Sergio Silva Numa .-Aunque
ya contaba con el aval del Gobierno, presiones a varios ministerios y
la desorganización del Congreso impidieron que un artículo que buscaba
hacer un ajuste clave en el mercado de las medicinas en Colombia fuera
incluido en el texto final del Plan Nacional de Desarrollo.
Hasta hace unos días el nombre de Richard Aguilar no era muy popular
en el mundo farmacéutico. Hijo del parapolítico Hugo Aguilar y senador
de Cambio Radical, se había destacado por dar discusiones financieras,
pero entre sus prioridades no estaban los medicamentos. Sin embargo, hace menos de una semana protagonizó una intensa discusión en el Congreso que se viralizó en redes sociales y
tuvo como trasfondo una propuesta que, en sus palabras, buscaba
“reducir el precio de las medicinas” y quitarle “el monopolio a los
laboratorios”.
Este fue el episodio:
“Se me salió el santandereano en defensa de los colombianos. El
Gobierno quería favorecer a las multinacionales con el tema de
medicamentos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, le dijo un día
después a RCN Radio. “Mi salida de casillas fue porque antes de someter a
votación pedí la palabra.
Quería decirles a los representantes [de la Cámara] que seguimos pagando los medicamentos más caros de América Latina.
Que queremos mejorar un régimen para que bajen los precios (…) para que
deje de existir el monopolio de las multinacionales”, advirtió luego a
La W. (
Lea Minsalud ahora le pone techo a precios de medicamentos)
En palabras muy breves, e
l artículo buscaba que quien
solicitara una patente para alguna medicina en Colombia debería estar en
la obligación de revelar el nombre de ese fármaco (cuando lo
supiera). Suena extraño pero un ejemplo lo explica mejor: si algún
laboratorio llegase a pedir una patente para el Sofosbuvir, esencial
para tratar la hepatitis C, su obligación sería informar que se trata
del Sofosbuvir y no únicamente, como sucede ahora, de una compleja
fórmula química que solo pueden traducir los farmacéuticos. Por
mencionar otro caso, la fórmula C
13H
18O
2 corresponde
un popular antiinflamatorio, pero su “Denominación Común Internacional”
(DCI), como la llaman en el mundo médico, obedece a un nombre que todos
saben de memoria: el Ibuprofeno. (
Lea Francia lanzó una alerta por el consumo de ibuprofeno ¿Debería preocuparse Colombia?)
Revelar esa DCI facilitaría, dice Óscar Lizarazo, profesor de la
facultad de Derecho de la U. Nacional y especialista en propiedad
intelectual, identificar cuáles patentes están asociadas a un
medicamento específico. Hoy es posible que un solo fármaco tenga varias patentes, pero conocerlas es todo un desafío. “Pese a algunos avances no hay bases de datos que tengan esa información de forma exhaustiva y completa”, explica.
“El artículo tenía un efecto muy puntual y era facilitar esa búsqueda
de patentes. Podía ser útil, por ejemplo, para que alguien, incluyendo
los examinadores de patentes, pudiera saber si una medicina es
verdaderamente novedosa o no. También ayudaría a resolver de manera
rápida las dudas de una empresa que quiere entrar al mercado colombiano
con un medicamento genérico, lo que se conoce como ‘libertad de
operación’. De hecho, es muy útil para que se respeten las innovaciones de los mismos laboratorios:
ayuda a tener claridad sobre cuáles productos tienen exclusividad de
comercialización”, señala Lizarazo. “Si alguien pretende obtener una o
más patentes sobre un medicamento, es razonable que diga el nombre común
de lo que quiere proteger o protegió”.
Carolina Gómez, investigadora del Centro de Pensamiento Medicamentos,
Información y Poder de la U. Nacional, tiene una frase para resumir
este asunto que tiene muchas más complicaciones químicas y jurídicas,
imposibles de abordar en estos párrafos: “Se trataba de tener más claridad y más transparencia en esos procesos de patentes”. Para
explicar sus motivos tiene otro buen ejemplo: cuenta que cuando el
Ministerio de Salud le pidió a la Superintendencia de Industria y
Comercio las patentes de unos medicamentos (los antivirales de acción
directa para la hepatitis C) para estudiar si otorgaba o no una licencia
obligatoria, la respuesta de esa entidad sorprendió a varios:
“Aseguraron que ellos no tenían esa información. ¿Cómo puede pasar
eso?”, se pregunta.
