latercera.- A la oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR) ya llegaron
los reportes con los que elabora anualmente la “Lista de Vigilancia
Prioritaria”, donde aparecen los países que, a su juicio, no velan por
los derechos de propiedad intelectual.
Una de las organizaciones que
entrega un input para la elaboración del reporte, típicamente difundido a
fines de abril, es la Asociación de Investigadores y Manufactureros
Farmacéuticos de América (PhRMA), que ya llamó a que Chile permanezca en
el listado.
Integrado por 37 firmas, entre ellas Bayer, Merk y Johnson &
Johnson, el gremio considera que las políticas promovidas en el país
“crean incertidumbre para los innovadores biofarmacéuticos y perjudica a
los pacientes al deteriorar los incentivos para futuras
investigaciones”, precisaron a PULSO fuentes cercanas a PhRMA.
Acusan que desde el Congreso se presiona para hacer mal uso de las
licencias obligatorias; aquellas que suspenden temporalmente el derecho
de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo la
producción, uso, venta o importación del producto patentado.
Aunque éstas suelen usarse en situaciones de emergencia, para PhRMA
ese criterio no está operando en Chile, poniendo el acento en
consideraciones de precio. Fuentes cercanas a la organización, sostienen
que un ejemplo de dicha falta es la solicitud del Congreso para una
licencia obligatoria en el caso de Hepatitis C, enfermedad que el
Ministerio de Salud considera de “baja incidencia” en el país, dado que
alcanza el 0,9%, cifra inferior a la de 1,8% que se observa en EEUU.
Las denuncias de PhRMA contra Chile han llegado a la discusión
legislativa en EEUU. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del
Norte, señaló recientemente en una columna de opinión que “el gobierno
federal siempre ha luchado contra los esfuerzos de los gobiernos
extranjeros que se comprometen a otorgar licencias obligatorias con
compañías estadounidenses”, con el objetivo de que los innovadores
reciban un “rendimiento justo de sus inversiones en investigación y
desarrollo”. En ese contexto, precisó que “que los derechos de propiedad
intelectual de los Estados Unidos están actualmente en riesgo en China,
Chile, El Salvador, Perú y Rusia debido a las amenazas de licencias
obligatorias”.
Nueva ley
Las quejas del gremio no se acotan a las licencias obligatorias,
también están preocupados por la Ley de Fármacos II, que actualmente se
tramita en el Congreso. Aunque en el informe enviado al USTR consignan
que la iniciativa no está avanzando ágilmente, alertan sobre varios
puntos de la propuesta.
No les parecen las limitaciones a las prescripciones, según las
cuales solo “los medicamentos con tres o más ingredientes activos pueden
ser recetados usando la marca” y a la aprobación de comercialización de
productos de marca. Esto último, debido a que de acuerdo con el
“Artículo 103 bis” propuesto, un interesado puede recibir autorización
para comercializar ciertos productos farmacéuticos, en particular
aquellos que no declaran un ingrediente activo que se está utilizando
por primera vez, bajo un nombre de marca.
Las acusaciones de vulneración de la propiedad intelectual en el país
comenzaron a dos años de la entrada en vigencia del Tratado de libre
comercio firmado con EEUU. En 2006 vencía el período de gracia que
concedía el pacto, donde Chile asumía compromisos de propiedad
intelectual, que incluyen una mejora en la regulación de la protección
de datos, la implementación de derechos de patentes y la
comercialización de farmacéuticos dentro del tiempo previsto.
A juicio de la industria farmacéutica de EEUU, esos compromisos no se
cumplieron en el plazo estipulado, por lo que el mismo 2006 alertaron
de la situación a la autoridad, solicitando que se sumara a Chile a la
Special 301 Priority Watchlist en 2007, la famosa lista roja de
propiedad intelectual.
Aunque PhRMA ha reconocido en sus informes al USTR que Chile ha
avanzado en la innovación farmacéutica, han apoyado durante los últimos
12 años la permanencia del país en el listado. Y ellos no son los
únicos. Esta opción es respaldada por otras seis organizaciones
estadounidenses, entre ellas la Organización de Innovación
Biotecnológica (BIO) y Asociación Nacional de Manufactureros.
