elconfidencial.- La aprobación en la Cámara de Diputados de la
iniciativa que reforma la Ley de la Propiedad Industrial para implantar
el sistema de oposición de marcas, es un parteaguas en nuestra forma de
proteger signos distintivos. No se trata de una mera formalidad o un
cambio técnico, sino una respuesta descafeinada a las exigencias que
diversos tratados nos imponían en esta materia.
Esta aprobación sigue a la que hace unos meses el proyecto recibió de los Senadores, por lo que ya solo restan las formalidades de la publicación en Diario oficial para que el mecanismo se convierta en ley.
Desde que nuestro país se adhirió al llamado Protocolo de Madrid, emergió la necesidad de homologar nuestro sistema de registro de marcas al que prevalece en buena parte de los países que son parte y que están acostumbrados a defender sus derechos exclusivos en forma directa al poder oponerse a nuevas solicitudes. Aunque el planteamiento del mecanismo es ideológicamente defendible, las secuelas de retrasos e incremento en costos lo desmienten. Además, los resultados que se buscan, orientados a evitar marcas confundibles e ilegales, no son mucho más eficientes que los que se obtienen de un sistema tradicional en que solo la autoridad se opone oficiosamente.
Al presentar el proyecto el IMPI ha diseñado la única alternativa viable, al despojar al sistema de oposición de la posibilidad de reconocer al opositor como parte legítima, pero abriendo la pauta para que se informe al Instituto respecto de argumentos que se consideran impiden el registro; tomarlos o no en cuenta será decisión unilateral de la autoridad, al conceder o negar en definitiva el registro. Aún así, en lo práctico habrá que añadir al procedimiento de registro un par de meses de espera y tres pasos más de trámite, en aras de sumar este recurso preventivo como una pieza de actualización en nuestro sistema de registro.
Esta aprobación, en la gestión cotidiana, es el banderazo de salida que muchas firmas legales estaban esperando para ajustar sus sistemas y procedimientos a los nuevos lineamientos, convirtiéndose en protagonistas indispensables para la operatividad de la oposición. Alguien debe estar supervisando las solicitudes publicadas, para informar a los titulares previos y suscitar su intervención.
El otro gran jugador que deberá ajustar los botones del tablero es el propio IMPI, que tendrá la carga adicional de administrar la publicación de las solicitudes apenas ingresen a su jurisdicción. A pesar de que la informática apoya de manera masiva estas modificaciones, el manejo de los casos particulares suele demandar una excepcionalidad que genera crisis en las etapas iniciales. Una de las pretensiones que la reforma deberá subrayar es la de no alejar a las pymes del sistema de Propiedad intelectual, reconociendo los obstáculos que en el pasado se han interpuesto entre autoridades y empresas para la consecución de resultados significativos en términos de innovación protegida y marcas jurídicamente correctas.
Esperemos que este sea el primero de los muchos cambios que la Ley de la Propiedad Industrial requiere y que el dinamismo y alcances de nuestro mercado imponen. Las razones expresadas en el propio documento que soporta estos cambios sirven para conducir los esfuerzos: modernizar el sistema; dotarlo de seguridad jurídica y respetar los derechos de los creadores bajo la matriz de derechos fundamentales.
