swissinfo.ch.- El Tribunal Supremo en China se ocupará, por primera vez, de los
casos sobre propiedad intelectual, anunció el gobierno, una cuestión que
está en el centro de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
El
vicepresidente del Tribunal Supremo Luo Dongchuan indicó el sábado que a
partir del comienzo de 2019, esta corte se encargará de las apelaciones
sobre casos de derecho de propiedad intelectual, según la agencia
oficial Xinhua. Estos casos antes eran juzgados por los altos tribunales
provinciales.
Esta decisión "contribuirá a evitar la
irregularidad de las demandas judiciales y a mejorar la calidad y
eficacia de los procesos", detalló Luo.
En 2017, los
tribunales chinos trataron en total 213.480 casos sobre robos de
propiedad intelectual, es decir un 40% más que en 2016, según Xinhua.
Washington
y Pekín intentan actualmente encontrar una salida negociada a su guerra
comercial, que creó preocupaciones en los mercados mundiales.
Ambos
países se sumieron en una guerra comercial despiadada con un alza de
los aranceles sobre productos de un valor de más de 300.000 millones de
dólares en total, pero sus dirigentes lograron en diciembre, durante la
cumbre del G20 en Argentina, una tregua de 90 días para negociar.
Durante
mucho tiempo, Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, criticó a
China su laxismo en la protección de los derechos de propiedad
intelectual. La transferencia forzada de tecnología fue otro motivo de
discordia para las compañías extranjeras en China.
China
prevé una serie de medidas para evitar el robo de propiedad intelectual,
en particular la protección de patentes, de marcas registradas o de
derechos de autor.
La ley relativa a las patentes fue modificada, multiplicando por cinco el monto de las indemnizaciones.
Otro
proyecto de ley examinado en el parlamento da a las víctimas de robo de
propiedad intelectual el derecho a reclamar por daños y prejuicios.
El
parlamento examina también una nueva ley que rige las inversiones
extranjeras, que impediría la transferencia forzada de tecnología y
acordaría a las empresas extranjeras los mismos derechos que a las
compañías chinas.
