Patricia Stanley, directora de la DINAPI
El Sindicato de Funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad
Intelectual (Dinapi) denunció a la titular de la entidad, Patricia
Stanley, por supuestos despilfarros, entre otras irregularidades, a
través de exorbitantes viáticos a funcionarios de su entorno para un
viaje a Chile todo pago por la OMPI, así como altas remuneraciones
salariales a su círculo.
En una nota remitida al jefe del Gabinete Civil de la República, Juan
Carlos López Moreira, el 4 del corriente, el sindicato denuncia que la
Abog. Patricia Stanley, con sus actos “burla la confianza del Presidente
de la República, al presentarse con una imagen ante el público, pero
internamente la entidad “es un caos administrativo”, que genera la queja
generalizada de profesionales y usuarios, que a diario se ven
perjudicados, tanto en maltratos y por desconocimientos de funciones
administrativas por parte de la entidad.
En ese sentido, la
organización sindical denuncia supuestas “concesiones graciosas” de
viáticos, por ejemplo, para un curso de verano, llevado a cabo entre el
18 y el 30 de enero pasado, organizado por el Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual de Chile, en coordinación con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con pasajes y estadía, todo
pagado.
El sindicato hace notar que, sin embargo, en la planilla
de febrero pasado figuran los nombres de los funcionarios que acudieron
al curso y que cobraron paralelamente un viático de G. 23.500.000 cada
uno.
Asevera que “esto es malgastar el dinero público”, y le
solicita su intervención e investigación sobre el supuesto mal ejercicio
de funciones públicas y corrupción.
“Gran injusticia” salarial
En
este mismo contexto, el sindicato denunció lo que denomina una “gran
injusticia salarial”, teniendo en cuenta los exorbitantes salarios que
percibe un reducido número de “funcionarios privilegiados”, y que
casualmente son del entorno de la directora de Dinapi.
La propia
Stanley percibe un salario de G. 26.386.940. Otro caso es el que se
relaciona con la coordinadora de Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC), Mesmina Emilia Jiménez, comisionada de Petropar y con también
numerosos cuestionamientos en varias administraciones de la petrolera
estatal, quien “oficialmente” gana G. 12.270.421, pero la cifra “real”
de sus ingresos en la entidad ascendería a G. 17.733.650, según la
denuncia. Situaciones similares se darían con el del funcionario Mario
César Vargas, quien ganaría G. 17.537.571, como también Teresa Rolón
Chávez, con G. 16.471.371 de salario “real”.
La lista también
incluye a Mónica Hume Ortiz, con un salario “real” de G. 16.637.000,
Rodrigo Irazusta Zaracho, que gana un total de G. 10.046.850, Willian
Anthony Feltes Casola, con G. 11.777.760, Lourdes Raquel Drews, con
9.166.767, Ángel Peralta Heisecke, con G. 14.853.300, Héctor Manuel
Balmaceda Godoy con G. 18.732.728, entre otros, todos ellos con cargos
de directores.
El sindicato señala que, sin embargo, se trata de
ingresos de privilegio que más del 90% del funcionariado de la entidad
no posee, pese a tener una vasta experiencia y realizan a diario “el
grueso del trabajo”.
El gremio considera que esta situación
representa una “gran injusticia salarial”, puesto que la mayoría, pese a
prestar servicios de alta calificación, perciben salarios que oscilan
entre G. 2.000.000 y G. 3.500.000.
Coordinadora de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Mesmina Emilia Jiménez
“Se ajusta a las normas”
En
cuanto a los viáticos, el Abog. Rodrigo Irazusta, director de Promoción
de Industrias Creativas de Dinapi, y uno de los tres participantes del
curso de verano de la OMPI que es cuestionado por los sindicalistas,
afirmó que los G. 23.500.000 de viático fue concedido conforme al
decreto que reglamenta la ley de presupuesto, que establece montos y
rango. El evento duró 15 días, según recalcó.
Por otro lado,
afirmó igualmente que la OMPI no otorgó a ninguno de los viajeros
viático o complemento o lo que se parezca. “Es más, la OMPI nos cobró la
suma de US$ 350 para inscribirnos al curso”, aseguró.
El
Sindicato de Funcionarios de la Dirección nacional de Propiedad
Intelectual también presentó en mayo pasado a la Secretaría de la
Función Pública otras varias denuncias en la misma entidad, esta vez
sobre nombramientos por contratos sin previo concurso, violando las
disposiciones legales vigentes, entre las que se encuentran la Ley de la
Función Pública, y la Resolución 150/12. Además de referirse a otras
irregularidades administrativas en Dinapi.
Nombramientos, sin concursos
El
Sindicato de Funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad
Intelectual (Dinapi) también presentó el 21 de mayo último al ministro
secretario ejecutivo de la Función Pública, Humberto Peralta, una
denuncia sobre nombramientos por contratos, sin previo concurso, y otras
supuestas irregularidades administrativas en la Dinapi, violando así la
Ley N° 1626/00 y la Resolución N° 150/12. Señala que, de acuerdo al
Art. 5° de la legislación, la Secretaría de la Función Pública será la
responsable de hacer cumplir lo requerido en la ley, estableciendo los
mecanismos adecuados para la recepción de las denuncias de los
afectados. Agrega que, conforme a este artículo legal, la secretaría
también deberá pronunciarse en un plazo de 30 días respecto a la
denuncia recibida, caso contrario será considerada denegada y el
afectado podrá recurrir a lo contencioso administrativo, dentro del
plazo de nueve días hábiles.
Manifiesta además que, de acuerdo a
la ley, los contratados no son nombrados a ocupar cargos de alta
gerencia sino para funciones técnicas dentro de la Dinapi, por lo que es
“absolutamente irregular” el procedimiento. Refiere que es hora de que
se cumplan tanto las normativas preestablecidas para el efecto así como
también las propias palabras del secretario de la Función Pública. El
sindicato reitera al alto funcionario su “formal reclamo” para que se
cumplan de una vez por todas “sus propios dictámenes” sobre anteriores
denuncias y que ya no sean “simples intenciones subjetivas” para la
opinión pública, ya que de esta forma se estarían apañando hechos de
corrupción, al nombrarse por contrato directo a funcionarios,
contrariando totalmente lo dictado y ordenado por la ley de la función
pública.
