Sergio Silva Numa / @SergioSilva03.- Dentro del complejo mundo de la salud pública hay un asunto que cada
vez se ha vuelto más relevante en las discusiones globales: el acceso a
los medicamentos. La necesidad de tener tratamientos para hacer frente a
complejas enfermedades es algo que año tras año se discute con más
intensidad en escenarios globales. ¿Cómo encontrar caminos para que el
acceso sea equitativo? ¿Cómo garantizar que los países en desarrollo
puedan tener nuevos e innovadores fármacos sin que tambaleen sus
finanzas? (Lea: Estos son los medicamentos más caros y más vendidos en Colombia)
Carlos María Correa es abogado y economista y lleva muchos años
estudiando las respuestas a estos interrogantes. Su especialidad es un
área clave a la hora de hablar de fármacos, acceso y dinero: las
patentes y la propiedad intelectual. Doctor en derecho y profesor
visitante de varias universidades, ha sido consultor en distintos
organismos, como la Fundación Rockefeller y el Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido. También ha sido miembro de la
Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud
Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Cuadro de
Expertos Eminentes sobre la Ética en la Alimentación y la Agricultura de
la FAO.
El pasado julio, Correa asumió la dirección de una entidad
intergubernamental que busca defender y asesorar a los países en
desarrollo en tan complejas discusiones globales: el South Centre. Con
sede en Ginebra (Suiza), desde 1995 ha intentado que el llamado Sur
Global camine en un mismo sentido en varios asuntos. Gobernanza, cambio
climático, propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos
son algunos de los puntos de su agenda. (Puede leer: Invima lanza campaña para apoyar (y desmitificar) el uso de medicamentos genéricos)
Hace unos días, Correa estuvo en Colombia. El Espectador conversó con él.
Históricamente, el Sur Global ha estado en una posición poco
privilegiada respecto al Norte. ¿En qué aspectos o áreas aún prevalece
esa situación de desigualdad?
Indudablemente, los países del Norte dominan los mercados
internacionales. Tienen un gran peso en las organizaciones
internacionales y hay una asimetría en la capacidad de negociación entre
los países del Norte y el Sur. Aunque hoy tres de las mayores economías
del mundo son de países en desarrollo (China, India y Brasil), esto
todavía no se refleja de una manera concreta en que los países en
desarrollo actúen de una manera coherente en, por ejemplo, la forma de
pensar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es una función del
South Centre: fortalecer la capacidad para que los intereses de estos
países sean escuchados en escenarios internacionales.
Desde hace mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de la
unión entre los países del Sur, pero parece una tarea difícil de lograr.
¿Por qué nos ha costado tanto trabajo caminar en un mismo sentido?
Es cierto. Se debe apuntar a la unidad de los países en desarrollo
entendiendo que hay una gran diversidad, que hay países con diversos
niveles de desarrollo y distintos intereses económicos y sociales. Esa
es una realidad con la cual debemos convivir. El objetivo es encontrar
los comunes denominadores. Es lo ideal. Así los países pueden actuar en
conjunto sin ignorar que esas diferencias existen.
Hay un asunto que cada vez más es objeto de discusión en los
debates globales: el sistema internacional de patentes. Parece ser poco
benévolo con los países de medianos y bajos ingresos…
Efectivamente. El sistema de patentes, tal y como se ha desarrollado en
los últimos años, establece una serie de normas que restringen la
capacidad de los países, especialmente de los que son miembros de la
Organización Mundial del Comercio, de definir sus propias políticas.
Esto puede tener efectos muy perjudiciales en el campo de la salud. En
la medida en que la patente crea monopolio y el monopolio permite al
titular fijar los precios, esto puede conducir a una falta de acceso a
los medicamentos. Incluso deja a los gobiernos sin capacidad de
suministrar esos tratamientos. Hay cierto margen para trabajar esto,
utilizando lo que denominamos flexibilidades del acuerdo internacional
de propiedad intelectual. Por ejemplo, un camino es definir de manera
muy rigurosa los criterios para otorgar una patente, de manera que se dé
solamente cuando hay una innovación tecnológica genuina y no cuando
haya desarrollos menores o triviales que manifiestan más bien una
estrategia comercial de las empresas que una verdadera contribución a la
salud pública.
En los últimos años, Colombia, desde el Gobierno y la sociedad
civil, ha hecho esfuerzos por garantizar mayor acceso a medicamentos.
¿Qué cree que ha hecho bien y qué mal?
Colombia ha hecho bien en usar herramientas que son totalmente
legítimas y favorecen el acceso a medicamentos, como las llamadas
licencias obligatorias, que están previstas en tratados internacionales.
Paradójicamente, incluso en Estados Unidos, se han utilizado de manera
muy frecuente. Lo que ha hecho Colombia es legítimo y permitido. Lo que
tal vez ha faltado es una concreción de esas iniciativas. En los tres
casos que conozco de iniciativas para otorgar licencias obligatorias, no
se han concedido. Han sido el resultado de presiones que ha recibido el
Gobierno y que, creo, son indebidas.
¿Ha visto que este tipo de presiones se repliquen en algún otro país?
En algunos países ha sucedido, como en el caso de Tailandia. Pero,
curiosamente, eEn América Latina, aun en Ecuador, que otorgó nueve
licencias obligatorias, no hay evidencia de que un país haya sufrido
presiones de ese tipo. No hay indicios de que esto haya pasado. Puede
explicarse por el hecho de que en Ecuador había una decisión tomada de
la más alta autoridad política: el presidente, de forma que no había
terreno para presionar sus decisiones.
¿Cuál país cree que es un buen ejemplo en la garantía de acceso a los medicamentos?
Hay ejemplos en países en desarrollo y países desarrollados. Brasil
otorgó licencias obligatorias en productos para el VIH. En Ecuador, como
dije, se otorgaron varias licencias. También lo hicieron la India e
Indonesia para promover el acceso a medicamentos a precios más bajos. En
Estados Unidos hay muchos casos de licencias obligatorias concedidas,
ya sea por la administración o por los tribunales. Los dos casos más
recientes de licencias obligatorias tuvieron lugar en Alemania y Rusia,
ambas relacionadas con medicamentos. En ninguno de esos casos se sabe
que haya habido una presión equivalente a la que ha sufrido Colombia.
Si tuviera la oportunidad de darle un consejo al llamado “big pharma”, ¿cuál sería?
Que respete el derecho internacional, que respete el derecho de la
gente a la salud, que es un derecho fundamental, que se someta a las
reglas y que admita que los países tienen una soberanía regulatoria, que
deben ejercer para cumplir con sus objetivos en el campo de la salud
pública.
En América Latina hay un nuevo escenario político. Ha habido un
giro hacia la derecha. ¿De qué manera cree que eso puede influir en las
discusiones sobre el acceso a medicamentos?
Naturalmente puede haber una influencia en la forma como estos temas se
tratan, pero me parece que, independientemente de los enfoques
políticos de los gobiernos, hay una coincidencia en que este es un tema
donde están en juego intereses vitales y en donde los países están
respaldados por el derecho internacional. Tengo la expectativa de que
aun en los países donde puede haber una perspectiva política diferente,
estas herramientas que tienen que ver con la protección de los derechos
humanos se mantenga.
