La diputada nacional Alicia Ciciliani presentó un
proyecto con el objetivo central de mejorar la accesibilidad de la
población a los medicamentos integrando la salud pública en la
legislación sobre patentes.
Concretamente, impulsa la participación en el
procedimiento de otorgamiento de una patente del organismo público
especializado en la materia, como lo es la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, estableciendo a la vez
criterios más estrictos y rigurosos para su otorgamiento. Esto pondría
límites a una serie de prácticas y mecanismos (evergreening) por medio
de los cuales los laboratorios han logrado extender los 20 años
iniciales del derecho a la exclusividad de la producción y la
comercialización de los productos patentados.
“Claramente, con las prácticas actuales, el
beneficio del interés privado redunda en un perjuicio para la población,
y por ello con esta modificación sería posible acercar los medicamentos
adecuados a quien más los necesite y a un costo razonable”, dijo
Ciciliani y agregó: “Existiría la posibilidad de que laboratorios
públicos produzcan medicinas que hasta ahora por su patentamiento son
exclusividad de empresas privadas y que por pequeñas modificaciones que
realizan les permiten prorrogar esa exclusividad de manera recurrente”.
El origen
En la década de los ‘90 la implementación de la
protección de la propiedad intelectual sobre los medicamentos, conocida
como Ley de Patentes, acarreó en todo el mundo graves consecuencias para
las poblaciones más pobres que quedaron expuestas a grandes epidemias
por los altos costos de los medicamentos esenciales para su curación.
Ello motivó la Declaración de Doha de 2001 que permitió a los países
adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la
nutrición de la población al formular o modificar sus leyes y
reglamentos.
En Argentina, la Ley 24.481, de Patentes de
Invención y Modelos de Utilidad, otorgó protección a las invenciones de
productos y procedimientos farmacéuticos, lo que significa que el
laboratorio dueño de la patente tiene derecho a la exclusividad de la
producción y la comercialización de los mismos durante 20 años, pudiendo
asimismo, si no hay un mecanismo de control, fijar los precios de los
medicamentos protegidos. A ello, se le suma una serie de prácticas y
mecanismos (evergreening) por medio de los cuales los laboratorios han
logrado que los Estados terminen prorrogando dicho plazo a fin de
impedir el ingreso de los medicamentos en el dominio público.
