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En más grandes noticias para los procedimientos posteriores a la concesión, los Estados Unidos La Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) anunció que el Director John A. Squires determinará personalmente si instituirá el procedimiento de Revisión de Inter Partes (DPI) y posterior a la revisión de las subvenciones (PGR). El cambio, a partir del 20 de octubre de 2025, centraliza la autoridad que se había delegado en la Junta de Juicio y Apelación de Patentes (PTAB) desde que se promulgó la Ley de Inventos de América (AIA).
En una carta abierta, el Director Squires presentó la decisión como un paso necesario para alinear los procedimientos de la oficina con el diseño legal y abordar las preocupaciones de cara al público sobre el proceso de PTAB (Carta, p. 1). A partir del 20 de octubre de 2025, el Director, en consulta con un panel de tres jueces, decidirá sobre la institución para todas las peticiones de DPI y PGR (Memorandum, pp. 1-2).
Este anuncio se produce un día después de que la Oficina retirara un paquete de reglamentación de 2024 y luego anunciara un nuevo Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) destinado a desafiar los derechos de propiedad intelectual contra la misma patente. Algunas partes interesadas pueden ser escépticas, pero el resultado final parece ser menos instituciones de ensayos de AIA en todos los ámbitos.
La justificación declarada del director
La principal justificación ofrecida para el cambio es el lenguaje sencillo de la AIA. La carta abierta enfatiza que bajo 35 U.S.C. § 314 (a), el Congreso otorgó autoridad a la institución directamente en el Director de la USPTO (Carta, p. 1). El estatuto dice: “El Director no puede autorizar una revisión inter partes para ser instituida a menos que el Director determine que la información presentada en la petición ... muestra que existe una probabilidad razonable de que el solicitante prevalezca” (Carta, p. 1).
Según la carta abierta, mientras que los directores anteriores delegaron esta función en los paneles de PTAB, el Director “retiene la autoridad plena y concurrente” sobre estas decisiones (Carta, p. 1). La nueva política se describe como la restauración del “marco estatutario ordenado por el Congreso” (Carta, p. 3).
El Director también señaló las “preocupaciones estructurales, perceptivas y de procedimiento” que surgieron del modelo delegado (Carta, p. 1). Las cuestiones clave citadas en la carta abierta incluyen:
Percepción del sesgo: Un sistema donde el PTAB decide si instituir un caso y luego lo adjudica ha creado una “aparición de que las decisiones de la institución afectan el tamaño del expediente, el crédito y la asignación de recursos” (Carta, p. 2). Esto invitó a la preocupación de que la Junta Directiva pudiera estar “‘llenando su propio expediente’”, lo que “socava la confianza del público” (Carta, p. 2).
Altas tasas de institución: Los procesos de revisión bifurcados pasados inadvertidamente llevaron a “tasas de instituciones extraordinariamente altas (en un punto superior al 95 por ciento) para los casos remitidos” (Carta, p. 2).
Responsabilidad: La nueva estructura devuelve la rendición de cuentas por la decisión de la institución umbral al Director, un “oficial designado por el Presidente y confirmado por el Senado”, según lo previsto por la AIA (Carta, p. 2).
El objetivo declarado es “eliminar la apariencia de interés propio separando el poder de instituir del cuerpo que lleva a cabo el juicio” y “mejorar la transparencia y la confianza pública a través de una sola línea de autoridad” (Carta, p. 2).
El nuevo proceso de la institución
Un memorando emitido a los jueces de la PTAB describe el nuevo procedimiento. A partir del 20 de octubre de 2025, el Director decidirá sobre la institución para todas las peticiones de derechos de propiedad intelectual y PGR (Memo, p. 1). Este proceso se basa en los “Procesos Provisionales” establecidos en marzo de 2025 para manejar las denegaciones discrecionales (Memo, p. 1).
En el nuevo marco:
El Director, en consulta con “al menos tres jueces de PTAB”, determinará si instituye un juicio (Memo, p. 1).
En la mayoría de los casos, el Director emitirá una “notificación de resumen” a las partes que otorgan o deniegan la institución (Memo, p. 2).
Para procedimientos con “cuestiones de hecho o legales novedosas o importantes”, el Director puede emitir una decisión escrita más detallada (Memo, p. 2).
