pharmabaires.-Las
cámaras de los laboratorios estadounidenses PhRMA y BIO, y la cámara de
comercio argentino-norteamericana AMCHAM pidieron a la USTR (Office of
the United States Trade Representative) que Argentina permanezca en la
lista de “vigilancia prioritaria” por el presunto incumplimiento de la
protección de las patentes farmacéuticas, agravado además por decisión
del actual gobierno de incluir las licencias obligatorias en el programa
de emergencia económica promulgado en diciembre pasado.
El
pedido fue formulado durante la tradicional audiencia anual convocada
por la USTR a fines de febrero para revisar la aplicación de la Special
301, esa “Lista Negra” destinada a castigar o amedrentar a los supuestos
infractores de la propiedad intelectual en el mundo.
Durante la audiencia, AMCHAM sugirió sutilmente que la Aduana y la Agencia Sanitaria (ANMAT) podrían ser cómplices del ingreso y registro en el país de productos falsificados.
PhRMA,
la Organización de Innovación en Biotecnología (BIO), la Cámara de
Comercio de EE. UU., la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) y otras
treinta cámaras empresarias se sucedieron durante la audiencia para
solicitar sanciones para decenas de países, desde China a la Argentina.
PhRMA señaló en su presentación que en Argentina “los
innovadores biofarmacéuticos de Estados Unidos continúan enfrentando
problemas de larga data” entre los que mencionó “las barreras de acceso
al mercado y los problemas graves de propiedad intelectual (PI)” y
vaticinó que es “poco probable que la administración de (Alberto) Fernández avance en estas cuestiones”.
“A pesar del compromiso positivo de nuestra asociación local hermana, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) y la Cámara Americana de Comercio en Argentina (AmCham)
en varios niveles del gobierno argentino en los últimos años, estos
problemas de propiedad intelectual permanecen”, remarcaron con desazón,
al lamentar las promesas incumplidas del gobierno de Mauricio Macri.
PhRMA
expresamente alertó que “el 21 de diciembre de 2019, el Congreso
argentino aprobó una legislación de emergencia económica que, entre
otras cosas, aumenta el riesgo de licencias obligatorias de patentes en Argentina”.
“El
artículo 70 de la nueva ley faculta al Ministerio de Salud a un
mecanismo para controlar los precios de los medicamentos y para utilizar
medidas tales como licencias obligatorias contra ‘problemas de disponibilidad o aumentos de precios injustificados o irracionales’", señaló en su presentación.
“Empoderar
al Ministerio de Salud para establecer nuevos mecanismos de licencias
obligatorias socavará los incentivos para que los innovadores
desarrollen y traigan nuevas terapias a los pacientes argentinos, y
generará una mayor incertidumbre y posibles desafíos legales. Además, dicho mecanismo parece alentar el uso adicional de licencias obligatorias de una manera que
no solo socavará el acceso del paciente a nuevos medicamentos, sino que
también parece incompatible con las obligaciones internacionales de
Argentina”, se quejó PhRMA.
“Por estas razones, PhRMA solicita que Argentina permanezca en Priority Watch”, concluyó la cámara de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses.
A su vez la
American Chamber of Commerce in Argentina (AMCHAM) denunció que
Argentina “permanece al margen del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT)”.
“Durante
el año 2019 En el Congreso se realizaron varias discusiones sobre la
necesidad de que Argentina se convierta en miembro de PCT. Estas
discusiones fueron lideradas por inventores locales, instituciones de
investigación, universidades. y empresas locales que expresaron a los
congresistas su disposición a tener acceso a PCT mientras evidencia que
la Comisión Nacional de Tecnología y Ciencia (CONICET) ha estado
utilizando los beneficios del PCT debido a la incorporación de personas
jurídicas en un país PCT”, describió con una mirada sesgada y de difícil
constatación en la realidad, porque las audiencias existieron, pero no
fueron lideradas por inventores o universidades, sino por la diputada
nacional del PRO, Cornelia Schmidt-Liermann, y el ex presidente del INPI, Dámaso Pardo.
AMCHAM
también aseguró que en Argentina “es particularmente difícil obtener
decisiones rápidas y efectivas para detener o prevenir una infracción de
patente”.
“Si
bien la Ley de Patentes argentina prevé requerimientos judiciales, los
tribunales han interpretado los requisitos para otorgar estas acciones
en tal forma estricta que prácticamente excluye la posibilidad de que
los titulares de patentes obtengan un mandato judicial preliminar. Esta
interpretación judicial hace que Argentina no cumpla con Artículo 50
del Acuerdo sobre los ADPIC y desalienta la inversión extranjera
directa”, aseguró AMCHAM en su crítica al sistema judicial argentino.
“Además, la duración de los litigios de 5-7 años en Argentina perjudica al titular de la propiedad intelectual para recuperar los daños causados por el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor”, agregó.
Argentina
“tampoco brinda protección para los datos que deben generarse y
enviarse en apoyo de las autorizaciones de comercialización para
establecer que agroquímicos y / o los productos farmacéuticos /
biofarmacéuticos son seguros y efectivos”, sumó a las críticas.
