El
gabinete presidencial, un grupo que facilita negocios para las empresas
y sectores con los que está vinculado desde antes del poder.
Por Miguel Jorquera
Una marca registrada PRO
El
presidente Mauricio Macri atribuyó a los “conflictos” sindicales y
sociales la demora del largamente anunciada arribo de “inversiones”
extranjeras. Mientras tanto, los conflictos de intereses son la marca
registrada en muchos de los negocios que generaron las decisiones
presidenciales y de funcionarios de primer nivel del gobierno de
Cambiemos, pasando por ministros y secretarios de Estado. Un
revelamiento realizado por el bloque de diputados nacionales del Frente
para la Victoria (FpV-PJ), detalla los casos en que el propio Macri y 40
de sus funcionarios favorecieron a las empresas del holding familiar
del Presidente y de las compañías que dirigieron antes de desembarcar a
la función pública. Macri y 20 de ellos ya están imputados en distintas
causas judiciales donde se investigan los delitos de negociaciones
incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de
influencias y uso de información privilegiada. La Oficina Anticorrupción
tiene aún pendiente las resoluciones sobre 80 funcionarios señalados
con ese tipo de “incompatibilidades”.
La
lista de macristas con conflictos de intereses la encabeza el propio
Presidente con los casos más resonantes, pero la misma es extensa y con
causas y acciones poco difundidas y hasta desconocidas que favorecen a
distintas compañías con decisiones adoptadas en distintas áreas de
gobierno y organismos de control.
En familia
Macri está imputado entres causas penales por favorecer a las
empresas de su grupo familiar. El acuerdo judicial que selló con la
empresa Correo Argentino SA, que significaba una condonación del canon
que adeudaba la ex concesionaria del correo oficial en manos del Grupo
Macri, con un perjuicio económico para el estado estimado en 70 mil
millones de pesos. Al tiempo que Socma mantiene una demanda económica
contra el Estado por la quita de la concesión de la que no pagaba el
canon. El presidente ordenó dar marcha atrás después que se conociera
públicamente –muchos meses después de cerrado el acuerdo judicial– el
dictamen de la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que lo
consideró “ruinoso” para el Estado. En esta misma causa están imputados
el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, y el negociador
Juan Manuel Mocoroa, que dependía de la presidencia, contratado director
de Asuntos Jurídicos de esa cartera.
El otorgamiento de rutas comerciales a Avian Líneas Aéreas y Fly
Bondi también dejó una ristra de imputados, encabezada por el propio a
Macri. MacAir, del Grupo Macri, fue vendida a Avianca, que luego obtuvo
del Estado las rutas aéreas comerciales que compiten con la aerolínea de
bandera, Aerolíneas Argentinas. La concesión a Avian está frenada tras
el escándalo que desató su conocimiento público. Además de Macri y su
padre Franco, los empresarios Carlos y Diego Colunga (entre otros),
también están imputados en esta causa el ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich; el secretario de coordinación interministerial Mario
Quintana; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis;
el renunciado director nacional de transporte aéreo, Hernán Gómez
(Centurión); y un hombre de confianza del área presidencial: el
secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas. Todavía apoderado de Macair
Jet SA y están en la mira el director de logística de la secretaría
general, Carlos Cobas (gerente de Macair Jet SA), y el encargado del
organismo de control del Sistema Nacional de Aeropuertos, Lucas Werthein
(cuyo grupo familiar se dedica al “agronegocio, telecomunicaciones y
seguros”).
La tercera causa con el Presidente imputado –junto al jefe de
Gabinete, Marcos Peña, y el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay– es
por el blanqueo de capitales. Macri incorporó al blanqueo, a través de
un decreto simple y después de reglamentada la ley, a los familiares de
los funcionarios (incluida la propia), a pesar de estar expresamente
prohibido en el texto sancionado por el Congreso.
El Presidente también está en la mira por haber permitido un aumento
del 100 por ciento en los peajes de Autopista del Sol (el Grupo Macri es
accionista). “Ausol evadió impuestos, fugó divisas y acumuló denuncias
por tener trabajadores en negro, y además en diciembre de 2015 inició
una demanda ante el Ciadi reclamándole al Estado 6.630 millones de
pesos”, explicaron los diputados del FpV-PJ.
Ceocracia
El desembarco de los CEO alcanza a todos los ministerios y con ellos
los conflictos de intereses entre sus resoluciones y los beneficios que
alcanzan a las compañías que gerenciaban. En la Jefatura de Gabinete,
Quintana suma la imputación de adjudicación de rutas aéreas, la compra
de 11,5 millones de dólares en la operación dólar futuro (funcionario
del Gobierno que devaluó el peso y favoreció el negocio millonario) como
presidente del grupo inversor Pegasus y está bajo la lupa por las
decisiones del Gobierno que beneficiaron al Grupo Clarín, del cual es
accionista.
Gustavo Lopetegui, secretario de coordinación de Políticas Públicas y
ex CEO de LAN, fue apuntado por la renunciada ex presidenta de
Aerolíneas Argentinas (AA) Isela Costantini de intervenir en la política
aerocomercial de AA, y está imputado por la compra de 310 mil dólares
en la operación a futuro.
La OA investiga también los vínculos comerciales de la subsecretaria
de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, de la Jefatura de
Gabinete, Natalia Zang. Esa funcionaria fue vice del Grupo Pegasus, CEO
de Jazmín Chebar (vestimenta) y Grupo Monarca (negocios inmobiliarios),
además de directora de la minera Austral Gold.
