Este
lunes trascendió a través de las redes sociales la carta documento que
la empresa multinacional le envió al productor gualeguaychuense
intimándolo al pago de regalías por el uso de semillas de la tecnología
INTACTA RR2 PRO.
La
suma que le reclama la compañía es de US$ 54.612,68, que según se
expresa en la misiva, el productor Juan Ferrari debería pagar en las
próximas 48 horas. A ese número se deberán agregar los intereses
devengados, gastos efectuados y demás accesorios.
El
caso se difundió en la red social Twitter a través del abogado
ambientalista Enrique Viale, quien mostró el aviso que envió Sebastián
Andrés Selaya.
En
la carta, Selaya argumentó que el productor entregó cargamentos de soja
a su nombre y no pagó las facturas en concepto de Canon Intacta: «Le
recordamos que el uso legal de la tecnología Intacta contenida en
semillas y granos de soja requiere de autorización de Monsanto,
encontrándose sujeto a los términos y condiciones previstos en la
licencia de uso, que entre otras previsiones, exige el pago de una
contraprestación (Canon Intacta) por el uso de semilla conteniendo la
referida tecnología», señaló a la vez que remarcó que el uso de la
tecnología Intacta «por parte de quien no tiene autorización del titular
de la patente («Monsanto») configura un delito castigado por la Ley de
Patentes».
Ahora bien: ¿Dicha intimación deviene de la firma de algún contrato o convenio?
Consultado
por este medio, Ferrari explicó: «Monsanto nos envía cartas documento a
los productores basado en la atribución que le otorga el Gobierno
Nacional de tomar muestras de los camiones que enviamos con nuestra
producción a puerto para «fiscalizar» si se encuentra genética Intacta
en nuestras semillas. Es una locura, es un avasallamiento que empezó con
el gobierno anterior y que continúa con este gobierno».
«Yo
no firme ningún contrato ni acuerdo con Monsanto para obtener semillas
ni genética. Son mis semillas, las que cultivé durante estos años en mi
campo. Monsanto quiere que se pague cannon por algo que es de los
productores», sumó Ferrari.Cabe destacar que el planteo de Monsanto se
opone a lo que establecen las leyes vigentes que regulan el uso de
semillas: la 20.247 que resguarda el uso propio y la 24.481 de patentes
que en su artículo 7 establece categóricamente la prohibición de
patentar material vivo: «Art.7: No son patentables: b) la totalidad del
material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica,
en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal
y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz
de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal
como ocurre en la naturaleza».
LA LEY DE SEMILLAS
«Pudimos
avanzar con un dictamen, de esta manera dimos un paso más en esta idea
de tener una media sanción de una Ley de Semillas que tenga al Estado
como principal ente de control. La verdad es que este dictamen es fruto
de un intenso trabajo, aunque queda camino por recorrer porque no hay
mayorías legislativas y por lo tanto, hubo observaciones y opiniones que
pretendemos sumar en un futuro no muy lejano», dijo el pasado 30 de
noviembre a R2820 el diputado nacional -y ahora candidato a gobernador
por Cambiemos- Atilio Benedetti.
Dentro
de los puntos a destacar, Benedetti habló del «fortalecimiento del
Instituto Nacional de Semillas (INASE) en cuanto al control una vez
aprobada la ley; «de esta manera estamos dándole facultades exclusivas y
excluyentes para que sea la entidad que controle, lo cual descartaría
cualquier otro tipo de mecanismo», dijo en alusión a los operativos de
fiscalización que montan empresas como Bayer y Monsanto en los puertos
argentinos, para luego enviar facturas dolarizadas a los productores que
comercializan granos, que de ser ejecutados impulsarían a los
productores a una ineludible situación de quebranto.
«Todos
los derechos de propiedad se abonarían en un solo acto», dijo Benedetti
a la vez que aclaró: «Habría una restricción en el derecho de uso de
las semillas, exceptuando a los productores que estén dentro del
programa de agricultura familiar, los pueblos originarios y aquellos
productores que tengan una facturación anual dentro del umbral de una
micro pyme agropecuaria, rondando aproximadamente los 4 millones de
pesos anuales».
«El
resto de productores que no se encuentra exceptuado, deberá abonar por
un período no menor a cinco años un cannon establecido al momento de
adquirir las semillas un monto estipulado al momento de firmar el
contrato y efectuar la compra de tecnología», señaló Benedetti a la vez
que recalcó que » con esta modalidad se busca que el productor no pague
varias veces o en partes por aquellas cuestiones tecnológicas que
concurren en una semilla».
Es
decir, Monsanto ya no tendría que destinar personal para fiscalizar las
semillas que llegan a puerto. Sería el propio Estado quien haría el
trabajo a total beneficio de la empresa multinacional.
A
propósito del dictamen favorable del proyecto que impulsó Benedetti
desde FAA, manifestaron: «Ratificamos la posición de uso propio gratuito
y la permanencia de Argentina en el marco de UPOV 78. Esperamos contar
con tiempos de debate y acuerdos en beneficio de los pequeños y medianos
productores», dijeron sumando la preocupación de dirigentes que
abiertamente señalaron que «con este dictamen, el Estado abrirá la
ventanilla para hacerle el trabajo a las multinacionales».
CUESTIONAMIENTOS
Otra
de las voces críticas al dictamen fue la del periodista y autor de
«Envenenados», Patricio Eleisegui: «Sin tratamiento previo del proyecto
ahora dado a conocer, y ante la dura oposición de colectivos sociales y
productores pequeños y medianos, el gobierno puso primera y se alzó con
el aval para tratar en recinto de Diputados la modificación a la actual
Ley de Semillas. El marco en cuestión, exigido mayormente por la dupla
Bayer-Monsanto dado su monopolio en el desarrollo de variedades de soja
modificada genéticamente, establece la privatización del insumo a partir
de aspectos como la limitación del denominado «derecho de uso propio».
Este último es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en
1973. En concreto, el «derecho de uso propio» permite al agricultor
volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la
campaña».
«La
ley que buscará ahora su aprobación establece el abono de regalías por
la «reutilización» del producto, además del pago de «derechos de
propiedad intelectual» con la compra de las semillas. De esta forma, el
insumo queda gravado de un «copyright» hasta ahora no contemplado en la
legislación», señaló el periodista en el portal iProfesional.
«En
simultáneo, y lo que resulta polémico a los ojos de los productores de
menor calibre, la ley a tratar considera que la modificación que hacen
Bayer-Monsanto a las semillas a través de biotecnología es argumento
suficiente para considerar a las corporaciones dueñas absolutas de estas
especies», especificó.
«Es
la frutilla del postre que se inició en los años 90 con la irrupción de
la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo
de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario argentino.
Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil desarmar
este andamiaje legal en los próximos años», también advirtió ante
iProfesional Enrique Viale, abogado ambientalista.