Aunque el artículo que fue excluido del PND no se trataba,
precisamente, de un camino directo para reducir sus precios, como lo
dijo Aguilar a múltiples medios, lo cierto es que la propuesta causó malestar en el sector farmacéutico.
Como le señaló a El Espectador una persona del Gobierno muy cercana a
estos debates, motivó llamadas de “alto nivel” a varios ministerios que
buscaron frenar la propuesta.
“El jueves [2 de abril] recibimos llamadas como pocas veces había sucedido”,
cuenta. “El Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio y la
Cancillería tuvieron que atender a varias entidades y empresas
disgustadas con el artículo. Nosotros estamos acostumbrados a las
presiones internacionales, pero lo que sucedió ese día ocurrió a una
velocidad inusual”.
Afidro, la asociación que reúne a las multinacionales farmacéuticas
en Colombia; la Oficina del Representante de Comercio de los Estados
Unidos (USTR) y la compañía Pfizer fueron, asegura, las entidades que
buscaron detener el artículo. ¿La razón? “Dijeron que podía poner en
riesgo las relaciones con EE.UU.”.
Saber con precisión entre quiénes se dieron esas llamadas no es
fácil. Afidro, por su parte, es franca: “Dimos a conocer nuestra opinión
frente al artículo y expusimos claramente los argumentos frente a la pretensión de modificar el régimen de propiedad intelectual del país.
Compartimos nuestra posición abiertamente con funcionarios del
Gobierno, a quienes les expresamos la inconveniencia de un requisito
adicional en la solicitud de patentes, lo que va en contravía de los
acuerdos con la Comunidad Andina de Naciones”.
Pfizer prefiere ser más prudente y no transitar en terrenos
polémicos: “Nuestra posición está alineada con Afidro”. Al momento de
hacer esta publicación el Ministerio de Comercio aún no había respondido
nuestra inquietud, pero Cancillería fue breve en su respuesta: “La
Cancillería no recibió ni llamadas ni correos electrónicos sobre la
proposición del congresista Richard Aguilar”.
Diana Cárdenas, viceministra de Protección Social, tiene otro punto
de vista sobre lo que sucedió. “El artículo de Aguilar no fue el único
que se cayó”, explica. “El presidente de la Cámara de Representantes,
Alejandro Chacón, dijo que no alcanzaban a discutir los artículos que no
estaban en el PND y la decisión fue no votarlos. Eran muchos. Todos
perdimos algo en ese paquete que no clasificó”. ¿Pero hubo llamadas al Ministerio de Salud solicitando detener la propuesta de Aguilar?
“No”, responde Cárdenas. “Al menos a mí nadie me llamó. El artículo
estaba avalado por nosotros, pero no pasó porque la decisión de la
Cámara fue no votarlos”.
Cárdenas tiene razón. La extensa y desgastante discusión sobre las
objeciones de la JEP impidió que el texto del PND fuera debatido en el
Senado. Como hoy se sabe, nadie tuvo tiempo para leerlo y no quedó otro
camino que aprobarlo a “pupitrazo”.
Pero, pese a que la suerte no estuvo del lado de la propuesta de Aguilar, la discusión reveló algunas pistas de la complejidad que se esconde detrás del mundo las patentes. Se
trata de un sistema con muchas arandelas que generan varias discordias y
que, como hace unos meses se lo dijo a este diario Carlos María Correa,
director del South Centre, una reconocida entidad con sede en Suiza que
aboga por el acceso a los medicamentos, a veces suele tener efectos
perjudiciales en el campo de la salud, al reducir la competencia y al
aumentar los precios de las medicinas.
La recomendación que le daba a Colombia para evitar que eso continúe
sucediendo era simple: “Hay que definir de manera rigurosa los criterios
para otorgar una patente, de manera que se dé solamente cuando hay una
innovación tecnológica genuina y no cuando haya desarrollos menores o
triviales que manifiestan más bien una estrategia comercial de las
empresas que una verdadera contribución a la salud pública”.
