Por Osvaldo Álvarez Forte *
Para todo cambio normativo o legislativo que se pretenda implementar al afrontar compromisos internacionales en el ecosistema de la propiedad intelectual, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina es un organismo clave en la protección de patentes, marcas y diseños, elementos fundamentales para el desarrollo económico e innovador del país.
Sin embargo, detrás de su función estratégica, existe una problemática recurrente y poco discutida: los bajos salarios de sus empleados. Esta situación no solo afecta la calidad de vida del personal, sino que también compromete la eficiencia de la institución y, por ende, su contribución al sistema innovador argentino. ¿Una gestión con empleados pobres?
Salarios por debajo de la inflación
En un contexto de inflación galopante (que superó el 118% anual en 2024 y 31% en 2025), los salarios del personal del INPI han quedado rezagados en al menos un 40%. Según denuncias de sindicatos y trabajadores, la mayor parte de los empleados perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, lo que los obliga a recurrir a segundos empleos o hasta depender de la asistencia social. Esta precarización contrasta con la importancia de sus funciones: desde examinar patentes de alta tecnología hasta registrar marcas comerciales de alta gama, importantes empresas internacionales, tareas que requieren especialización y dedicación de años de experiencia.
Falta de reconocimiento a la profesionalización
El INPI emplea a ingenieros, abogados, técnicos y administrativos, muchos de ellos altamente capacitados con años de capacitación específica. No obstante, los salarios no reflejan su formación ni la complejidad de sus labores. Por ejemplo, un examinador de patentes —cuyo trabajo es clave para evitar plágios (copias ilegales) y fomentar la innovación— puede ganar menos que un empleado de comercio sin estudios superiores. Esta disparidad desincentiva la retención de talentos, generando una fuga de profesionales hacia el sector privado, en particular estudios de abogados, o incluso al exterior. Varios de ellos optaron por jubilarse anticipadamente ante el avance de la "motosierra".
Impacto en la eficiencia institucional
Los bajos salarios tienen un efecto directo en la productividad del INPI: la falta de incentivos genera ausentismo, desidia y es parte del motivo que explica el retraso de trámites esenciales (backlog) para empresas y emprendedores. Además, la desmotivación laboral deriva en errores o falta de rigurosidad en los procesos, afectando la confiabilidad del sistema de propiedad industrial. En un país que busca insertarse en la economía del conocimiento, estas fallas son inadmisibles para cualquier gestión corporativa pública o privada.
La paradoja de la autarquía
El INPI es un organismo descentralizado y "autárquico" que posee ingresos por tasas que pagan los usuarios por sus servicios. Sin embargo, pese a contar con recaudación propia, los recursos se derivan a la cuenta del Tesoro Nacional y no redistribuye estos ingresos de manera justa hacia su plantel de empleados. Esto genera serias dudas sobre la priorización del gasto interno: ¿se invierte lo suficiente en el capital humano que sostiene la institución? Cómo se llevará adelante cualquier acuerdo internacional sobre patentes, indicaciones geográficas, marcas o diseños con un presupuesto insuficiente y salarios con poco poder adquisitivo? Se armonizarán internacionalmente normativas pero no ingresos del personal?
El informe anual 301 del Representante de Comercio de los Estados Unidos apuntó al bajo número de examinadores de patentes en Argentina como factor de atraso en la resolución de trámites de patentes, sin considerar los bajos salarios de los profesionales que llevan adelante la tarea de resolver sobre las innovaciones (patentes y marcas) de las empresas estadounidenses en el país.
Urgen reformas con enfoque social
El Estado argentino debe revisar urgentemente la política salarial del INPI, asegurando remuneraciones dignas y acordes a la perdida de ingresos por erosión de la inflación acumulada. Además, es necesario un plan de carrera que reconozca la especialización de los trabajadores, junto con mayor transparencia en el uso de los fondos presupuestados por el gobierno que deben ser realmente autárquicos. Es llamativo en el presupuesto enviado al Congreso para el año 2026 que más de 600 millones de pesos (unos 400.000 dólares) se destinen a alimentos para el personal. ¿Es que los empleados del INPI argentino pasan hambre con tan bajos salarios?
Sin medidas de cambio profundo, el INPI seguirá siendo un eslabón débil en la cadena de la innovación, perpetuando la contradicción de una institución clave sostenida por empleados precarizados. Sin embargo los principales estudios jurídicos locales incrementan sus ganancias al dolarizar los servicios facturados a las empresas extranjeras en el país.
Finalmente, es el Estado Nacional (llámese INPI) quien garantiza las ganancias de las empresas que solicitan marcas, patentes, diseños industriales y contratos de transferencia de tecnología en la Argentina. Las inconsistencias que presenta el modelo de gestión del INPI Argentino, pone en duda la seguridad jurídica de la propiedad industrial en el país, el cumplimiento de los compromisos internacionales y la gestión propiamente dicha del INPI, con serios riesgos de colapsar su administración durante el 2026.
*Osvaldo Álvarez Forte es abogado y consultor económico
