Por Mariano Obarrio / iProfesional
El triunfo de los Estados Unidos en la discusión por las patentes fue total. El gobierno de Donald Trump obligó al de Javier Milei a respetar la propiedad intelectual de los medicamentos y agroquímicos, marcas y derechos de autor con lo cual, entre otros, los laboratorios argentinos no podrán copiar más las fórmulas e invenciones que quedarán protegidas en el país de la violación de esas patentes en que se incurre desde 2012.
Tal como anticipó iProfesional en septiembre de 2025, en el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones entre la Argentina y los Estados Unidos obligó a la Argentina a no permitir a los laboratorios locales copiar la fórmula patentada en materia remedios y de agroquímicos, lo cual será un fuerte golpe para los laboratorios locales.
"Fue un acuerdo favorable a los Estados Unidos en toda la linea", dijo a iProfesional un diplomático especialista en comercio internacional e inversiones. Se sabe que el respeto a las patentes fue el requisito clave para el apoyo financiero del gobierno de Trump a Milei en 2025.
Tambien, el acuerdo comprometió a la Argentina a tomar durísimas medidas contra la falsificación de marcas, que afectarán a ferias como La Salada y todas aquellas ventas de marcas falsificadas o "truchas" y tendrá que respetar a rajatabla el derecho de autor (copyright).
Los laboratorios extranjeros, especialmente norteamericanos, alemanes, suizos o británicos, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), celebraron automáticamente el extenso capítulo del acuerdo bilateral que protege la propiedad intelectual.
"Celebramos el anuncio de la Cancillería sobre la firma del acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos" como "una señal sumamente relevante para profundizar el entendimiento entre ambos Estados, ampliar oportunidades y consolidar una agenda de apertura comercial bilateral orientada al crecimiento y a la integración internacional", señaló el texto de Caeme.
El gobierno de Milei tendrá que cumplir requisitos durísimos y muy complejos políticamente:
Se comprometió a derogar la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento dictada en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012 que anuló en los hechos la ley de patentes sancionada en 1995 por el gobierno de Carlos Menem y que había sido reclamada por los Estados Unidos.
También el Congreso deberá ratificar expresamente antes de abril de 2026 el Patent Cooperation Treaty (PCT, Tratado de Protección de Patentes), del cual participan 100 países. Este convenio global permite que un laboratorio que patenta su invención en uno de los países firmantes queda protegido en todos. Es posible que los lobbies de los laboratorios locales comiencen a actuar de manera dramática en el Congreso y haya resistencia de algunos bloques en "defensa de la industria nacional".
Además la Argentina se comprometió a firmar un conjunto de acuerdos internacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La protección de la propiedad intelectual que impusieron los Estados Unidos consistirá lisa y llanamente que un laboratorio argentino no pueda copiar por 20 años una fórmula que patenta una empresa de cualquier parte del mundo con sus propias investigaciones. Solo cumplido ese lapso, el local lo puede comercializar.
Los laboratorios suelen invertir millones de dólares en investigaciones de fórmulas medicinales o agroquímicos. Apenas descubren una molécula la patentan por 20 años. Pero la investigación dura un promedio de 10 años hasta que se comercializa.
En los hechos, suelen estar protegidos comercialmente por unos 10 años en que ponen sus productos en el mercado. Las patentes sólo regirán en el país hacia adelante: no serán retroactivas por lo que los laboratorios nacionales seguirán comercializando medicamentos actuales.
Este antiguo conflicto, entre extranjeros y locales, representa miles de millones de dólares que mueve la industria farmacéutica. Siempre fue materia de conflicto político.
En el artículo 2.6, de "Propiedad Intelectual", el acuerdo establece que "Argentina establecerá un sólido estándar de protección de la propiedad intelectual" y puntualiza que "establecerá sistemas eficaces en los ámbitos civil, penal y fronterizo y garantizará que dichos sistemas combatan y disuadan la infracción o la apropiación indebida de la propiedad intelectual".
Incluso, también incluyó ese requisito "en el entorno digital. Argentina priorizará y adoptará medidas eficaces de aplicación de la ley penal y fronteriza contra las infracciones de derechos de autor y marcas registradas".
En ese sentido, Caeme manifestó su "disposición a colaborar con las autoridades en la implementación de estos lineamientos, con el objetivo de consolidar un marco regulatorio moderno que incentive la inversión, fortalezca la inserción internacional y contribuya a mejorar el acceso a la innovación que mejora la salud y la calidad de vida".
