Madrid.- “Debe revisarse y reformar con carácter de urgencia el sistema de
patentes y los derechos y límites que otorga en el sector sanitario para
medicamentos y productos sanitarios, así como los criterios para su
financiación y establecimientos de precios”. Así de tajantes se han
mostrado los países integrantes en el Foro Iberoamericano de Entidades
Médicas (FIEM) y en la declaración sobre ‘Política de medicamentos.
Medicalización de la vida’ que han puesto de manifiesto.
En él, han suscrito la necesidad de cambiar con el modelo de patentes,
ya que “los derechos y beneficios de estas no puede estar por encima de
los resultados en salud ni el valor de la vida”. Asimismo, alertan a la
sociedad de los riesgos de adquisición de medicamentos sin prescripción,
cuyo uso y riesgo no tiene el mismo control ni frecuencia utilidad
terapéutica. Para conseguirlo, piden a todos los agentes implicados a
tener “definidas claramente sus funciones y estar comprometidos y
coordinados en la tarea de minimizar los riesgos de los medicamentos”.
Además de esta propuesta, también abogan porque todos los ensayos clínicos estén registrados, para permitir el acceso a los datos brutos antes de ser aprobados para el análisis; identificar rápidamente los productos inseguros o ineficaces; proteger las enfermedades raras en la investigación en salud pública; una mayor inversión en prevención de la Atención Primaria para evitar gastos superfluos con el uso de los medicamentos; así como crear un impuesto sobre la comida rápida para financiar el sistema de salud.
En el citado documento también piden una regulación más estricta de la publicidad directa al consumidor de aquellos medicamentos sujetos a prescripción médica, así como un control especial de la publicidad de cualquier producto sanitario.
“Las Administraciones sanitarias deben controlar de forma absoluta la ingente información de los pacientes recogida en la historia clínica informatizada y bases de datos de prescripción y posdispensación, que deben cumplir estrictos controles de seguridad sin perder su eficacia e interoperabilidad”.
Además de esta propuesta, también abogan porque todos los ensayos clínicos estén registrados, para permitir el acceso a los datos brutos antes de ser aprobados para el análisis; identificar rápidamente los productos inseguros o ineficaces; proteger las enfermedades raras en la investigación en salud pública; una mayor inversión en prevención de la Atención Primaria para evitar gastos superfluos con el uso de los medicamentos; así como crear un impuesto sobre la comida rápida para financiar el sistema de salud.
En el citado documento también piden una regulación más estricta de la publicidad directa al consumidor de aquellos medicamentos sujetos a prescripción médica, así como un control especial de la publicidad de cualquier producto sanitario.
“Las Administraciones sanitarias deben controlar de forma absoluta la ingente información de los pacientes recogida en la historia clínica informatizada y bases de datos de prescripción y posdispensación, que deben cumplir estrictos controles de seguridad sin perder su eficacia e interoperabilidad”.
