redaccionmedica.- La Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia) ha mostrado su preocupación por la regulación que prepara la Unión Europa en materia de propiedad intelectual y que supondría el fin de la fabricación del certificado de protección complementario (SPC), una herramienta legal que permite a muchas farmacéuticas poder extender la patente de sus productos hasta cinco años más. En concreto, Efpia ha hecho cuatro peticiones a Europa sobre la nueva regulación al respecto.
Consideran que esta regulación “no debe aplicarse con carácter retroactivo” y que “impida el almacenamiento de medicamentos genéricos o biosimilares mientras el medicamento innovador permanece bajo la protección del SPC”.
Además, la industria farmacéutica europea pide que se desarrolle “unsistema de notificación efectivo y transparente” y unas “medidas de etiquetado eficaces que impidan que los productos fabricados para ser exportados sean redirigidos al mercado de la Unión Europea antes de que expire el certificado SPC“.
La industria farmacéutica innovadora representada por Efpia también afirma estar “muy preocupada por la tendencia a no conceder un período de transición realista para la aplicación de la regulación” y pide a los responsables políticos que “consideren lo que está en juego”.
Además, la industria farmacéutica europea pide que se desarrolle “unsistema de notificación efectivo y transparente” y unas “medidas de etiquetado eficaces que impidan que los productos fabricados para ser exportados sean redirigidos al mercado de la Unión Europea antes de que expire el certificado SPC“.
Coste laboral de la normativa
Efpia también ha advertido de que esta regulación va a “costar puestos de trabajo en tareas de investigación y desarrollo de alto valor en Europa”. “Sin duda, el borrador del reglamento envía una señal al mundo de que Europa debilita los incentivos a la innovación“, señalan.La industria farmacéutica innovadora representada por Efpia también afirma estar “muy preocupada por la tendencia a no conceder un período de transición realista para la aplicación de la regulación” y pide a los responsables políticos que “consideren lo que está en juego”.
