SmartIP
Numerosos despidos de técnicos, profesionales y personal de apoyo se
están llevando a cabo en el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial de Argentina (INPI).
La
información en medios locales señala que más de 70 empleados han sido desplazados del
INPI desde comienzo de 2024 como consecuencia de las políticas de ajuste
de personal del gobierno que han generado al menos 11.000 despidos en la administración pública nacional,empresas públicas y organismos descentralizados. Otros 5.000 se llevan adelante con la finalización del mes de junio.
El desguace y purga iniciado en diferentes organismos del estado argentino afecta también al INPI y coloca en riesgo inminente la gestión de concesión de patentes de las empresas solicitantes de nuevos productos y procesos innovadores que son registrados en la Argentina.
Según Estados Unidos, menos personal afecta la concesión de patentes
A
pesar de los reclamos por falta de personal realizados por varias
organizaciones nacionales e internacionales para resolver el Backlog
(atraso) de expedientes existente en el INPI, su actual presidente, el
abogado Carlos
María Gallo, (agente de la propiedad industrial
al momento de asumir su cargo), se apresta a continuar con la
reestructuración y puesta en disponibilidad de especialistas y personal
de apoyo, según la denominada "ley Bases" aprobada en el Congreso Argentino.
En mayo de este año, Amcham y CAEME habían denunciado en la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos (USTR), por medio de su informe “Special 301” Report 2024, la falta crónica de examinadores de patentes en distintas áreas de la ciencia y la tecnología que afectaban directamente los intereses empresariales de los EEUU en biotecnología y farmacia.
"The National Institute of Industrial Property (INPI) continues to operate with a reduced number of patent examiners, with limited resources posing challenges to recruitment and retention."
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) sigue funcionando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que plantean desafíos para la contratación y la retención , asegura el informe.
"Para mejorar aún más la protección de las patentes en Argentina, incluso para las pequeñas y medianas empresas, Estados Unidos insta a Argentina a ratificar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes", agrega la USTR.
Según la Cámara de Comercio de EEUU AmCham, "la República Argentina se encuentra actualmente bajo uno de los regímenes de propiedad intelectual más restrictivos en el ámbito de las invenciones farmacéuticas y biotecnológicas, comparado incluso con países como Venezuela. Desde la emisión del Reglamento Conjunto N° 118/2012, 546/2012 y 107/2012 por los Ministerios de Salud e Industria y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) el 8 de mayo de 2012, no se ha tomado ninguna decisión política para revertir esta situación", afirmó en un comunicado el 2 de mayo de este año.
Que dicen entidades argentinas?
En contraposición, la Cámara de la industria farmacéutica -que reune laboratorios nacionales- considera que la USTR aceptó los argumentos esgrimidos por CILFA sobre el nivel de cumplimiento de las pautas de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) que garantizan la concesión de patentes a aquellos desarrollos (en especial farmacéuticos) que realmente son una innovación.
Las farmacéuticas lograron en 2012 que el gobierno argentino establezca Directrices de exámen de patentes que orienta a los especialistas del INPI a denegar aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos para que un compuesto farmoquímico pueda ser protegido de manera exclusiva al concederse un derecho exclusivo por 20 años.
Decenas de patentes que anualmente otorga el INPI a inventores de Centros de Investigación y Universidades (Conicet, UNL, UNSAM, UNTREF, UNC,etc)
como resultado de desarrollos tecnológicos en el país, corren peligro
por las políticas llevadas a cabo bajo un régimen de propiedad
industrial basado en el conocimiento de los especialistas que ahora se
enfrentan con una amenaza a su estabilidad laboral.