Redacción
Buenos Aires, [27 de agostp de 2025] – Con un fuerte impulso de los bloques opositores y bajo la presión constante de los principales sindicatos del país, el Congreso de la Nación se encamina a derogar uno de los artículos más controvertidos de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Se trata específicamente del artículo 52 de la ley 27.742, una de las cláusulas que el propio Presidente Javier Milei defendió con énfasis y que le otorgó la herramienta legal para dejar en "situación de disponibilidad" a una gran cantidad de empleados públicos, un estatus que suspendía sus funciones y reducía sus salarios de manera significativa, considerado por muchos como el preludio de un despido.
La iniciativa para eliminar este artículo ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, allanando el camino para su tratamiento en el recinto. El proyecto de derogación es una respuesta directa a la ola de críticas y movilizaciones lideradas por gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes denunciaron que el gobierno utilizaba esta herramienta para llevar adelante una "purga" en el Estado, eliminando puestos de trabajo y persiguiendo a trabajadores por razones políticas.
Los argumentos a favor y en contra
Desde el oficialismo y los espacios aliados, se defendió el artículo 52 como una pieza fundamental para cumplir con la promesa de campaña de reducir el gasto público y "sincerar" el tamaño del Estado, eliminando lo que califican como puestos innecesarios o que fueron creados con criterios políticos durante gestiones anteriores.
Sin embargo, para la oposición y las centrales sindicales, la norma era abusiva y violaba derechos adquiridos. Argumentan que la figura de la "disponibilidad" se aplicó de manera arbitraria, sin los debidos procesos administrativos, afectando no solo la estabilidad laboral de miles de familias sino también la continuidad de servicios esenciales del Estado.
"Lo que se votó fue un dictamen que deroga el artículo 52, que era el instrumento que estaba utilizando el Poder Ejecutivo para generar despidos encubiertos y persecución política dentro de la administración pública nacional", explicó un legislador opositor tras la reunión de comisión.
Próximos pasos
Con el dictamen ya obtenido, se espera que en las próximas semanas el proyecto de derogación sea girado para su debate en el recinto de Diputados. Allí, la oposición, que cuenta con la mayoría necesaria, podría convertirlo en ley, lo que representaría un duro revés para el plan de ajuste del Presidente Milei y marcaría una clara limitación a sus facultades para reformar el Estado por decreto.
La derogación pondría un freno inmediato a nuevos pases a disponibilidad bajo esa figura legal y reactivaría el debate sobre el reintegro o la situación definitiva de los trabajadores que ya fueron afectados por esta medida, un tema que promete seguir generando fuertes tensiones entre el gobierno, los sindicatos y el poder legislativo.
