prnoticias.- El Consejo de Ministros celebrado la semana pasada en Barcelona no
sólo dejó la noticia del aumento del salario mínimo interprofesional
sino que también aprobó un Real Decreto-ley que modificaba la ley de marcas a fin de igualarla a la directiva europea.
Esta decisión del Gobierno permitirá facilitar el registro de marcas,
agilizar los trámites correspondientes y luchar de una forma más eficaz
contra las falsificaciones.
El Real Decreto-ley modifica parcialmente la Ley de Marcas 17/2001 y
una de sus principales novedades será la posibilidad de registrar una
marca en cualquier formato (sonoro, holograma, vídeo, gráfico…) siempre
que se pueda determinar claramente el objeto de protección que se otorga
al titular; anteriormente, se obligaba a los interesados a representar
gráficamente la marca. Además, la modificación de la ley permitirá a
cualquier persona física o jurídica, sin importar su nacionalidad o
residencia, el registro de marcas o nombres comerciales.
El Gobierno considera fundamental la protección contra la piratería
puesto que las empresas titulares de marcas en nuestro país aportan el
40% del PIB, el 41% del empleo, el 45% de las exportaciones y el 55% de
la inversión en I+D+i. Por esta razón, entre los cambios incluidos por
el Real Decreto-ley, se relata que el titular de una marca registrada
podrá ejercitar sus derechos contra mercancías procedentes de terceros
países que, aún sin haber sido comercializados, incluyan un signo
idéntico o virtualmente idéntico a la marca registrada.
Desaparece la ‘marca notoria’
Asimismo, desaparece el concepto ‘marca notoria’ y se recoge una
categoría única: marca o nombre comercial ‘renombrado’. De esta forma,
se entenderá por ‘marca de renombre’ aquella que sea conocida por una
parte significativa del público interesado en los productos o servicios.
Respecto al procedimiento, queda regulado de una forma detallada la
legitimación para formular oposición al registro de una marca y también
se disminuyen los trámites para su renovación. Además, el Gobierno ha
querido dar un poder mayor a la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM); esta institución tendrá la competencia para declarar las causas
de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos
procesos.
