domingo, 17 de abril de 2011

Brasil postergó firma de acuerdo con EE UU en materia de patentes

 Observatorio Sudamericano de Patentes


La necesidad de profundizar la discusión y aclarar algunos aspectos de un acuerdo sobre patentes entre el Instituto nacional de Propiedad Industrial (INPI) y su par de los Estados Unidos (USPTO), postergó su firma antes de la visita de Obama. La información fue suministrada por la Agencia Brasil.
EL acuerdo permitiría ingresar a la oficina de patentes del país sudamericano al programa Patent Prosecution Highway (PPH) a partir del cual los examinadores brasileros podrían utilizar los resultados de búsquedas y concesión de patentes de examinadores de los Estados Unidos.
Ávila explico que el PPH es un mecanismo sugerido originalmente por los japoneses como una solución para aliviar o backlog (la acumulación de patentes en una oficina de propiedad industrial) y evitar el colapso administrativo y la demora que esto le provoca a las empresas transnacionales en el patentamiento de sus productos en todo el mundo. “casi todas las oficinas de los países desarrollados tienen acuerdos en este molde”, justificó Ávila.
Por su parte y antes del intento en firmar el acuerdo con los Estados Unidos, hubo una queja del grupo de trabajo sobre propiedad intelectual de la Rede Brasileira de Integração dos Povos (GTPI/Rebrip). La entidad aseguró que el PPH no trae ventajas para Brasil anticipando que de firmarse ese acuerdo caerá la calidad del examen de patentes en el país.
La abogada Renata Reis, representante del GTPI/Rebrip, dijoa la Agencia Brasil que “tiene serias dudas de que las ventajas propaladas por el INPI realmente vayan a suceder”.
Renata Reis afirmó que la reducción de la acumulación de patentes sin análisis es un sueño de toda oficina de patentes. La GTPI no cree que eso será resuelto con soluciones del tipo PPH porque el 30% de las solicitudes que se presentan en Brasil vienen de los Estados Unidos. Eso no sucede en el sentido contrario. “Nosotros no presentamos en los países desarrollados un número considerable de solicitudes de patentes, entonces, en realidad vamos a recibir muchas más solicitudes del programa PPH que en el sentido inverso, dijo Reis”.
En la evaluación del GTPI, los examinadores del INPI serán presionados (como ya ocurrió con los examinadores argentinos que aplicaron un sistema similar) a seguir el examen hecho por los Estados Unidos. “Eso no es bueno para Brasil. Cuanto más patentes extranjeras tengamos, más rehenes quedamos de las empresas internacionales” afirmó.
Enfatizó que Brasil necesita realizar un análisis criterioso en esta materia, especialmente en este caso en que el país tiene pocas solicitudes de patentes nacionales y muchas solicitudes internacionales.
Ávila por su parte negó que el PPH fuera a representar privilegios para los Estados Unidos, quienes son el mayor solicitante internacional de patentes como afirma el GTPI/REBRIP. De acuerdo con esta entidad las solicitudes provenientes de Estados Unidos están en una fila paralela y dejan para lo último a las patentes nacionales y de otros países.
Algunos especialistas sostienen que esta es una maniobra para beneficiar a las empresas transnacionales que es auspiciada por los bufetes de abogados que presionan para que el acuerdo con los Estados Unidos se firme y utilizan a Ávila como aliado.
El director de la oficina brasileña reconoció que existe una fila propia en el programa PPH, pero se justificó diciendo que existe un gran problema con la acumulación de patentes en todo el mundo y su oficina está buscando “soluciones colaborativas” para examinar patentes en construcción con otras oficinas de América del Sur (que también se prestan a las maniobras de los Estados Unidos)
Para este director “El sistema bilateral de acuerdos PPH es un instrumento más en este conjunto” y consideró como natural que haya dudas y que deban aclararse antes de participar Brasil de un programa semejante.
El tema será debatido hasta que el gobierno y la sociedad como un todo se sientan seguros en relación al sistema, afirmó quien fuera acusado en el Parlamento del Brasil de defender los intereses de laboratorios extranjeros.

domingo, 10 de abril de 2011

Argentina: nuevo lobby de Estados Unidos en propiedad intelectual

 Noalcopirrait

La Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) recomendó al gobierno de Obama mantener una calificación “negativa” de la Argentina en materia de derechos de autor y propiedad intelectual al colocarla en la Lista de “Vigilancia Especial” que redacta el propio gobierno norteamericano.
La IIPA es una asociación formada en 1984 que agrupa a las industrias oligopólicas y monopólicas de Estados Unidos que utilizan a la Propiedad Intelectual para generar grandes ganancias con la música, películas, Televisión, TV por cable, videos y software.
Todos los años el gobierno norteamericano lanza arbitrariamente una lista o informe especial 301 con un análisis sobre aquellos países que supuestamente afectan los negocios de alguna de las 1900 empresas de EE UU que conforman la Alianza. El informe elaborado por la oficina del Representante Comercial de los EEUU (USTR) es utilizado luego para presionar a los gobiernos.
Para María de Monserrat Guitart Piguillém, apoderada Legal de los Miembros de Business Software Alliance (BSA) en la Argentina “Si bien es destacable el rol de las actividades de control desarrolladas por las autoridades nacionales durante el año 2010, se pone de manifiesto la necesidad de reforzar los esfuerzos realizados contra la “piratería” trabajando conjuntamente los sectores públicos y privados ”.
En realidad son las mismas empresas de la IIPA quienes incentivan el denominado “comercio pirata” a través de sus grandes marcas internacionales, utilizando para ello el llamado “trabajo esclavo” (empleo de trabajadores bajo condiciones infrahumanas). Sin embargo la campaña de criminalización apunta a la feria popular localizada en Buenos Aires denominada “La Salada” que comercializa productos a bajo costo y es visitada por miles de personas cada día.
Los monopolios dan recomendaciones
Entre los principales puntos, la IIPA recomendó al Gobierno de Cristina Fernández y a las administraciones provinciales fomentar campañas de prioridad para identificación de distribuidores y puntos de venta (por ejemplo, La Salada) y de esta manera poner fin a los lugares en infracción. Por otra parte, propone elevar las penas a 2 años para el caso de los supuestos delitos de “piratería”, ya que actualmente es de solo un mes.
El lobby de las corporaciones de Estados Unidos y la Embajada de ese país se renueva año tras año en el mes de abril cuando la secretaría de comercio estadounidense emite su informe mundial sobre propiedad intelectual donde acusa cínica y descaradamente a aquellos países que no cumplen con las políticas corporativas de la IIPA.