sindisep
El Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) realizó una consulta a la Fiscalía Especializada de la autarquía, proponiendo un cambio drástico en su flujo de trabajo: Cierre el examen de colidencia (la verificación de marcas idénticas o similares) para "agilizar" el registro, lo que daría lugar a la concesión de alrededor de 150 mil marcas ilegales por año (que desobedecen el párrafo XIX, del artículo 124, de la Ley No 9.279/1996).
Aunque la justificación oficial es la "modernización y la velocidad", la medida transfiere una responsabilidad pública al sector privado, empeorando el servicio, generando inseguridad jurídica y costos muy elevados. La consulta, que recibimos anónimamente, nos causó una profunda preocupación por sus impactos en la sociedad.
1. ¿Qué cambios en la práctica?
En la actualidad, al pagar la tasa de R$ 440.00, el INPI actúa como un "filtro", negando alrededor del 30% de las 500 mil solicitudes anuales por ser imitaciones de marcas existentes. Sin este examen, el INPI otorgará automáticamente registros, permitiendo que las marcas idénticas a la suya coexistan en el mercado a menos que usted litigue, gastando MUCHO dinero por ello.
2. ¡El "costo oculto" para la sociedad!
La propuesta se señala como una . Si el INPI deja de proteger su exclusividad, la carga se convierte en el propietario de la marca, que tendrá que soportar: La privatización disfrazada
Monitorización: Contratación de oficinas de Propiedad Intelectual (PI) para el seguimiento de nuevos depósitos (R$ 1,800 a R$ 6.000/año).
Defensa legal: Costos promedio de R$ 5.500 por procedimiento Por oposiciones administrativas o procedimientos judiciales.
Esto significa que, al final, el costo para que alguien proteja tu marca efectivamente explotará, multiplicándose por docenas de veces. Peor aún, quien no tiene dinero, eventualmente dejará de hacer valer su marca, lo que corre el riesgo de convertirse en un pedazo de papel sin valor.
3. ¡Pérdidas para muchos, ganancias para algunos!
Trivialización de marcas: Con el exceso de nombres similares, las marcas fuertes pueden volverse "genéricas", repetitivas, perdiendo su valor comercial y poder de distinción.
La Judicialización: Se espera que un aumento explosivo en las demandas judiciales resuelva los conflictos que anteriormente estaban técnicamente prohibidos por el instituto.
Daño a los más pequeños: Los individuos, los MEI y las PYME serán los más afectados, ya que rara vez tienen el presupuesto para mantener una vigilancia legal constante de sus marcas, así como los procedimientos administrativos de bankroll y las largas batallas judiciales.
Desmantelamiento de la fuerza laboral: La propuesta ignora los empleados que hacen que el INPI funcione, así como el carácter público de la institución, apuntando a transformar el Instituto en una simple oficina de registro.
Explosión de costo Brasil: La medida favorece a los grandes bufetes .
Además: El INPI invirtió millones de reales en equipos para ensamblar una estructura informática capaz de soportar un sistema de inteligencia artificial, que se está desarrollando con varios socios y recursos públicos, precisamente para ayudar al examen de colisión. ¿Se desechará este dinero? Y toda planificación institucional, ¿será acorralada?
Cómo ayudar: Enviar manifestaciones al INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), al MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios), al Gobierno Federal, Vicepresidente General Alckmin y Presidente Lula para detener la propuesta.
