Por Mariano Obarrio
Pese a la euforia en la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei dejó trascender que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump le exigió al presidente argentino la semana última en Nueva York que nuestro país comience a respetar las patentes (propiedad intelectual) en el mercado de los medicamentos y de los productos agropecuarios a cambio de fuerte apoyo financiero que anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"El tema lo estuvo llevando el Ministerio de Economía y la Secretaría de Producción, de Pablo Lavigne", aseguraron a iProfesional fuentes de la Casa Rosada. Pero en Economía y Producción no respondieron a las consultas.
Ese conflicto apareció siempre en las conversaciones de las segundas líneas, no en la cumbre entre Trump y Milei, que duró unos pocos minutos. Surgió en las conversaciones entre el secretario del Tesoro, Marco Rubio, y el canciller Gerardo Werthein, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
Según confiaron a iProfesional fuentes diplomáticas y políticas del gobierno, ese conflicto domina todas las conversaciones entre la Argentina y los Estados Unidos en todos los niveles. Desde 2012, los laboratorios de la Argentina no pagan regalías por usar fórmulas de medicamentos o de productos agropecuarios.
No podía estar ausente en el anuncio de Trump y de Bessent, que le dieron un rotundo respaldo a Milei y a Caputo con la negociación de un swap de 20.000 millones de dólares, de la compra de bonos soberanos argentinos y de un préstamo "stand by" de un monto, plazo y tasas indefinidos. Todo se pondrá en marcha si Milei gana las elecciones del 26 de octubre próximo y si reformula un esquema de gobernabilidad para llevar adelante las reformas laboral, tributaria y previsional, que fue lo primero que anunció Milei en su presentación el sábado en la Feria Internacional de Turismo en el predio de La Rural.
Exigencia de Donald Trump a Javier Milei: el respeto de Argentina a la ley de patentes
Pero ahora se conoció una cláusula que estaba oculta, además del desplazamiento de China de todos los negocios estratégicos para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, como la disputa por el 5G, las tierras raras, minería, energía, petróleo, bases espaciales, pesca, represas, centrales nucleares, el paso a la Antártida y el desarme del swap chino.
Se sumó a toda esa lista otra exigencia: el respeto de la Argentina a la ley de patentes que el Congreso votó durante el gobierno de Carlos Menem y que desconoció con una serie de normas de 2012, sancionadas por el exministro de Salud kirchnerista, Juan Manzur, ahora senador por Tucumán.
Los laboratorios y empresas extranjeras afectadas presionan al gobierno de los Estados Unidos que introduzca esa condición en todos los acuerdos con nuestro país porque las pérdidas son multimillonarias. El pedido en concreto es que las empresas argentinas paguen regalías por inventos de los laboratorios de los Estados Unidos y otros países.
Incluso la embajada de los Estados Unidos en la Argentina siempre tuvo en la mira a la feria de La Salada, donde se venden marcas extranjeras de ropa falsificadas.
El gobierno de Javier Milei declama su defensa por la propiedad privada, pero hay fuertes divisiones internas en la administración respecto de la propiedad intelectual, o sea la propiedad sobre los inventos o fórmulas de la industria farmacéutica, una de las más influyentes en la política local.
Los laboratorios argentinos están nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), los extranjeros en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). Dentro del gobierno de Milei, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, está más cerca de la postura de Caeme, en cambio, el de Salud, Mario Lugones, tiene fuerte relación con los laboratorios locales. Lugones por ahora tiene el apoyo de la Secretaria General, Karina Milei, del asesor presidencial Santiago Caputo, y del propio Milei.
El acuerdo con el Tesoro le mete presión al lobby de Cilfa, que se resiste a pagar las regalías. La Argentina es de los pocos países del mundo que no firmó el tratado de patentes por presión de los laboratorios locales.
En su visita en abril, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había pedido al Gobierno que ponga su firma en el Patent Cooperation Treaty (PCT, tratado de protección de patentes) que agrupa a más de cien países.
Entre los no firmantes están por ejemplo Venezuela y China. Entre los que impulsaban la firma del PCT estaba la ex canciller Diana Mondino, que argumentaba que había que respetar la propiedad privada como gobierno libertario. Pero siempre tuvo la bolilla negra de Milei, Caputo y Lugones y algunos señalan que pudo ser una de las causas de su salida.
Los laboratorios, parte de un conflicto interminable en la era Milei
En el gobierno de Milei, los laboratorios son parte de un conflicto interminable. El Presidente, su hermana Karina Milei y su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem están denunciados ante el juez federal Sebastián Casanello por las coimas por los medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad que dirigía Diego Spagnuolo, que las reveló en indiscretas conversaciones que fueron grabadas y filtradas a la prensa.
Con los laboratorios medicinales, el gobierno de Milei asume un fuerte proteccionismo que no demuestra para otros sectores de la industria, como la metalúrgica, el acero, el hierro, el aluminio, la metalmecánica, alimenticia, textil o de electrodomésticos. Sturzenegger quería firmar una resolución para desactivar las normas de Manzur de 2012, pero tuvo fuertes presiones para archivarla.
Tal como anticipó iProfesional el 12 de abril último, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había ya traído el pedido de Trump para que el país cumpla con la ley de patentes y en especial en el sector de medicamentos.
Esta ley fue restringida por tres resoluciones en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Nunca más se revirtieron esas limitaciones a las patentes que permiten a los laboratorios argentinos copiar remedios y no pagar regalías.
El proyecto de resolución de Sturzenegger llegó a revisarse en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Milei para derogar la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre "las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas". Estas últimas resoluciones dan por tierra con la ley de patentes del menemismo, que también había sido reclamada por los Estados Unidos en la época de las "relaciones carnales" a través del embajador Terence Todman.
La derogación de esas resoluciones supone que los laboratorios nacionales dejen de copiar y comercializar remedios inventados por laboratorios extranjeros sin pagar regalías por 20 años como estos piden.
Este pedido es parte de una larga lista del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Ludnick, y ya en aquel momento Bessent puso esta condición, respetar las patentes, como parte de un posible rescate financiero en caso de ser necesario, que fue lo que se anunció la semana última. Ahora en la Casa Rosada nadie quiere levantar el tono sobre este delicado choque de intereses de los laboratorios.
