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El escenario de las patentes medicinales se ha convertido en un laberinto político para Federico Sturzenegger, quien enfrenta una resistencia que no solo proviene del sector privado, sino del propio núcleo del gabinete nacional.
Quirno interpreta que un avance ciego hacia el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) podría detonar un incremento incontrolable en los costos de salud, afectando directamente las arcas del PAMI y el índice de precios al consumidor. Esta postura lo coloca en una alianza táctica con los intereses de los laboratorios locales, permitiéndole manejar los tiempos legislativos y congelar el debate en el Congreso bajo el argumento de que es necesaria una transición ordenada.
Para Sturzenegger, esta actitud es percibida como una concesión al corporativismo que el gobierno prometió combatir, lo que ha recalentado una interna que ya venía desgastada por otras disputas administrativas. En este tablero, los operadores de CILFA han demostrado una capacidad de lobby superior a la de sus contrapartes extranjeras. Jorge Belluzzo y Eduardo Macchiavello lideran una estrategia basada en el alarmismo económico y la soberanía sanitaria.
Su táctica consiste en convencer a los bloques legislativos de que la ley de Sturzenegger es un certificado de defunción para la industria nacional de genéricos. Han logrado que la discusión se desvíe hacia la necesidad de imponer reservas técnicas que, en la práctica, vaciarían de contenido al tratado internacional, permitiendo a los laboratorios locales seguir produciendo fórmulas cuyos derechos pertenecen a multinacionales.
Por el contrario, CAEME, que agrupa a las empresas extranjeras, juega una carta puramente diplomática y legal. Su estrategia es la presión por arriba, utilizando a la Embajada de Estados Unidos como interlocutor para recordar que el incumplimiento del plazo del 30 de abril tendrá consecuencias en la calificación comercial de Argentina. Sin embargo, carecen del despliegue territorial y los vínculos históricos con la política local que posee CILFA, lo que los deja en desventaja en una pelea que se define voto a voto en las comisiones de Diputados.
La resolución de este conflicto es incierta porque el tiempo juega a favor del statu quo. Sturzenegger no tiene herramientas para forzar el tratamiento legislativo sin el aval de Cancillería y Economía, y Quirno no parece dispuesto a ceder ante una medida que podría alterar el frágil equilibrio de los precios internos. Si el 30 de abril llega sin una ley sancionada, Sturzenegger sufrirá su derrota política más significativa, quedando expuesto ante la administración de Donald Trump y confirmando que, en la gestión Milei, la urgencia financiera de Caputo y Quirno suele imponerse sobre el dogma desregulador.
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