Por Enrique Vals Rodriguez
Un reciente acuerdo entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina y la plataforma Mercado Libre ha generado un intenso debate sobre la concentración de poder en el sector del comercio electrónico y los riesgos para los derechos de propiedad intelectual.
Según denuncias publicadas por medios locales, este convenio no solo consolida el dominio casi absoluto de Mercado Libre en el mercado digital argentino, sino que también podría facilitar la vulneración de marcas y patentes, perjudicando a pequeños y medianos emprendedores.
El acuerdo, presentado como una medida para “agilizar” los reclamos por infracciones a la propiedad intelectual, en realidad otorga a la plataforma facultades cuasi regulatorias, permitiéndole intervenir en disputas legales sin supervisión judicial independiente. Críticos señalan que esto convierte a Mercado Libre en juez y parte, ya que la empresa podría privilegiar sus intereses comerciales o aplicar criterios arbitrarios al resolver conflictos entre vendedores.
Monopolio y Ausencia de Competencia
Mercado Libre controla más del 80% del comercio electrónico en Argentina, una posición dominante que ya ha sido cuestionada por organizaciones de defensa de la competencia. El convenio con el INPI refuerza esta hegemonía, ya que otras plataformas no tienen acceso a mecanismos similares de arbitraje rápido, lo que las coloca en desventaja. Para especialistas consultados, esto viola principios de libre competencia y consolida un modelo de mercado digital centralizado, contrario a las prácticas internacionales que promueven la diversidad de actores.
Riesgos para la Propiedad Intelectual
Organizaciones de pequeños empresarios y creadores advierten que el acuerdo podría debilitar la protección de marcas. Al depender de algoritmos y sistemas automatizados de Mercado Libre, aumentan los casos de falsos positivos: productos legítimos removidos por acusaciones infundadas, mientras actores con mayor poder económico eluden sanciones. Además, el INPI —ente público— delega en una empresa privada funciones que corresponden al Estado, generando un conflicto de interés y un vacío de garantías para los usuarios.
Respuesta Oficial y Silencio de las Autoridades
Ante las críticas, el INPI defendió el convenio como un “avance tecnológico”, pero evitó explicar cómo se auditará la imparcialidad de las decisiones. Por su parte, Mercado Libre aseguró que el acuerdo “beneficia a los vendedores”, aunque no aclaró qué mecanismos impedirán el abuso de su posición dominante. Organismos como la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y la Defensoría del Pueblo aún no se han pronunciado, lo que ha sido interpretado como una falta de voluntad para confrontar el poder corporativo.
Privatización de la Justicia y Desprotección
Este caso refleja un patrón preocupante en América Latina: la privatización de funciones estatales en favor de gigantes tecnológicos, bajo la excusa de la “eficiencia”. La falta de transparencia y control democrático en acuerdos como este no solo amenaza la propiedad intelectual, sino que socava la soberanía económica. Urge una intervención legislativa y judicial para evitar que el monopolio de Mercado Libre se convierta en una herramienta de censura comercial.