Cualquier juicio instituido será remitido a un panel PTAB de tres miembros para su adjudicación (Memo, p. 2).
Este nuevo procedimiento reemplaza la práctica anterior de remitir las decisiones de la institución basadas en el mérito a un panel de PTAB (Memo, p. 2).
Cómo esto se diferencia de la política de marzo de 2025
Esta nueva directiva es una expansión significativa de la política “interina” establecida por el ex director interino Coke Morgan Stewart a fines de marzo de 2025. Esos “Procesos provisionales para la gestión de la carga de trabajo de PTAB” bifurcatedbifurcaron la decisión de la institución (Stewart Memo, p. 1).
En virtud de ese proceso, el Director sólo revisaría las peticiones de consideraciones discrecionales (como los factores Fintiv) (Stewart Memo, p. 1). Si una petición no fuera rechazada discrecionalmente, el Director “remitiría la petición a un panel de tres miembros del PTAB”, que luego llevaría a cabo su propia revisión y emitiría una decisión sobre el fondo de la institución (Stewart Memo, p. 1).
La nota de octubre del director Squires cambia explícitamente esto. La nueva política “supera a los Procesos Provisionales” al eliminar por completo el panel PTAB de la decisión de la institución (Memo, p. 2).
En lugar de un proceso de dos pasos (Director de discreción, PTAB sobre méritos), el nuevo procedimiento consolida tanto andlas revisiones discrecionales como las basadas en los méritos en una sola decisión tomada por el Director (Memo, pp. 1-2).
Análisis: Opiniones competitivas
La decisión de centralizar la autoridad institucional ha generado diversas reacciones en todo el panorama de la P.I., reflejando diferentes perspectivas sobre el papel de las revisiones de la AIA.
Los defensores, principalmente propietarios de patentes y grupos de inventores, ven esto como un paso positivo hacia el fortalecimiento de los derechos de patente. Argumentan que la centralización de las decisiones conducirá a una aplicación más consistente y predecible de los estándares de negación discrecional. Esto podría reducir la frecuencia de los desafíos repetitivos contra la misma patente, reduciendo así los costes para los titulares de patentes y reforzando el valor percibido y la fiabilidad de las patentes emitidas.
Por el contrario, los críticos de la medida, a menudo incluyendo compañías de tecnología y otros peticionarios frecuentes de DPI, expresan su preocupación de que consolida demasiado poder en un solo funcionario, políticamente designado. Argumentan que esto podría hacer que sea más difícil impugnar e invalidar las patentes débiles, lo que podría permitir a las entidades no practicantes (NPE) afirmar afirmaciones cuestionables con menos riesgo de una revisión administrativa. Esto podría, a su vez, conducir a un aumento de los costos de litigios y licencias para los infractores acusados.
Dar un paso atrás, concentrar todas las decisiones de la institución dentro de la oficina del Director podría crear un posible cuello de botella. Si bien el Director consultará con los jueces de PTAB, la decisión final recae en una persona, lo que puede afectar la puntualidad de las decisiones.
Además, el plan para usar “avisos de resumen” para las decisiones de rutina puede frustrar a las partes (Memo, p. 2). Sin un análisis detallado, los peticionarios y los propietarios de patentes pueden tener dificultades para comprender la base de una decisión, obstaculizando su capacidad para adaptar estrategias futuras. También podría ralentizar el desarrollo de precedentes sobre cuestiones clave de las instituciones.
Conclusión
La decisión del director Squires de reclamar la autoridad de la institución es uno de los cambios estructurales más significativos en los juicios de AIA desde su creación. La medida, combinada con el nuevo NPRM, se entiende como respuesta a años de retroalimentación y crítica de la comunidad de titulares de patentes con respecto a la equidad e integridad del sistema PTAB.
El impacto final de este cambio de política es objeto de un debate considerable. Queda por ver si estabilizará el sistema de patentes promoviendo la equidad y la previsibilidad, como pretende el Director, o si protegerá las patentes débiles del escrutinio y alterará el panorama de los litigios.
La comunidad de propiedad intelectual estará observando de cerca cómo este nuevo proceso afecta las tasas de las instituciones, los plazos de decisión y la previsibilidad general de los desafíos posteriores a la concesión a medida que se implementa este nuevo proceso.
