amnesty.org.- La pandemia podría prolongarse si la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana no aborda la desigualdad vacunal mundial y los dirigentes no se ocupan de los problemas estructurales que hasta ahora han ignorado permitiendo que los países ricos acaparen dosis de vacunas contra la COVID-19, han advertido grupos de la sociedad civil.
La Alianza Vacuna para el Pueblo, coalición de más de 75 organizaciones, entre las que están Oxfam, Amnistía Internacional, African Alliance, ONUSida y Global Justice Now, pide a los dirigentes del G20 que desbloqueen la escasez de suministros aplicando una exención relativa a los derechos de propiedad intelectual y compartiendo la tecnología de vacunas, diagnósticos y tratamientos.
Los países del G20, que representan el 62% de la población mundial, han utilizado el 82% de las vacunas del mundo contra la COVID-19. Sólo el 3,1% de las personas de países de ingresos medios y bajos han recibido al menos una dosis.
En el G20 existe una profunda división respecto a la propuesta de suspender temporalmente las normas relativas a la propiedad intelectual de las tecnologías sobre la COVID-19 para poder incrementar la producción de vacunas. En lugar de negociar constructivamente esta propuesta para salvar vidas, encabezada por Sudáfrica e India, países miembros ricos —Alemania y Reino Unido— han impedido que el G20 actúe de manera unificada para proteger a millones de personas.
Miembros del G20 como Sudáfrica, a través de su presidente, Cyril Rhamaphosa, se han quejado amargamente de la constante intransigencia de los países ricos respecto a la cuestión de las patentes, y han denunciado el apartheid basado en las vacunas que esta intransigencia está creando.
Aunque el 82% de la población del G20 vive en países que apoyan la exención, la medida está siendo bloqueada por sólo tres miembros que se oponen a ella: Reino Unido, Alemania y, por extensión, la UE. Reino Unido y Alemania han vacunado con la pauta completa al triple de personas que India y Sudáfrica, en relación con su población.
La alianza pide a los dirigentes del G20 que presionen a Reino Unido y Alemania para que resuelvan esta disputa, lo cual permitiría que todos los fabricantes seguros aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fabricaran vacunas contra la COVID-19, desbloqueando la capacidad productiva mundial para terminar con la pandemia.
Anna Marriot, directora de políticas de la Alianza Vacuna para el Pueblo, ha declarado:
“Es un verdadero escándalo que el G20 haya desperdiciado un año ignorando la propuesta, respaldada por la mayoría de sus miembros, de eliminar los monopolios de las vacunas y garantizar que las vacunas puedan fabricarse en todo el mundo, salvando innumerables vidas. El G20 está volviendo la espalda a los miles de niños y niñas que esta pandemia deja huérfanos cada día. Los dirigentes del G20 que apoyan la exención no deben ser silenciados por los miembros de países ricos como Reino Unido y Alemania. No hay tiempo que perder para actuar.”
Indonesia, un país del G20 que apoya la exención, aseguró este año, en una conferencia de prensa de la OMS, que podía fabricar 550 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 al año, pero los acuerdos sobre propiedad intelectual y el hermetismo sobre los conocimientos vacunales se lo impedían.
Ante la próxima reunión del G20, activistas de la Alianza Vacuna para el Pueblo están realizando acciones de calle en Italia y Estados Unidos para exigir que los gobiernos tomen medidas respecto a la desigualdad vacunal mundial [más detalles en las notas].
Tamaryn Nelson, asesora de Amnistía Internacional sobre el derecho a la salud, ha manifestado:
“Cuando se celebró la reunión del G20 del año pasado, 1,3 millones de personas habían muerto de COVID-19 y los dirigentes prometieron que no escatimarían esfuerzos para garantizar que todo el mundo tuviera acceso a las vacunas. Un año después no ha cambiado casi nada, excepto que la COVID-19 se ha cobrado la vida de otros 3,5 millones de personas. Es inadmisible que los dirigentes del G20 no estén tomando suficientes medidas mientras cada semana siguen muriendo decenas de miles de personas.