AMCHAM
incluso deslizó la existencia de comportamientos delictivos o mafiosos
por parte de las autoridades argentinas, apuntando contra la Aduana y la ANMAT, pues al mencionar el aumento de “actividades ilícitas” aseveró que “La aduana no es una excepción. La frontera norte argentina es conocida por ser permeable a los contrabandistas y falsificadores y el camino principal para las ilegales entradas de mercancías. Además,
las marcas comerciales muy similares con el INN (International
Nonproprietary Name) son admitidas por la Agencia Sanitaria y registrada
por la Oficina de Marcas, validando un acto de competencia desleal”.
Se
transcribe el original en inglés ante la grave imputación: “The
Argentinian north border is known for being permeable for smugglers and
counterfeiters and the main path for ilegal goods entrance. Moreover,
trademarks very similar with the INN are admitted by the Sanitary Agency
and registered by the Trademark Office, validating an act of unfair
competition.”
En consecuencia, “la falta de progreso significativo en cuestiones críticas de propiedad intelectual convencieron a AmCham de solicitar al USTR mantener a Argentina en la lista de vigilancia prioritaria”, coincidió con PhRMA.
La BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION (BIO),
también reforzó los argumentos condenatorios al aseverar que “los
miembros de BIO continúan enfrentando un entorno de IP desafiante en
Argentina, resaltado por atrasos persistentes de patentes, falta
de extensión del plazo de patentes, requisitos de patentabilidad
estrechos y falta de protección de datos regulatorios”.
“Argentina
tiene uno de los regímenes más restrictivos para obtener productos
biofarmacéuticos y patentes de biotecnología agrícola en el mundo”, asestó BIO.
Argentina
“no brinda protección para los datos presentados en apoyo de
autorizaciones de comercialización para establecer que la biotecnología
agrícola o los productos biofarmacéuticos sean seguros y efectivos”,
abundó.
También denunció -desde su lectura- que “el organismo regulador ANMAT confíe
indirectamente en los innovadores datos para aprobar otros productos
similares o idénticos tan pronto como el producto innovador sea
aprobado”.
BIO
coincidió además con PhRMA que la ley de emergencia económica aprobada
en diciembre de 2019 “faculta al Ministerio de Salud para establecer un
mecanismo de licencias obligatorias en caso de posibles problemas de
disponibilidad o aumentos de precios injustificados / irrazonables, que
puede afectar el acceso de la población a los medicamentos. Dado lo
reciente que es la ley, esta disposición aún no se ha
implementado. Sin embargo, permite el uso ampliado de licencias
obligatorias y será monitoreado de cerca”, advirtió con cierto tono amenazante.
En consecuencia, “BIO recomienda que Argentina permanezca en la lista de vigilancia prioritaria”, completó.
Argentina no es la excepción, pues en el capítulo dedicado a Brasil,
BIO señaló que “aunque todavía hay problemas persistentes que impiden
que Brasil logre por completo una PI positiva en todos los sectores
tecnológicos, particularmente con respecto al sector biotecnológico, ha habido
varias mejoras en su protección de la propiedad intelectual a lo largo
de los años. Todavía es muy temprano para medir el impacto de estos
desarrollos políticos, sin embargo, y para asegurar que Brasil pueda continuar fortaleciendo su régimen de PI para apoyar la innovación, BIO recomienda que USTR coloque Brasil en la lista de vigilancia prioritaria”. O sea, vale castigar, por las dudas…
Entre
casi medio centenar de expositores (gobiernos extranjeros como los de
Colombia, Grecia, Corea y Bulgaria), no todos nutrieron los argumentos
para que la USTR repita su “Lista Negra” de la 301, aunque sin duda lo
hará tal como es su rutina anual para dejar conforme a las
multinacionales de su país.
Entre
los expositores hubo tres organizaciones no industriales y no
gubernamentales que testificaron en la audiencia. En especial se destacó
el testimonio de KEI (Knowledge Ecology International) una OnG que batalla a nivel global contra los abusos de patentes.
KEI
expuso que la Especial 301 “es una lista de países que el USTR
identifica como malos actores en la protección y el cumplimiento de los
derechos de propiedad intelectual, y se utiliza para presionar a
los países extranjeros a cambiar sus leyes y políticas nacionales hacia
los intereses de los Estados Unidos”.
“Se le está pidiendo a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) que discipline el incumplimiento de las normas mundiales” y que el gobierno de los Estados Unidos adopte “medidas
para expandir y extender los monopolios, y de ese modo elevará los
precios de las invenciones médicas en países extranjeros”.
“Los
matorrales de patentes en los Estados Unidos sobre CAR T, terapia
génica y CRISPR, y los altos costos de licencias de patentes, están
creando barreras para la entrada en los Estados Unidos. Tenemos que
considerar el uso de licencias obligatorias o excepciones ampliadas para
las patentes utilizadas en el tratamiento de humanos, para superar
estos problemas”, afirmó KEI, al rebatir los argumentos de las cámaras
multinacionales.
“Durante varios años, las compañías farmacéuticas han presionado contra los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer normas mundiales para financiar la investigación y el desarrollo (I + D). Más
recientemente, las compañías farmacéuticas han cabildeado contra las
normas mundiales sobre la transparencia de los mercados farmacéuticos y,
lo que es más agresivo, contra la transparencia de los costos de I +
D”, completó KEI.
