cincodias.-La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) lanzó ayer su propuesta para que las grandes empresas
tecnológicas, como Apple, Facebook, Amazon, Netflix o Google, paguen
impuestos en los países donde están sus usuarios, tengan presencia
física en ellos o no, y no solo en aquellos Estados donde esté
registrada la propiedad de las patentes, licencias o marcas, o donde las
empresas tengan sus sedes.
Pero, más allá de a los gigantes de
internet, la iniciativa afectaría a otras compañías que ofrecen
productos de consumo minorista, como pueden ser las grandes marcas de
lujo o los fabricantes de automóviles.
La propuesta supone un primer paso para lograr
articular a escala global lo que se ha venido llamando tasa Google, pues
deja superado el debate entre quienes, como EE UU, venían defendiendo
que las empresas tecnológicas solo deben pagar impuestos donde crean sus
algoritmos, y quienes, como la UE, apostaban por gravar su actividad
allá donde encuentran los usuarios que los hacen rentables.
El nuevo documento, que será debatido la próxima
semana en la cumbre del G20 que se celebrará en Washington, busca crear
un nuevo sistema de fiscalidad “estable” para las empresas, dado que
“las reglas actuales datan de la década de 1920 y ya no son suficientes
para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un
mundo cada vez más globalizado”, explicaron ayer desde la OCDE. El
objetivo pasa así por impulsar un acuerdo general para los 134 países
que se han sumado desde enero a esta iniciativa.
La propuesta del grupo de trabajo de la OCDE, abierta
ahora a consulta pública, es fruto del acuerdo sellado el pasado mes de
agosto en Biarritz entre Estados Unidos y Francia, en la última cumbre
del G7, para frenar las tensiones comerciales generadas por la tasa a
las tecnológicas impulsada por París, que provocó que Washington
anunciara aranceles sobre el vino francés.
La nueva tasa, que la OCDE espera tener lista a
principios de 2020, mermaría la recaudación de países como Irlanda y a
paraísos fiscales extraterritoriales, mientras que beneficiará a los
grandes mercados de consumo como EE UU y Francia y a los países
emergentes.
En principio, la propuesta, que no entra a detallar
qué cantidad de impuestos deberán abonar las empresas, gravaría a las
compañías con un volumen de negocios global de más de 750 millones de
euros en todo el mundo y excluiría a las empresas dedicadas a la
extracción de materias primas. Afectaría, eso sí, a las empresas
tecnológicas que no venden directamente a los consumidores sino que
comercializan publicidad a empresas que sí venden al pequeño consumidor.
La iniciativa ha tratado de consensuar las propuestas de tres bloques
de países: Reino Unido y otros europeos;
EE UU y China, e India, Colombia y otros emergentes.
El impuesto, puesto en marcha por Francia y una de
las propuestas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez, fue planteado
también en el seno de la Unión Europea, que rechazó su aplicación si no
había un acuerdo en la OCDE por el rechazo de países como Alemania.
A falta de conocer cómo se concreta la propuesta de
la OCDE, las iniciativas europeas de tasa Google coincidían en gravar al
3% tres actividades concretas: la publicidad online, la intermediación
entre compañías y particulares o la venta de datos de usuarios. A partir
de ahí, y siempre para firmas con al menos 750 millones de facturación
mundial, España planteó cobrar a empresas con al menos tres millones de
actividad en el país, frente a los 50 millones en Europa que barajó la
UE y los 25 millones en territorio galo que aplica Francia. Reino Unido,
por su parte, anunció una tasa del 2% para firmas con al menos 25
millones de libras (28 millones de euros) de caja en el país y 500
millones en el mundo. París confía en ingresar así 600 millones al año y
Madrid aspiraba a obtener 1.200, lo mismo que Londres en tres años. Los
tres países, eso sí, anunciaron que sustituirían sus tasas por la que
acabe impulsando la OCDE.
“La cuestión clave ahora es encontrar un consenso y
un compromiso entre todos los miembros de la OCDE para principios de
2020”, aseguró el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, bajo
cuya batuta se han coordinado los trabajos para esta tasa. Desde la
OCDE, por su parte, el responsable de política fiscal de la OCDE, Pascal
Saint-Amans, advirtió de que en caso de que no se logre alcanzar un
acuerdo entre todos los países “habrá disputas unilaterales masivas”.
Por lo pronto, las grandes multinacionales han
recibido la propuesta como un “importante paso adelante”, según destacó
Amazon. “Continuamos apoyando el trabajo de la OCDE y contribuyendo
activamente a él, con miras a lograr una solución común para la
tributación de una economía internacional en constante cambio”, expuso
el gigante de la distribución mundial en un comunicado. La empresa ha
asegurado además que “lograr un amplio consenso internacional es crucial
para limitar el riesgo de doble imposición (…) al tiempo que se crea un
entorno propicio para el crecimiento del comercio mundial, que es
esencial para millones de personas, clientes y empresas”.
La OCDE ha propuesto además una segunda reforma con
la que pretende impulsar un impuesto de sociedades mínimo a nivel
internacional que las empresas no puedan evitar. La intención del
organismo presidido por Ángel Gurría pasa por tener listo un borrador de
consulta pública durante este mes de diciembre.
Precios de transferencia. La OCDE ha abordado en su propuesta el
debate sobre los precios de transferencia, es decir, los valores que dan
internamente las compañías para transferir productos o servicios entre
la matriz y sus filiales. Esta variable suele ser objeto de pulsos
tributarios por el interés que tienen las compañías en establecer sus
beneficios en aquellas jurisdicciones en las que pagan menos impuestos.
El organismo internacional sugiere mantener el actual sistema con solo
ligeras correcciones, para que solo afecten a los grupos con grandes
beneficios. Estas quedarían sujetas a un umbral de beneficio consolidado
mundial –por concretar– que si superan les obligará a aportar fondos a
una bolsa tributaria común a repartir entre los países en los que tenga
mercado, recoge Efe.
Sistema de arbitraje. La propuesta contempla la necesidad de
implantar un mecanismo de arbitraje para garantizar la resolución de
conflictos y evitar que las empresas sean sometidas a dobles
imposiciones, esto es, que acaben viéndose gravadas en dos territorios
diferentes por la misma actividad.