“Los países con excedentes de vacunas deben redistribuir esas dosis sin demora y las empresas farmacéuticas deben compartir los conocimientos necesarios para incrementar la producción mundial. De lo contrario, se estará privando a miles de millones de personas de vacunas y medicinas que salvan vidas. No hay tiempo que perder.”
Un informe publicado el mes pasado por Amnistía Internacional concluyó que las grandes empresas farmacéuticas estaban provocando una crisis de derechos humanos sin precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y a compartir la tecnología vacunal, y criticó a AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer por negarse a participar en iniciativas para impulsar el suministro mundial de vacunas.
Nick Dearden, director de Global Justice Now, ha declarado:
“Con vacunas eficaces y una amplia capacidad de fabricación, deberíamos ser capaces de vacunar rápidamente al mundo frente a la COVID-19. Pero, a menos que eliminemos las patentes vacunales, pasarán años antes que los países del Sur global reciban las dosis, lo cual conllevará innumerables muertes y aumentará el riesgo de que surjan nuevas variantes letales. Dirigentes del G20 como Boris Johnson deben acordar por fin en esta cumbre la redistribución de las dosis que han acaparado y la exención sobre la propiedad intelectual de las vacunas, o se arriesgan a condenar al mundo a una pandemia inacabable.”
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido reiteradamente a los gobiernos que apoyen la exención sobre la propiedad intelectual en la OMC. La semana pasada, Bruce Aylward, alto dirigente de la OMS, advertía de que la crisis de la COVID-19 podía “prolongarse fácilmente hasta bien entrado 2022” debido a la desigualdad vacunal mundial.
Especialistas en epidemiología han avisado de que la desigualdad vacunal mundial amenaza con socavar nuestra actual generación de vacunas, mientras que un informe del Wellcome Trust and Institute for Government ha advertido de que las mutaciones del virus “debilitarán” la protección que ofrecen las vacunas.
Maaza Seyoum, de la African Alliance, ha señalado:
“La vertiginosa desigualdad de la fabricación y la distribución global ha dado origen a un sistema de apartheid vacunal, e incluso países miembros del G20, como Sudáfrica e Indonesia, han sufrido las consecuencias. Las inacabables falsas promesas de donaciones vacunales de los países ricos no se han materializado. No podemos esperar obras de caridad.
Este mes, la Alianza Vacuna para el Pueblo concluyó que hasta ahora sólo se ha entregado una séptima parte de los 1,8 miles de millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 prometidas por los países ricos, lo que hace un total de sólo 261 millones de dosis. Las empresas farmacéuticas occidentales han entregado sólo el 12% de las dosis asignadas a COVAX, la iniciativa concebida para contribuir a una distribución justa de vacunas contra la COVID-19.
La Alianza Vacuna para el Pueblo pide a los dirigentes del G20 que:
- suspendan los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, las pruebas, los tratamientos y otros instrumentos médicos para la COVID-19 acordando, tal como se ha propuesto, la exención temporal propuesta relativa al Acuerdo sobre los ADPIC en la Organización Mundial del Comercio.
- exijan y utilicen todas sus herramientas jurídicas y políticas para exigir a las empresas farmacéuticas que compartan datos, conocimientos y tecnología con el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) y el centro de transferencia de tecnología para las vacunas de ARNm en Sudáfrica.
- inviertan en centros de fabricación descentralizada en países en desarrollo para pasar de un mundo de monopolios y escasez vacunal a otro de suficiencia y equidad en el que los países en desarrollo tengan el control directo de la capacidad de producción vacunal para cubrir sus necesidades.
- redistribuyan de inmediato y equitativamente las vacunas existentes entre todos los países para lograr el objetivo de la OMS de que el 40% de la población en todos los países esté vacunada al acabar 2021, y el 70% lo esté a mediados de 2022.
