Por Laura Villarraga Albino
La inteligencia artificial generativa sigue siendo un tema central en la propiedad intelectual. Para nadie es un secreto que, mientras los algoritmos se entrenan con contenidos protegidos por derechos de autor y el sector creativo demanda transparencia, consentimiento y remuneración, los legisladores continúan tratando de entender esta nueva tecnología y su mejor forma de regulación.
Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución “Derechos de autor e IA generativa: oportunidades y desafíos” y, semanas después, el Reino Unido publicó el reporte “Copyright e IA”. Dos instrumentos que presentan aproximaciones distintas ante un mismo problema, y plantean dos maneras de entender la relación entre innovación tecnológica y protección de la creación. Sin embargo, hoy la respuesta al sector creativo sigue siendo incierta.
La postura del Parlamento es contundente: la innovación no puede prosperar a expensas de creadores y titulares de derechos, a pesar del interés en promover la IA como herramienta para la economía sostenible de la región. Por ello, propone medidas legislativas concretas como la divulgación detallada del contenido utilizado para entrenar modelos de IA, así como mantener registros para facilitar la supervisión y el cumplimiento normativo, advirtiendo que ello no constituye ninguna violación de secretos comerciales.
Sin duda, una de las medidas más interesantes de la resolución es la presunción legal a favor del creador en caso de que la empresa de IA no cumpla con las obligaciones de transparencia. En estos casos, el Parlamento propone presumir que los modelos han utilizado obras protegidas, invirtiendo la carga de la prueba hacia quien tiene mayor capacidad técnica y económica. Además, en caso de que el proceso judicial prospere sobre la base de esta presunción, la empresa sería la responsable de asumir los gastos y costas procesales.
La resolución también propone centralizar en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea el mecanismo de exclusión (opt-out), para que autores y titulares puedan oponerse de forma “más sencilla y operativa” al uso de sus obras en el entrenamiento de IA. La medida ilustra un patrón recurrente en la regulación europea basado en: crear registros centralizados para generar trazabilidad y corregir asimetrías de información. Sin embargo, es una capa adicional de complejidad que, además de ser onerosa y difícil de implementar, no termina por garantizar la remuneración de los autores.
La UE reconoce entonces que el Código de Buenas Prácticas no ha sido suficiente y que la legislación debe ser aplicada a todos los sistemas de IA disponibles en el mercado europeo, independientemente de dónde hayan sido entrenados. Y, a través de estas medidas, busca restablecer el poder de negociación de los creadores y corregir el desequilibrio económico por usos no autorizados. Falta, sin embargo, que la Comisión Europea decida convertir estas recomendaciones en propuestas legislativas concretas.
Mientras tanto, el extenso informe del gobierno británico expuso hallazgos, recomendaciones y posibles orientaciones políticas sin una dirección clara, señalando que se tomará “el tiempo necesario para hacerlo bien”. La buena noticia es que el gobierno, aunque se inclinaba por introducir una excepción de minería de datos y permitir el uso de obras para entrenar IA salvo que el titular se reservara expresamente su uso, como ocurre hoy en la UE, descartó por ahora esta alternativa tras el rechazo contundente del sector creativo. En otras palabras, el statu quo británico sigue exigiendo autorización para el uso comercial de las obras.
Sin embargo, en materia de transparencia, el Gobierno decidió trabajar con la industria y diferentes expertos para desarrollar “mejores prácticas” en lugar de implementar regulaciones legislativas. Ante la presión de la industria creativa por una divulgación obligatoria y la resistencia del sector tecnológico que sugería una adopción voluntaria, el gobierno prefirió esperar. Una decisión que deja en la misma incertidumbre a los creadores y, en la práctica, inclina la balanza a favor del desarrollo tecnológico por ausencia de regulación.
Estamos ante un escenario global que contrasta dos filosofías regulatorias. La UE asume que, sin obligaciones jurídicas claras, la asimetría entre las empresas tecnológicas y el sector creativo se seguirá ampliando. El Reino Unido, por su parte, confía en los estándares del mercado y da espacio a la autorregulación, mientras observa con atención los logros, o fracasos, de otras jurisdicciones antes de introducir modificaciones legales.
El debate sobre IA y derechos de autor no se resolverá con un solo instrumento ni en un solo territorio. Lo que ambos documentos dejan claro es que la regulación llega tarde a una realidad tecnológica que avanza a velocidad exponencial. Mientras los legisladores debaten, los modelos aprenden y, en el entre tanto, el coste de la incertidumbre lo asumen los creadores. Al final, está en juego la protección de la creación humana y la diversidad cultural y, por ahora, ninguno de los dos sistemas resuelve el problema de fondo, de: cómo garantizar que los creadores sean remunerados por el uso de sus obras.
Laura Villarraga, 'of counsel' en Kepler-Karst Law Firm.
origen: https://cincodias.elpais.com/legal/2026-04-25/mientras-la-ia-aprende-los-autores-esperan-quien-soporta-el-coste-de-la-incertidumbre-legal.html?outputType=amp
