23 noviembre 2012
Sectores
del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de
Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo
proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por
las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política
nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las
consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares,
pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado
interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.
2. Abre
las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de
la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley
hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la
biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de
obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a
todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie
nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o
extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de
selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente
homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier
empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al
considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido
comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad
intelectual.
3. Ilegaliza
o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los
inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener,
guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la
cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los
agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado
de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la
diversidad y riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas
semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto
de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas
experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a
través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la
agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes
hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido
contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades
sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás
del juez.
De
esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de
Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.
4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.
5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.
6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.
7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.
8. Permite
el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean
acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la
destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de
productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones
argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.
9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.
10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.
Hacemos
un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra
el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un
carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y
alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía
alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios
para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es
avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.
- FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
- POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR A Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS
¡NO a la privatización de las semillas en Argentina! Firmá la Declaración
Organizaciones firmantes:
- Movimiento Nacional Campesino Indígena
- CLOC - Vía Campesina Argentina
- GRAIN
- Amigos de la Tierra
- Acción por la Biodiversidad
- RENACE
- CLOC - Vía Campesina Argentina
- GRAIN
- Amigos de la Tierra
- Acción por la Biodiversidad
