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Baltasar Garzón Real puede dejar de ser en breve
únicamente el nombre del que fuera célebre juez de la Audiencia Nacional
expulsado de la misma por su investigación en el ‘caso Gürtel’. El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del pasado lunes recoge la solicitud presentada el pasado 29 de septiembre por el propio exmagistrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, para que su nombre y dos apellidos sean también considerados formalmente una marca comercial. Según detalla el documento, Garzón hizo la petición el pasado 29 de septiembre con el objeto de utilizar dicho ‘copyright’ tanto en su actividad como abogado como para dar conferencias y clases magistrales. Ese mismo día también inscribió el diseño del que pretende que sea el logotipo del bufete que abrió en 2012 bajo la denominación mercantil de Ilocad SL.
En concreto, Garzón señala que pretende hacer uso del logo con su nombre tanto en el campo de los “servicios jurídicos” como en el de “educación”. En el primero, quiere emplear ‘Baltasar Garzón Real’ como marca en “los servicios prestados por juristas a personas, grupos de personas, organizaciones o empresas”.
En el segundo, el campo de actuación que se reserva es mucho más amplio
y va desde la “formación”, “los servicios de entretenimiento” y las “actividades deportivas y culturales” a la “participación en conferencias, congresos y clases magistrales”, actividad en la que se ha prodigado en los últimos años.
Con ésta, ya son tres las actividades comerciales que el exjuez pone en marcha desde que el 23 de marzo de 2012 el Tribunal Supremo confirmase su condena a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo
y a una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación en concurso
con otro contra las garantías constitucionales al colocarse "a la altura de regímenes totalitarios"
cuando intervino las comunicaciones de los cabecillas de la trama
Gürtel con sus abogados en prisión. Cuatro meses después de aquel fallo,
el ex magistrado abrió un bufete en Madrid tras colegiarse como abogado en Sevilla con el número 13323.
Un bufete y una consultoría
Para ello, Garzón registró en la capital la sociedad Ilocad S.L., en la que figuraba como administrador único y que en su origen tenía como objeto social la “intermediación
profesional y a través de los correspondientes profesionales, gestión,
desarrollo y ejecución de actividades propias de la abogacía”.
De acuerdo con el Registro Mercantil, el despacho se encontraba entonces
en un despacho de la calle Castelló, en pleno corazón del madrileño
barrio de Salamanca, utilizado por una asesoría fiscal con cuyo gerente
el exjuez mantenía una estrecha relación. Ahora, sin embargo, al
inscribir el logotipo del despacho, el antiguo magistrado facilita un nuevo domicilio: el número 87 de la Avenida Menéndez Pelayo de Madrid.
El diseño con el que quiere representar a su bufete juega ahora con la
letra ‘O’ de su denominación, en suyo interior ha colocado el frontal de un templo clásico con tres columnas en color verde y, en el margen superior, un globo terráqueo en azul.
Un año y medio después de abrir el bufete, el ex juez de la Audiencia Nacional ampliaba el negocio
con el registro de una segunda sociedad que, sobre el papel, no
guardaba relación con su actividad como abogado. Así, Garzón inscribió en el Registro Mercantil el pasado mes de marzo la sociedad Iodic Inversiones,
domiciliada en la misma dirección que en la que figuraba su despacho de
abogados en sus inicios. También en esta ocasión, el exmagistrado figuraba como administrador único de la sociedad, que en este caso presentaba una más amplia variedad de objetos sociales.
Así, Iodic inversiones figura como una sociedad dedicada a “otras actividades de consultoría de gestión empresarial” y también a “otras actividades de apoyo a las empresas”. Además, la nueva sociedad de Garzón también contaba entre sus objetos sociales la intermediación “del comercio de productos diversos”,
así como “del comercio especializados en la venta de otros productos
específicos”. Curiosamente, esta segunda sociedad la abrió coincidiendo también con otra decisión del Tribunal Supremo referida a su inhabilitación: su negativa a informar favorablemente a favor de su indulto al considerar que no se había arrepentido de los hechos que le supusieron ser apartado de la carrera judicial.
