Observatorio Sudamericano de Patentes
Es muy frecuente ver
en los países latinoamericanos y caribeños a funcionarios con grado de
Ministros que reproducen un discurso contrario a los intereses que se
sobreentiende deben defender y para el que fueron designados por
decisión presidencial.
Estos intereses
dirigidos al “bien común” no son más que los intereses que la presidente
también defiende: los intereses de la sociedad frente al de las
corporaciones, es decir los intereses de los sectores más vulnerables.
EL ministro de ciencia
y tecnología de la Argentina ha defendido públicamente la utilización
de la propiedad intelectual para la protección de la tecnología que su
país intenta realizar desde la cartera que dirige, aunque aún no se han
visto resultados concretos y reales de los multimillonarios recursos
económicos volcados a este sector del Estado dedicado a la investigación
científica.
La presidenta Cristina
Fernández ha adoptado últimamente el discurso propuesto por su
ministro, a saber: los recursos dirigidos a la ciencia y tecnología
deben destinarse a que los investigadores lleguen a resultados
innovativos que puedan patentarse, y de acuerdo al razonamiento sugerido
por Lino Barañao (del que suponemos la presidenta adoptó de buena fe aunque equivocadamente) más valor agregado se obtendrá de productos primarios.
Los argumentos
esgrimidos por el ministro son los mismos que han difundido desde hace
décadas los organismos internacionales de propiedad intelectual como la
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, USPTO Oficina
Norteamericana de Marcas y Patentes; EPO Oficina Europea de Patentes y
el resto de los centros de registro de patentes diseminados en cada uno
de los países que adhieren al la OMC Organización Mundial del Comercio y
que cumplen con los ADPICs-TRIPs Acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
Barañao sabe que la
propiedad intelectual protege las invenciones de las empresas
multinacionales instaladas (o no) en el país y que presentan patentes en
el INPI Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. También conoce
que las obras digitales, software, películas y otro tipo de producciones
audiovisuales de la mal llamada “industria cultural” son protegidas por
derechos de autor. Del mismo modo sabe mediante las estadísticas que
suministran estos organismos del estado argentino y compilan los
organismos internacionales que más del 80 % de las
patentes que se aprueban en Argentina son de empresas de EE UU, UE,
Japon y Canadá y la gran mayoría de producciones culturales provienen de
empresas estadounidenses y europeas.
Erróneamente o a
sabiendas, se intenta convencer a la presidenta que la propiedad
intelectual es beneficiosa para las empresas nacionales que realizan
innovación aunque en realidad esto no lo es. Que un puñado de empresas
como el caso de INVAP desarrolle tecnología patentable, no implica que
este modelo de protección de innovaciones sea el adecuado cuando del
otro lado (las corporaciones) se presenta una catarata de patentes que
no solo saturan la tecnología nacional bloqueando futuras
investigaciones, sino que además distorsionan un modelo de
investigación que debe estar basado en el trabajo colaborativo,
complementario y solidario entre investigadores nacionales y no puede
ser sometido a la competencia que proponen los sistemas basados en
propiedad intelectual.
Lejos han quedado los
pedidos de la presidenta Cristina Fernández en declarar a las patentes
de las vacunas como “patrimonio de la humanidad” o reivindicar el
software libre como una herramienta para la soberanía tecnológica dando
mano de obra a los argentinos.
El reciente intento del senador oficialista Pichetto de presentar el bochornoso proyecto de ley “canon
digital” es otra muestra de la desinformación con la que cuenta la
Presidenta en relación a las tendencias mundiales en materia de gestión
de derechos intelectuales. El cánon digital ha sido propuesto por los
gobiernos neoliberales europeos y repudiados por sus sociedades, aunque
quiera presentarse como beneficioso para los músicos y artistas
argentinos.
El ministro ha preferido arrojarse a los lobbies empresarios de la biotecnología, la nanotecnología, los
alimentos y semillas, las dudosas “tecnologías limpias” o el software
privativo, transformándose en un gerenciador de los intereses de las
corporaciones y engañando a quien lo ha designado para defender los intereses nacionales.
TECNOPOLIS es una
obsesión del gobierno nacional a la que han arrastrado a la presidenta,
pero la tecnología debe ponerse al servicio del pueblo como un
herramienta de mejoramiento del buen vivir de las y los ciudadanos de
nuestros países, y no verse como una mega superferia de fetiches
tecnológicos al alcance de unos pocos.
