cuáles favorecerían al país para su desarrollo”, dice
Scharuf, y ejemplifica: “Hoy hay transgénesis y edición génica, pero
también hay técnicas tradicionales como los injertos, que sabemos que
influyen genéticamente y pueden implicar algo muy novedoso que estamos
redescubriendo, que es la epigenética”.
Además, los “eventos” patentables en la actualidad suelen ser muy
costosos y por eso son restrictivos a unas pocas empresas
biotecnológicas que pueden llevar adelante esos desarrollos. “Hay una
apuesta de que son las empresas las que van a desarrollar eso, pero
hasta las mismas empresas han tomado desarrollos de las universidades.
Si queremos desarrollar el conocimiento y tener una ley que lo
favorezca, lo primero que hay que hacer es no cerrar el Ministerio de
Ciencia y Tecnología”, dice Schrauf y agrega que “este proyecto suena a
engaño”, entre otras cosa porque, al mismo tiempo en que se plantea que
el Instituto Nacional de Semillas (INASE) tenga un rol central, se expanden los rumores de posibles despidos en esa institución.
Hecha la ley, hecha la trampa
Las empresas que han patentado semillas, como Monsanto (hoy Bayer) no
se conforman con cobrar regalías por la propiedad intelectual al
momento de vender esos insumos. También quieren cobrarlas sobre las
semillas cosechadas y para eso han agregado lo que se conoce como
“cláusula Monsanto” en los contratos particulares que establecen con los
productores. Así, quien quiere cultivar soja, por ejemplo, debe pagar
regalías al comprar las semillas que contienen el evento transgénico
(que también son granos, según el uso que se les quiera dar) y, de
acuerdo con ese contrato, también deberán pagar por el evento
transgénico cuando quieran vender la oleaginosa cosechada.
“Si esa cláusula es válida, no discutamos la ley de semillas ni las
patentes, porque ya rige la ley Monsanto”, afirma el especialista Aldo
Casella, uno de los autores del proyecto de ley propuesto por la FAA, y
afirma que en el seno de esa organización han propuesto, como elemento
de negociación, que las grandes compañías que dicen no poder cobrar sus
regalías lo hagan solo con los productores que entregan más de 1500
toneladas de soja y trigo, ya que de acuerdo con las estadísticas el 70%
de esa producción, especialmente de soja, es producida por el 15% de
los productores. “Por lo tanto, acuerden con ellos pero no consideren
como excepción al pequeño productor”, dice.
Con esta afirmación, el especialista se refiere a una de las
cuestiones centrales de esta controversia: el denominado derecho del
obtentor, que hoy tienen todos los productores, de conservar semillas de
sus cosechas para uso propio. Quienes defienden la denominada Ley
Monsanto/Bayer de semillas pretenden que ese derecho se transforme en
excepción, con lo cual los productores podrían ser criminalizados si
continúan llevando a cabo esta práctica habitual y muy antigua de los
agricultores (incluido el intercambio de semillas).
“Cualquier derecho que tenga el agricultor de uso de semilla propia
estaría condicionado si dentro de esa variedad hay una patente. Por eso,
en el proyecto de ley –de la FAA– se establece que ningún derecho de
patente puede obstaculizar el derecho del agricultor al uso de las
semillas”, agrega Casella y recuerda que la normativa actual está
adherida a una internacional denominada UPOV del año 1978, que preserva
ese derecho. Pero eso también está en riesgo de ser modificado por
acuerdos con países que presionan para imponer la adopción de UPOV del
año 1991, que establece que el titular de una variedad tiene derechos
exclusivo de realizar cualquier acto con el material de reproducción de
la variedad y, por lo tanto, todos quedan sujetos a la autorización del
dueño sobre cómo usar la semilla.
“Hay un derecho propio de quienes han cultivado y promovido el
desarrollo de especies domesticadas para uso humano, pero además hay un
bagaje de germoplasma que tiene que ser preservado como potestad de los
estados nacional y provinciales, acorde con lo que prescribe la Nación.
Si dejamos espacios grises ocurre lo que hoy está pasando, que alguien
captura rentas de algo que no está totalmente definido”, agrega el diputado formoseño por el FPV-PJ Luis Basterra, vicepresidente primero de la Comisión de Agricultura,
y propone que la ley “tenga claramente definido el concepto de recursos
genéticos y sus derivados, tal como se encuentran en la naturaleza o en
estado aislado, que no deben considerarse como inversión y por lo tanto
no se podrán otorgar derechos de patentes”.
Al respecto, la bióloga Verónica Lozano, representante del Movimiento
Nacional Campesino Indígena/Vía Campesina, recuerda incluir en la
discusión al “sujeto verdadero” del fitomejorador, que de algún modo ha
pasado a las empresas pero “todos sabemos que eso no es así, que cada
una de las semillas tiene el trabajo colectivo de familias y mujeres,
por miles de milenios. No permitamos la invisibilización ni la
criminalización de ese sujeto: las semillas son producto del trabajo
colectivo, por eso decimos que son patrimonio de la humanidad y nos
proclamamos sus guardianes”, subraya.
“Hace mucho tiempo que los agricultores mantenemos las semillas,
siempre estuvieron en nuestras manos y ahora quieren privatizarlas,
modificándolas o haciéndoles cambios, y eso nos afecta mucho”, coincide
Mariza Puma, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra
(UTT). Y concluye: “En la UTT somos pequeños productores de origen
boliviano que hemos empezado a recuperar las semillas de nuestros
padres y abuelos. Fue una herencia que nos dejaron y que queremos
dejarle a nuestros hijos, no a empresas multinacionales”.
