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La Administración Nacional de Patentes de la Argentina tiene una nueva autoridad, según resolución firmada por el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
La abogada María Paula Molina fue nombrada como Comisario de la Administración Nacional de Patentes, un área clave dentro del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), luego que el anterior comisario, el abogado Eduardo Ricardo Arias, optara por la jubilación, tras más de 30 años de actuación.
La Resolución P-210-26. sobre la designación de Molina data del 1ro de julio del 2026, con la categoría A1 del escalafón que rige en el INPI.
Según la información, Molina carece de antecedentes en el área de patentes, siendo su nombramiento dispuesto por el presidente del organismo de propiedad industrial, Carlos María Gallo, meses después de recuperar su capacidad plena para nombrar autoridades en las diversas áreas del INPI.
En 2025, el ministerio de desregulación modificó la estructura y las funciones de varios organismos descentralizados del ministerio de economía, mediante el decreto 462/25, que concentraba funciones administrativas y restaba incumbencias en la designación de funcionarios. El mencionado decreto fue derogado por el Congreso Nacional y permite el normal funcionamiento administrativo del INPI.
Asimismo, el INPI indexó mensualmente el valor de las tasas de registro de marcas, patentes, modelos industriales y contratos de transferencia de tecnología, luego de un incremento porcentual de las mismas de un 100%.
La Administración Nacional de Patentes se encuentra en la mira del gobierno de los Estados Unidos y ha sido fuertemente cuestionada por las demoras en la concesión de patentes farmacéuticas y la reducida cantidad de profesionales que dispone para examinar los miles de expedientes retrasados (backlog) que se encuentran en la administración de patentes, ahora a cargo de Molina.
El informe anual especial 301, de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) mencionaba además la necesidad de derogar las guías de examen de patentes químico-farmacéuticas y agro-biotecnológicas, recientemente abolidas mediante la Resolución Conjunta 1/2026, que originó a partir del mes de abril la concesión de determinadas patentes de medicamentos pertenecientes a empresas farmacéuticas internacionales.
El cambio de paradigma en materia de patentes farmacéuticas generó el reclamo de la cámara de la industria de laboratorios farmacéuticos de Argentina (CILFA), quien ve amenazada su participación en el mercado de medicamentos, luego de la designación de María Paula Molina en el INPI.
CILFA se opone además al tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), al aún no ha adherido el Congreso argentino, y que cuenta con el auspicio de la cámara de laboratorios internacionales CAEME y la Amercian Chamber (AmCham).
