cels.org.ar.- En una declaración histórica que se dio a conocer esta semana, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló con crudeza que “solamente el 15,21% de la población de los países de bajos ingresos ha recibido una dosis de la vacuna, lo que crea un patrón de distribución desigual dentro de los países y entre ellos, que reproduce esclavitud y las jerarquías raciales de la época colonial”.
Como señala el Comité, en virtud de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los Estados están obligados a eliminar todas las formas de desigualdad racial, ya sea por su finalidad o por sus efectos.
La declaración del Comité se produce en respuesta a una queja presentada por una coalición internacional de grupos de derechos humanos, expertos en salud pública y organizaciones de la sociedad civil -de la que el CELS es parte-, en la que se argumenta que Alemania, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos violan la legislación internacional sobre derechos humanos al no intervenir en lo que ha sido un despliegue desigual y racialmente discriminatorio de las vacunas contra el COVID y otras tecnologías sanitarias. En la queja se instaba al Comité a tomar medidas antes de la celebración de la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, en la que se prevé que los Estados consideren la propuesta de eliminar las barreras que crea la propiedad intelectual.
En relación con la petición presentada en el marco del procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente, el Comité destacó que “el suministro insuficiente de vacunas, debido a la distribución mundial desigual, requiere que se tomen medidas urgentes sobre el régimen de propiedad intelectual”, que restringe el suministro de tecnologías sanitarias de COVID-19 mediante una red de patentes, secretos comerciales y otras protecciones monopolísticas.
El Comité solicitó particularmente a Alemania, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos que apoyaran “la propuesta de una exención temporal e integral sobre las disposiciones del Acuerdo [sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio] (ADPIC)”, entre otras medidas para mitigar el impacto desigual de la pandemia. El Comité también pidió explicaciones a dichos Estados por no haber “exigido a las empresas farmacéuticas nacionales la transferencia de tecnología sanitaria de COVID-19”, y recordó su obligación de “garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios que pueden salvar vidas, incluidas las pruebas, las vacunas y los tratamientos médicos”.
La declaración del CERD resulta significativa por el reconocimiento de las causas históricas de la actual desigualdad en el acceso a la vacuna contra el COVID-19 y a la atención sanitaria, tanto dentro de los Estados como entre ellos, y de cómo la oposición a la exención de los ADPIC sostiene la subordinación racial estructural. Como señaló el Comité, el “impacto desproporcionado de la pandemia en los grupos protegidos por la Convención, en términos de mayores niveles de morbilidad y mortalidad, se debe en gran parte a las consecuencias de las injusticias raciales históricas de la esclavitud y el colonialismo, que siguen siendo, en gran medida, inexplicables hoy en día, y a los efectos contemporáneos de discriminación racial de las estructuras de desigualdad y subordinación resultantes de la incapacidad de corregir los efectos del racismo arraigado en la esclavitud, el colonialismo y el apartheid”.
Además, la declaración se destaca por reconocer el racismo estructural como un sistema global que los Estados tienen el deber de erradicar. En este sentido, el Comité expresó su profunda preocupación por el hecho de que “el patrón de distribución desigual de las vacunas y de las tecnologías COVID-19 entre los países, y dentro de ellos, se manifiesta como un sistema global que privilegia a las antiguas potencias coloniales en detrimento de los Estados que fueron colonizados y de los descendientes de las comunidades sometidas a esclavitud”. La declaración puede interpretarse como un reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales que tienen los Estados de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales para todas las personas, incluso más allá de sus fronteras, lo cual destaca la importancia de la solidaridad mundial para hacer frente a los efectos actuales de la pandemia, especialmente sobre los grupos más marginados.
Entre los grupos peticionarios se encuentran African Alliance, Center for Economic and Social Rights (CESR), Global South Vaccine Equity Coalition, coordinada por la Campaña contra el Racismo de Equal Health, Initiative for Economic and Social Rights (ISER), Minority Rights Group (MRG), Oxfam Internacional, Treatment Action Campaign (TAC) y Women’s Legal Centre (WLC). La petición se preparó con el apoyo y la coordinación de la Red Global de Abogadxs de Movimientos Sociales, con sede en Movement Law Lab, Section 27 y la secretaría de la Red-DESC – Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