En el ;Ministerio de Transporte, además de su titular y Werthein, el
Administrador de Ferrocarriles del Estado, Marcelo Orfila, está
investigado en otra causa penal. En su caso fue gerente del grupo
Monarca y Alpargatas y también director de Aeropuertos Argentina 2000.
Orfila está imputado por la contratación directa de seguros ferroviarios
a una compañía vinculada a Socma.
El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, ex director de la región Sur
de la editorial multinacional Random House, abrió la importación de
libros. Además fue denunciado penalmente, junto a Juliana Awada por
haber gastado 50 millones de pesos del Estado nacional para que 12
galerías de arte porteñas –varias de ellas vinculadas al poder político–
vendieran sus obras en la feria ARCO de España, durante la visita
presidencial a ese país. Entre). Entre las galerías beneficiadas
estuvieron la de María Calcaterra, hija de su Angelo, el primo de Macri,
y la del arquitecto Mariano Clusellas, primo de Pablo Clusellas,
Secretario Legal y Técnico de la Nación.
Luis María Blaquier, ex director del Grupo Clarín y de la alimenticia
Arcor, compró como Administrador del Fondo de Garantías de
Sustentabilidad (FGS) de la Anses acciones de Clarín y Arcor con el
dinero de los jubilados. Blaquier abandonó su cargo luego que se
conociera el memorándum que el FGS firmó con Qatar, que creaba una
estructura offshore y un administrador extranjero. La causa por el
memorándum fue rápidamente desestimada por al justicia federal.
El presidente del Instituto de Propiedad Intelectual, Damaso Pardo
(socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arsten y Martínez de
Hoz, que asesora y defiende a laboratorios extranjeros) modificó la
normativa sobre patentes medicinales que protegía a los laboratorios
nacionales. El subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino,
es socio del estudio Marjal, O’Farrell & Maizal que acciona en la
IGJ.
Por sus propios dueños
El Ministerio de Energía y Minería es la versión más descarnada del
conflicto de intereses de los funcionarios macristas. Los ex dueños,
directivos, gerentes y los CEO de las principales compañías petroleras
son los que ahora ocupan todas las áreas en las que se diseña la
política energética del país y se definen sus tarifas. Su ministro Juan
José Aranguren (ex presidente de Shell) está imputado por favorecer con
jugosos beneficios a esa empresa (de la que luego “vendió” sus acciones)
y por el brutal tarifazo de gas y electricidad. También están imputados
por el tarifazo sus secretarios de Recursos Hidrocarburíferos, José
Luis Sureda (ex vice de ventas de gas de Pan American Energy); de
Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga (ex gerente Edenor); de Refinación y
Comercialización, Pablo Popik (ex gerente de Axion Energy).
Otros funcionarios son los encargados de controlar a las empresas de
donde provienen. Es el caso de los secretarios de Planeamiento
Estratégico, Daniel Redondo (ex CEO de Esso Standard); de Energías
Renovables, Sebastián Kind (presidente de Renewables y ex Pan American
Energy); de Exploración y Producción, Marcos Pourteau (director de
Endriven y ex Total Gas); de Ahorro de Energía, Andrea Heins (fundó
Energy Perfomance); de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini
(accionista de Central Puerto); el titular de Enarsa, Hugo Balboa
(director de Axion y ex de Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del
Plata).
Los tentáculos empresarios llegan hasta el propio organismo
regulador, donde el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) está
presidido por Juan Garade, socio de Management Consultants y que por 20
años dirigió Edesur y Edenor; mientras que el director Ricardo Sericano
pertenece a la consultora RHS y fue gerente de Edenor.
Financistas y sabuesos
Al Ministerio de Finanzas Públicas arribaron los gurúes de las
finanzas en la city porteña. El ministro Luis Caputo (presidente del
fondo de inversión Axis y Axis Dólares, presidió el Deutsche Bank y fue
jefe del JP Morgan para América Latina), está imputado por la compra de
80 millones de dólares en la operación a futuro, “negoció” con los
fondos buitre y fue el encargado de emitir deuda pública por 15 mil
millones de dólares. En la emisión de deuda lo acompañaron el vice
segundo del BCRA, Daniel Reidel (ex del banco de inversiones Goldman
Sach y ex JP Morgan) y el presidente de la Bolsa de Valores, Marcos
Ayerra (director del Grupo Biosidus y ex vice de Chase Securites-JP
Morgan). El director del BCRA, Pablo Curat (consultor del BID y BM)
también está imputado por la compra de dólar futuro con la compra de
medio millón de dólares.
Los sabuesos que desembarcaron en la Unidad de Información Financiera
(UIF), que debe investigar el lavado de dinero y activos, también
tienen acumulada experiencia del otro lado del mostrador. Su titular,
Mariano Federici, fue abogado del FMI y está vinculado al estudio
Marteau, el principal litigante contra la UIF. La primera tarea de la
vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico (abogada del banco
HSBC), fue cerrar las investigaciones contra el HSBC luego que un ex
funcionario del banco detallara ante la justicia francesa la existencia
de 4040 cuentas de argentinos en Suiza con 3.500 millones de dólares que
la entidad facilitó fugar del país. La fiscal de la UIF, Celeste Plee,
es la abogada del estudio Marteau y del Banco Masventas encargada de
defender al banco mas sancionado.
El dueño del buffet, Juan Felix Marteau, ostenta el cargo de
“Coordinador Nacional para el Combate de Lavado de Activos” y está
imputado en la causa por el cual su propio estudio habría asesorado al
Gobierno para facilitar el blanqueo de capitales.
