Las discusiones sobre la reforma administrativa, nuevamente en la agenda del Congreso Nacional a través de un Grupo de Trabajo (GT) en la Cámara de Diputados, representan un riesgo real e inminente de contratiempo para la administración pública y para el Estado brasileño. Aunque la infame PEC 32/2020 de Jair Bolsonaro ha sido archivada, su esencia ahora resucita con una nueva estrategia: un enfoque rebanado y una retórica de modernización que enmascara los viejos intereses neoliberales de debilitar el Estado y la precariedad laboral.
La retórica de la "eficiencia" y la manifestación disfrazada
La nueva narrativa abandona el tono abiertamente fiscalista del pasado y adopta términos como la "eficiencia", la "meritocracia", y la gobernabilidad. Sin embargo, como señalan los analistas, se trata de una fachada de la misma agenda: facilitar las garantías de los empleados, socavar la estabilidad y expandir la precariedad. Es una reforma llevada a cabo en capítulos, con apariencia moderada, pero con un profundo y peligroso potencial transformador.
El hecho de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gestión e Innovación (MGI), no haya presentado su propia propuesta da a los parlamentarios, muchos alineados con una visión conservadora y un estado mínimo, mayor libertad para guiar un desmantelamiento. Más que eso, abre espacio para profundizar en el aparato del Estado, con la contratación precaria y electoral, además de imponer una agenda de privatizaciones, prediciendo el acceso a los servicios públicos para millones de ciudadanos que no son "clientes rentables" para grandes conglomerados.
Los Pilares amenazados por la Reforma
Los críticos se centran en los ejes que atacan directamente la estructura de un servicio público profesional e impersonal:
Relativización de la estabilidad: Lejos de ser un privilegio, la estabilidad es un pilar del estado republicano. Garantiza al servidor la autonomía necesaria para resistir las presiones político-partidistas y tomar decisiones técnicas de interés público, asegurando la continuidad de las políticas estatales. La propuesta actual no busca extinguir explícitamente la estabilidad, sino vaciarla por medios indirectos. La ampliación de los contratos temporales y, especialmente, la aplicación de evaluaciones de desempeño con criterios subjetivos y sin control social pueden convertirse en poderosas herramientas de persecución política, creando un entorno de miedo que inhibe la independencia técnica.
Ampliación de la contratación temporal: Una de las estrategias más dañinas es la propuesta de ampliar los contratos temporales hasta diez años. En la práctica, esto crea un mecanismo para sustituir los servidores de carrera, admitidos por la licitación pública, los trabajadores con menos derechos, menos protección y mayor vulnerabilidad. Esta medida no sólo precarifica el trabajo, sino que compromete la memoria institucional y la calidad de los servicios prestados a la población a largo plazo, debilitando el concepto mismo de un Estado como exfiscal de las políticas permanentes. En la práctica, transforma el servicio público en una gran percha de empleos, sin un proyecto nacional, que cambia según el estado de ánimo electoral. Su objetivo, con la relativización de la estabilidad, permitir que se impongan decisiones arbitrarias e incluso ilegales a la administración pública, casi sin resistencia.
Selectividad en los "Prerrogativas de lucha": La reforma demuestra una evidente hipocresía al apuntar a la base del funcionalismo mientras ignora los verdaderos privilegios. Temas como los supersalarios de altas carreras del Poder Judicial, Legislativo y Ministerio Público, que eluden el techo constitucional con dispositivos legales, permanecen intactos. No tocan los privilegios de diputados y senadores, que tienen todos los lujos posibles. Del mismo modo, los privilegios de los militares, especialmente las altas patentes, siguen los vehículos blindados. Esta selectividad revela que el discurso de "privilegios de combate" es una herramienta retórica para justificar el ataque a servidores comunes, para desmantelar las estructuras de atención a la población y no un esfuerzo genuino de equidad.
En una clara paradoja, mientras se dice que la modernización de la gestión, los temas esenciales para cualquier estructura organizativa del siglo XXI se olvidan convenientemente. La principal es la negociación colectiva. Aunque es un derecho previsto en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por el Brasil (como el Convenio 151 de la OIT), su reglamento sigue retrasándose. Una verdadera modernización reconocería a los servidores como interlocutores legítimos en la construcción de políticas, superando la imposición unilateral de normas.
Hay un camino alternativo
El debate promovido por el GT ignora que ya hay medidas de mejora en curso que no requieren una reforma constitucional drástica y arriesgada. La ministra Esther Dweck (MGI) sigue conspirando con estas medidas de desmantelamiento, a pesar de haber señalado al inicio del Gobierno de Lula, un conjunto de actuaciones, como la licitación pública unificada, la reestructuración de las carreras y la actualización de los programas de gestión y actuación, que se estaban discutiendo con los trabajadores.
La reforma que realmente necesita Brasil, como defienden los expertos, es la que se centra en servir a la mayoría de la población, que depende de servicios públicos de calidad, es decir, de la clase trabajadora, no de los grandes grupos económicos que se benefician de la explotación depredadora de estos servicios. El objetivo debe ser fortalecer las políticas que mejoran efectivamente la vida de las personas, no su aplastamiento para satisfacer los intereses del mercado.
Ante este escenario, la articulación y unidad entre las diversas entidades de la clase obrera, especialmente los sindicatos de funcionarios y otras categorías, además de organizaciones estudiantiles y populares, se vuelven urgentes. La estrategia de cortar la reforma requiere una vigilancia constante y una acción coordinada para disputar el modelo de Estado que uno quiere construir. La defensa del servicio público no es una agenda corporativa, sino una bandera en defensa de la democracia, la justicia social y un proyecto de nación soberana.
No una reforma administrativa.