En la pulseada interna del Gobierno, este acuerdo fue un triunfo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que al igual que la ex canciller Diana Mondino, siempre impulsó el respeto a la propiedad intelectual. En esa pelea chocaba contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que siempre tuvieron influencia de los laboratorios locales.
"Fue un acuerdo favorable a los Estados Unidos en toda la linea", dijo a iProfesional un diplomático especialista en comercio internacional e inversiones. Se sabe que el respeto a las patentes fue el requisito clave para el apoyo financiero del gobierno de Trump a Milei en 2025.
Tambien, el acuerdo comprometió a la Argentina a tomar durísimas medidas contra la falsificación de marcas, que afectarán a ferias como La Salada y todas aquellas ventas de marcas falsificadas o "truchas" y tendrá que respetar a rajatabla el derecho de autor (copiright).
Los laboratorios extranjeros, especialmente norteamericanos, alemanes, suizos o británicos, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), celebraron automáticamente el extenso capítulo del acuerdo bilateral que protege la propiedad intelectual.
"Celebramos el anuncio de la Cancillería sobre la firma del acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos" como "una señal sumamente relevante para profundizar el entendimiento entre ambos Estados, ampliar oportunidades y consolidar una agenda de apertura comercial bilateral orientada al crecimiento y a la integración internacional", señaló el texto de Caeme.
El gobierno de Milei tendrá que cumplir requisitos durísimos y muy complejos políticamente:
Se comprometió a derogar la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento dictada en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012 que anuló en los hechos la ley de patentes sancionada en 1995 por el gobierno de Carlos Menem y que había sido reclamada por los Estados Unidos.
También el Congreso deberá ratificar expresamente antes de abril de 2026 el Patent Cooperation Treaty (PCT, Tratado de Protección de Patentes), del cual participan 100 países. Este convenio global permite que un laboratorio que patenta su invención en uno de los países firmantes queda protegido en todos. Es posible que los lobbies de los laboratorios locales comiencen a actuar de manera dramática en el Congreso y haya resistencia de algunos bloques en "defensa de la industria nacional".
Además la Argentina se comprometió a firmar un conjunto de acuerdos internacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La protección de la propiedad intelectual que impusieron los Estados Unidos consistirá lisa y llanamente que un laboratorio argentino no pueda copiar por 20 años una fórmula que patenta una empresa de cualquier parte del mundo con sus propias investigaciones. Solo cumplido ese lapso, el local lo puede comercializar.
Los laboratorios suelen invertir millones de dólares en investigaciones de fórmulas medicinales o agroquímicos. Apenas descubren una molécula la patentan por 20 años. Pero la investigación dura un promedio de 10 años hasta que se comercializa.
En los hechos, suelen estar protegidos comercialmente por unos 10 años en que ponen sus productos en el mercado. Las patentes sólo regirán en el país hacia adelante: no serán retroactivas por lo que los laboratorios nacionales seguirán comercializando medicamentos actuales.
Este antiguo conflicto, entre extranjeros y locales, representa miles de millones de dólares que mueve la industria farmacéutica. Siempre fue materia de conflicto político.
En el artículo 2.6, de "Propiedad Intelectual", el acuerdo establece que "Argentina establecerá un sólido estándar de protección de la propiedad intelectual" y puntualiza que "establecerá sistemas eficaces en los ámbitos civil, penal y fronterizo y garantizará que dichos sistemas combatan y disuadan la infracción o la apropiación indebida de la propiedad intelectual".
Incluso, también incluyó ese requisito "en el entorno digital. Argentina priorizará y adoptará medidas eficaces de aplicación de la ley penal y fronteriza contra las infracciones de derechos de autor y marcas registradas".
En ese sentido, Caeme manifestó su "disposición a colaborar con las autoridades en la implementación de estos lineamientos, con el objetivo de consolidar un marco regulatorio moderno que incentive la inversión, fortalezca la inserción internacional y contribuya a mejorar el acceso a la innovación que mejora la salud y la calidad de vida".
En la pulseada interna del Gobierno, este acuerdo fue un triunfo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que al igual que la ex canciller Diana Mondino, siempre impulsó el respeto a la propiedad intelectual. En esa pelea chocaba contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que siempre tuvieron influencia de los laboratorios locales.
