Por Larry Wilson
El documento de presupuesto presentado para 2026 sobre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) parece, más que un plan estratégico sólido, un listado de buenas intenciones desconectado de la realidad operativa del organismo. ¿Cómo se podrán cumplir con los acuerdos comprometidos por el gobierno de Milei con el gobierno de los Estados Unidos.?
Un análisis del presupuesto enviado al congreso argentino nos demuestra lo siguiente:
1. Tasas desactualizadas y falta de política de ingresos
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El INPI recauda por tasas de inscripción y mantenimiento aunque no puede disponer de los recaudado.
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Sin embargo, el presupuesto proyecta ingresos por $20.410 millones sin contemplar ninguna actualización real de aranceles, que siguen retrasados frente a la inflación acumulada.
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Esto implica que el superávit que figura en las cuentas es un espejismo: se logra con tasas irrisorias en dólares que no guardan relación con los estándares internacionales.
2. Ausencia de autarquía y dependencia política
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A pesar de mostrar un superávit operativo de $6.617 millones, el INPI no puede reinvertirlo en mejorar su funcionamiento porque carece de autarquía.
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Los recursos excedentes se absorben en el Tesoro Nacional, dejando al organismo crónicamente atado a la ineficiencia y a la falta de planificación.
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En lugar de plantear una agenda de independencia institucional, el documento se limita a repetir objetivos retóricos.
3. Backlog de patentes: el elefante en la sala
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El INPI acumula miles de solicitudes pendientes de resolución, con demoras que superan los 5 años en algunos casos.
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El documento menciona metas numéricas (1.507 concesiones de patentes previstas) que son irrisorias frente a la magnitud del atraso.
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No hay un plan concreto ni medidas excepcionales para atacar el backlog histórico, que es el principal cuello de botella para innovadores, laboratorios y universidades.
Los salarios de los examinadores de patentes son de los más bajos comparados con otras oficinas de marcas y patentes de la región.
4. Gasto cuestionable en alimentación
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Resulta inexplicable que dentro de un organismo técnico-jurídico como el INPI se consignen $689 millones en productos alimenticios, agropecuarios y forestales.
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¿Se trata de viandas, comedores internos, contrataciones opacas? La partida carece de justificación en un presupuesto que debería priorizar tecnología, digitalización y capacitación.
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Este gasto mina la credibilidad de la planificación financiera y da señales de mala asignación de recursos con probables sesgos de corrupción.
5. Inflación de objetivos burocráticos
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El documento de presupuesto 2026 abunda en frases vacías como “fortalecer la federalización de los servicios” o “profundizar la cooperación internacional”, pero no incluye metas verificables ni cronogramas.
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Se anuncian capacitaciones, talleres y seminarios sin indicadores de impacto.
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En la práctica, parece más un manual de relaciones públicas que un plan presupuestario serio.
6. Falta de priorización estratégica
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Se enumeran como objetivos tanto la compra de equipos de computación como la firma de convenios internacionales, pero no se jerarquiza qué problemas son urgentes.
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El núcleo de la misión del INPI (resolver solicitudes con rapidez y calidad) queda relegado.
En lugar de presentar un plan transformador, se limita a sostener la inercia de un modelo administrativo burocrático que desalienta la innovación y deteriora la confianza de las empresas —nacionales y extranjeras— en el sistema de propiedad industrial argentino.
Con este presupuesto y los funcionarios que lo llevan a cabo, difícilmente pueda cumplirse con las exigencias planteadas por nuestro país en el Informe Especial 301, como por ejemplo la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o la eliminación de las guías de examen de patentes químico-farmacéuticas.
