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El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha tenido un gran impacto en las leyes de propiedad intelectual (PI) a nivel global desde que se adoptó en 1994.
A pesar de su influencia y la evolución del contexto global en las últimas tres décadas, este acuerdo no ha sido objeto de revisión en los 30 años transcurridos desde su implementación, lo que ha generado crecientes demandas de actualización por parte de varios países.
Países en desarrollo, liderados por Colombia están presionando para llevar a cabo una revisión de este tratado. Argumentan que es necesario para enfrentar desafíos actuales en materia de salud, clima y tecnología. Colombia presentó formalmente esta solicitud en abril de 2024, apoyándose en el artículo 71.1 del Acuerdo sobre los ADPIC que advierte de una revisión periódica del mismo.
ADPIC y salud
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, se ha pronunciado sobre los ADPIC y ha afirmado que “esos son los acuerdos que operan para dar forma al sistema de patentes y, muy importante, a las salvaguardas a los mismos y las maneras de garantizar (o dificultar) el acceso a innovaciones biomédicas en determinadas circunstancias”. Ha asegurado además, que “el sistema actual de patentes no solo es que no haya evolucionado de forma muy notable en las últimas décadas, sino que además ni siquiera se han podido ir mejorando los cumplimientos de las salvaguardas ahí presentes para garantizar el acceso en el ámbito de los medicamentos de forma que estos acuerdos no colisionaran de forma dramáticamente mayúscula con los derechos de los pacientes a recibir un tratamiento”.
Reunión del Consejo
Durante la reunión del Consejo de los ADPIC de la OMC, celebrada en julio de 2024, Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) y Suiza, mostraron una fuerte oposición a la revisión propuesta. Estos países, que tienen interés en mantener el statu quo en las normas relativas a PI, bloquearon los procedimientos y discusiones necesarias para avanzar en la revisión. La resistencia de estas naciones refleja las complejidades políticas y económicas que rodean la modificación de este acuerdo.
“El Acuerdo sobre los ADPIC impuso cambios significativos en la legislación nacional sobre propiedad intelectual, que afectaron en particular a los productos farmacéuticos” ha asegurado Ellen t´Hoen, de Medicines Law and Policy. Esta afirmación subraya una de las críticas más importantes del acuerdo: su impacto en la accesibilidad de medicamentos esenciales en los países en desarrollo, una preocupación que ha cobrado mayor relevancia durante y después de la pandemia de COVID-19.
Argumentos de Colombia
Colombia ha señalado que el acuerdo, al establecer normas rigurosas, ha limitado la capacidad de los países para adaptar sus políticas de propiedad intelectual a sus necesidades y circunstancias específicas. Además, propone que la revisión del acuerdo se realice a partir de la recopilación de datos y métricas pertinentes que permitan evaluar su implementación y efectos, facilitando así un diálogo informado y transparente.
Colombia sostiene que después de 30 años de implementación, es crucial evaluar cómo las normas del ADPIC han afectado al comercio, a la innovación, a la salud pública y a las políticas industriales. Han asegurado que la revisión permitiría identificar áreas de mejora y actualizar el acuerdo para reflejar mejor las condiciones y necesidades actuales.
Se ha propuesto que la Secretaría de la OMC establezca un procedimiento similar al seguido en los Comités de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Colombia también sugiere la creación de un balance mundial sobre la concentración de la producción en sectores intensivos en conocimiento, el uso de licencias obligatorias y la residencia de los innovadores, entre otros aspectos.
La propuesta de Colombia para revisar el Acuerdo sobre los ADPIC representa un aviso sobre la necesidad de adaptar y modernizar las normas de PI en un mundo que ha cambiado desde 1994. La revisión del acuerdo podría marcar un paso crucial hacia una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema global de PI, beneficiando no solo a países en desarrollo, sino también al equilibrio general del comercio y la innovación a nivel mundial.
