El anunciado presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, Juan Martín Barrailh Ortiz, no asumió su cargo, según indicaron fuentes de la secretaría de industria de este país ante las presiones de laboratorios estadounidenses.
El mencionado funcionario se encuentra procesado ante la justicia por cometer actos ilícitos cuando se desempeñara como director
general de Administración de Bienes del gobierno macrista de la ciudad de
Buenos Aires. El motivo de la causa judicial es haber utilizado una
propiedad de un centro de jubilados como local partidario del PRO,
liderado por su jefe, Mauricio Macri.
A la fecha, se mantiene en su puesto hasta nuevas órdenes, quien se encuentra a cargo del organismo de propiedad industrial de la Argentina, el contador Mario Aramburu, en la institución desde el año 2002.
Según afirman las fuentes de la secretaría de industria, las presiones de los laboratorios estadounidenses por controlar el organismo habrían hecho rever el nombramiento del acusado Barrailh Ortiz.
Asimismo, preocupa a los analistas los nombramientos en otros organismos relacionados con los medicamentos como el ANMAT, donde se colocaron funcionarios en sintonía con intereses de laboratorios estadounidenses presentes en el país.
De acuerdo a lo señalado desde el ministerio, el INPI se encuenttra "secuestrado" en su funcionamiento por los estudios de abogados representantes de los laboratorios y por el sindicato mayoritario UPCN, que controla el circuito administrativo y de personal en el organismo, utilizando métodos mafiosos de hostigamiento sobre los trabajadores y funcionarios críticos al esquema corrupto imperante en el INPI.
En este sentido se ha informado de irregularidades en el nombramiento del director de Marcas, Luis Nogués, quien fuera nombrado en 2012 luego de haber trabajado en el estudio de abogados Richelet & Richelet a partir del año 2003 y hasta poco tiempo antes de reingresar al INPI. Previamente al 2003, Nogués se había desempeñado como director de la oficina de patentes desde el año 1997, en que se creara el organismo durante el gobierno de Carlos Menem.
Esta situación de "puerta vaivén" en el organismo devela una trama de connivencia con el sector privado por parte de la institución que funciona como un organismo paralelo al propio Estado y manejado por corporaciones que responden a intereses de laboratorios y sus representantes legales ante el INPI.
