Carolina Botero Cabrera
Entre el 7 y el 11 de abril tuvo lugar en Ginebra la 46ª sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la OMPI. Y, como viene siendo habitual, la reunión terminó sin mayores avances concretos. Aun así, se mantienen algunas expectativas para la próxima cita en diciembre.
Es difícil reportar sobre este comité sin caer en la sensación de estar escribiendo lo mismo una y otra vez. Año tras año, las posturas de los Estados parecen no moverse, y los temas focales continúan atrapados en un espiral de debates. Sin embargo, siempre hay matices que merecen destacarse. La presidenta del Comité, Vanessa Cohen (Costa Rica), mostró voluntad en la conducción de las negociaciones, aunque las diferencias estructurales entre los países continúan siendo un obstáculo difícil de sortear.
Los dos grandes temas de la agenda –la protección de las señales de radiodifusión y las limitaciones y excepciones al derecho de autor– están atorados. El tratado sobre radiodifusión, que lleva casi 30 años en la agenda, mantiene a los países divididos. Mientras algunos consideran que ya es hora de convocar una conferencia diplomática para adoptarlo, otros insisten en que el texto requiere más discusión, varios de ellos piden con sensatez que se incluyan excepciones y limitaciones obligatorias. La presidencia presentará una nueva versión del proyecto de tratado para la próxima sesión.
Respecto a las limitaciones y excepciones para bibliotecas, archivos, instituciones educativas y personas con discapacidades, también las posturas están divididas. Mientras algunos países industrializados ya aceptan trabajar sobre principios generales y objetivos no vinculantes, algunos del Sur Global insisten en iniciar discusiones sustantivas sin prejuzgar el tipo de instrumento que podría adoptarse. La presidencia preparará un documento con propuestas concretas para destrabar este debate para diciembre, retomando el mandato de 2012 y el programa de trabajo aprobado en 2023.
Desde la Coalición por el Acceso al Conocimiento (A2K), que tengo el honor de coordinar a nivel global, acompañamos la participación activa de varias organizaciones. Education International, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, y PIJIP ya publicaron sus análisis de lo sucedido dónde señalan su preocupación por la falta de progreso en el tema de excepciones y recordaron que el derecho de autor debe responder al interés público y que las restricciones actuales afectan de forma especialmente severa a quienes más necesitan el acceso al conocimiento: bibliotecas, archivos, investigadores, docentes, estudiantes y comunidades vulnerables en el Sur Global. Algo similar se lee en el texto del South Centre.
Más allá de estos temas centrales hay otros en la agenda que ocupan menos tiempo. De esos quiero destacar como el GRULAC (grupo de países de América Latina y el Caribe) solicitó -una vez más- que se incluya el “derecho de autor en el entorno digital” como punto permanente del orden del día. La propuesta fue rechazada, principalmente por países desarrollados. No obstante, se acordó organizar una nueva sesión informativa sobre inteligencia artificial (IA) en diciembre.
Llama la atención que en esta sesión como en la de hace un año, la IA (especialmente la generativa) se convirtió en protagonista. Hace un año, la OMPI realizó un evento oficial centrado en la visión de los titulares de derechos. Mientras tanto en esta ocasión fueron tres los eventos paralelos (no oficiales) que ofrecieron otras miradas, más cercanas al interés público y a los desafíos del Sur Global.
El primero, “Promoviendo la IA para el bien en el Sur Global”, expuso las dificultades que enfrentan países de África y América Latina para desarrollar tecnologías propias, en especial en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Se habló de barreras estructurales, como el acceso a datos y la incertidumbre legal en materia de derechos de autor.
El segundo evento, “Derecho de autor e IA: no es solo sobre las industrias culturales”, puso el foco en la necesidad de que los Estados encuentren soluciones legales que permitan el uso de datos para fines públicos, como la salud o la educación. Fue una invitación a pensar en marcos jurídicos que equilibren la protección de los derechos con el acceso a la información y el bien común.
Y el tercero “¿Quién está escribiendo?, derechos y responsabilidades en un mundo movido por IA” abordó la intersección entre la IA, la escritura y los derechos de autor, en él se discutió la naturaleza de la producción de texto usando IA generativa y las implicaciones para los derechos de autor y las responsabilidades en este nuevo panorama.
La próxima sesión del SCCR será en diciembre. Me pregunto si se superará el estancamiento en la agenda de excepciones y limitaciones y se avanzará hacia soluciones que reflejen un verdadero compromiso con el acceso al conocimiento, la inclusión y la justicia global. Y, claro, cómo -o sí- la OMPI abordará la creciente presión para dar respuestas regulatorias a los retos de la IA.
