Por Ianina Harari y Gonzalo Sanz Cerbino*
El gobierno nacional presentó el presupuesto 2026, en el que proyecta continuar con la política de ajuste sobre el sistema nacional de ciencia y técnica. En lo que va de su mandato, el gobierno incumplió la ley de financiamiento del sistema científico y ahora pretende derogarla para llevar la inversión en el sector a mínimos históricos
Estos guarismos (en bajada) incumplen la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que estableció que el presupuesto debía incrementarse progresivamente y en caso de que ello no fuera posible, debía al menos garantizarse las mismas partidas que el año anterior. Así, en 2024 se debía asignar un 0,45% del PBI, en 2025, un 0,52%, y ese número seguiría creciendo hasta alcanzar el 1% en 2032. Dado que el gobierno no tiene intención de destinar fondos al sector, en el presupuesto presentado para 2026 plantea la derogación de la esta ley.
En Diputados, se aprobó la Ley de Declaración de Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estipula el cumplimiento del financiamiento comprometido en la Ley de Financiamiento que garantiza el incremento progresivo y sostenido de los recursos destinados a fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, a propuesta de ATE Conicet Capital Federal, se incorporó un artículo que garantice la recomposición salarial del personal del sistema de ciencia y técnica a niveles de diciembre de 2023, para recuperar la pérdida acumulada por el ajuste de este gobierno.
El desmantelamiento de la ciencia nacional. El desfinanciamiento del sistema científico nacional está provocando su muerte lenta, pero segura. Si tomamos como ejemplo el organismo más grande del sector, el Conicet, veremos la dimensión del ajuste. El recorte que sufrió en términos reales fue de un 40% desde que asumió Milei. Las consecuencias fueron devastadoras: una caída del poder adquisitivo de los salarios del 36% y una parálisis del financiamiento de la actividad. Esto último implica que hay subsidios que no se están pagando, incumpliendo con obligaciones legales. Además, existen fondos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Agencia I+D+I, cuyo paradero se desconoce. Se han hecho denuncias ante el BID y ante la justicia para que el gobierno explique dónde están esos fondos, pero los funcionarios se niegan a todo diálogo y a dar explicaciones, al punto que apelaron el fallo que los obligaba a dar información sobre el tema.
A estos problemas se sumaron otros. Hubo un recorte en los cupos de becas y de ingresos a la carrera de investigador científico. En el último concurso de ingresos se había establecido que ingresarían 850 personas, pero solo seleccionaron 400. En la carrera de personal de apoyo hay concursos frenados, lo que dificulta el sostenimiento del trabajo diario en los institutos. Además, hay 1.300 personas que ganaron concursos de ingreso para las carreras de investigador y personal de apoyo en años previos que se encuentran esperando aún que se les otorgue el alta.
Otra dimensión del ajuste es el deterioro edilicio. La falta de presupuesto para mantenimiento repercute en condiciones de trabajo deplorables. Por ejemplo, en la sede central de Conicet, donde trabaja la mayor parte del personal administrativo con salarios de miseria, hay una larga lista de problemas: los baños son clausurados por falta de mantenimiento; los aires acondicionados no funcionaron durante el verano y aún siguen sin ser arreglados; faltó el agua potable durante semanas; se producen desperfectos eléctricos que obligan a evacuar el edificio; hay paneles en el techo que están a punto de caerse en la cabeza de los trabajadores y nadie los arregla; hubo una invasión de ratas porque se había cortado el servicio de desratización, entre otros.
Como consecuencia de estas condiciones, se perdieron más de 1.700 puestos de trabajo en Conicet y muchos de ellos fueron renuncias de personas que en la mayoría de los casos emigran en busca de mejores oportunidades. Eso sucede porque en Argentina, y en casi todo el mundo, es la inversión pública en Ciencia y Teconología (CyT) lo que motoriza la actividad.
Los libertarios suelen argumentar que el gasto en CyT del Estado argentino es excesivo. Pero una comparación internacional desmiente rápidamente ese argumento. Para tener una referencia de países desarrollados, la inversión pública en CyT como porcentaje del PBI es del 1,12% en Corea, del 0,94% en Alemania y del 0,72% en Estados Unidos. En un país vecino como Brasil, esa cifra alcanza el 0,63%.
La destrucción del sistema de CyT tendrá consecuencias irreparables en cuanto a pérdida de capacidades científicas y tecnológicas del país, y sobre todo de recursos altamente capacitados y líneas de investigación que se verán truncadas. Es probable que de continuar la caída salarial y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la fuga de científicos se acreciente. Al igual que con otros sectores, el gobierno recorta en un área clave para el desarrollo del país.
El dinero que se ahorra con la motosierra no va para mejorar la vida de la población sino para recortar impuestos a los más ricos. La CyT argentina no se financia con el IVA del arroz, sino con una parte de las ganancias de gente que colecciona autos de lujo. La CyT en cambio, busca soluciones a problemas médicos, biológicos, económicos, sociales, tecnológicos, entre otros, que benefician al conjunto de la población.
*Investigadores Ceics. Miembros de Vía Socialista.
