Directores de Oficinas de Propiedad Intelectual sonriendo en OMPI, Ginebra
Esta es una pregunta que frecuentemente se hacen quienes se han
introducido en el exclusivo mundo de la propiedad industrial y los
derechos de autor y conexos, al ingresar a un estudio de abogados
representantes de empresas o individuos, al cursar estudios
universitarios de grado o postgrado, trabajar en una oficina de marcas y
patentes (o derechos de autor) e incluso siendo pequeños empresarios o
inventores, o simples usuarios de medios audiovisuales o en formato
papel (libros, revistas, papers, etc). Pero esta pregunta es engañosa.
El
sistema de propiedad industrial y los derechos de autor mutaron desde
un equilibrio originario, aunque defensor de invenciones a partir del
siglo XV, hasta un colosal imperio monopólico de omnipresencia global
conformado por potentes conglomerados petroleros, biotecnológicos,
farmacéuticos, alimenticios, automotrices, de medios concentrados de
comunicación.
Con Estados Unidos como la principal economía que
exporta bienes y servicios basados en la industria de las patentes y el
copyright se creó bajo la órbita de las Naciones Unidaas un organismo
especializado de la propiedad intelectual WIPO-OMPI como plataforma para
la creación y regulación del marco político, jurídico, institucional y
doctrinario que se impuso en cada uno de los países que adhirieron a la
OMC y que fueron obligados a cumplir con el acuerdo global sobre
propiedad intelectual y comercio TRIPs-ADPICs.
En su avance sobre
las economías de los países en desarrollo estas organizaciones
cartelizadas por la propiedad intelectual fueron sumando voluntades
tanto en la sociedad civil como en los gobiernos al punto de tener
representantes de las propias empresas al frente de las oficinas de
propiedad intelectual. Con esta estrategia de pinzas la OMC a través de
OMPI negocia convenios o acuerdos beneficiosos para los países ricos
aunque muy dañino para las poblaciones y los Estados más pobres del
Mundo.
Los medios de comunicación hacen su parte al propagandizar
y estigmatizar a las economías populares y solidarias que se
auto-organizan en torno de la fabricación, distribución y
comercialización de productos de consumo masivo motorizadas por una
multitud de personas que recurren al mercado no oficial o alternativo
para crear la riqueza que las transnacionales y los Estados le
escamotean.
Cualquier tratado internacional como el Convenio de
París, PCT, ADPICs, Acuerdo de Madrid o que intente globalizar la
circulación y presentación de solicitudes de marcas, patentes o derechos
patrimoniales de autores (en su mayoría empresas) profundizarán las
asimetrías ya existentes entre los países de economías desarrolladas y
las menos, pués los primeros se desarrollaron antes para después
protegerse mediante los mecanismos de propiedad intelectual, mientras
los segundos son ahora obligados a cumplir una normativa mundial que les
impide su crecimiento y desarrollo.
Con la propiedad intelectual
se benefician las empresas del “primer mundo” como British, Exxon,
Shell, Monsanto, Cargill, Nidera, Pfizer, Gilead; Glaxo, AstraZéneca,
Bayer, DuPont, Phillips o Elli Lily que fijan los parámetros de
producción y comercio a los Estados y sus poblaciones elevando el precio
de los bienes de consumo masivo.
En medio de la “crisis del
capitalismo” de las que sobran pruebas para considerarla un
“autoatentado” económico, los dueños del mundo intentan darse un vuelta
de rosca para sobrevivir con la ilusión de la “Economía Verde”,
prometiendo un futuro de ganancias, empleos y reducción de contaminación
pero manteniendo los niveles de consumo capitalistas a precios viles
para la mayor parte de la humanidad.
