Agencia TSS – El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) publicó una resolución que puso en alerta a los laboratorios farmacéuticos nacionales. Se trata de la norma 56/2016,
publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre, que facilita la
concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los
criterios de patentabilidad. La normativa establece que se darán por
cumplidos los requisitos exigidos para otorgar la patente a aquellos
solicitantes que ya tengan una patente equivalente concedida por una
oficina de otro país.
“La resolución habilita a la oficina de patentes local a utilizar los
exámenes de fondo ya realizados por las oficinas extranjeras”, explica a
TSS la especialista en propiedad intelectual Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.
“Es un viejo reclamo del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. Una de sus críticas habituales tiene que ver con la demora y la
rigurosidad de los trámites en la Argentina. A partir del cambio de
autoridades en el INPI están haciendo lo que les vienen pidiendo desde
hace tanto”.
El presidente Mauricio Macri designó al frente del INPÏ al abogado Dámaso Pardo, exsocio del estudio PAGBAM,
que asesora a empresas transnacionales en aspectos de propiedad
intelectual y patentes. “Si uno observa el tipo de trabajo que han hecho
se ve claramente cuál es la ideología que sustenta su trabajo, ya que
históricamente han defendido un régimen de patentes mucho más flexible”,
indica Busaniche.
Según la resolución del INPI, se justifica esta medida porque
permitiría la “reutilización de los resultados de búsqueda y examen
realizado anteriormente por otras oficinas”, ya que “esta duplicación de
esfuerzos y labores no es beneficiosa para las oficinas, los
solicitantes y la sociedad en general”. “Dicen que es para acelerar el
trámite”, apunta Busaniche. “Lo cierto es que sí, lo aceleran, pero para
las corporaciones extranjeras que van a venir con sus carpetas de
patentes a validarlas acá”.
Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos
(CILFA), denunciaron que la medida vulnera las funciones
constitucionales que tiene el INPI de protección de la propiedad
intelectual y advirtieron que acudirán a la Justicia. En una solicitada
publicada en diversos medios, aseguran que esta normativa “va a permitir
‘importar’ patentes extranjeras, subordinando la soberanía sanitaria y
científica nacional a favor de intereses económicos de otros países”.
Además, señalan que esto provocará un aumento en los precios de los
medicamentos y un efecto negativo sobre el empleo y el desarrollo de la
industria argentina.
Un caso testigo es la denuncia de la Fundación Grupo Efecto Positivo
(GEP), realizada antes de que se concretara la resolución del INPI,
acerca de que el Gobierno podría favorecer a la farmacéutica
estadounidense Gilead
al otorgarle la patente del sofosbuvir, un medicamento contra la
Hepatitis C. La compañía tramita esa patente en la Argentina desde hace
años y la Fundación GEP sostiene que, de ser otorgada, excluirá la
posibilidad de que el medicamento se fabrique en la Argentina,
perjudicando así a los pacientes que no podrán obtenerlo a un precio
accesible.
La resolución del INPI facilita la concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los criterios de patentabilidad.
Para Busaniche, el próximo paso del INPI será cambiar las directrices
de patentabilidad. “Las directrices dan pautas muy claras a la hora de
trabajar en la evaluación de una solicitud de patente. Por ejemplo, en
lo que respecta a permitir o no patentes de medicamentos para segundos
usos. Es un instrumento burocrático muy especializado, que solo va a
leer gente que trabaja en el tema, pero que fija cómo interpretar la ley
a la hora de conceder una patente”, precisa.
Por lo pronto, la resolución del INPI parece ir en sintonía con la
política del Gobierno nacional en lo que respecta a la producción
pública de medicamentos (PPM). Los laboratorios nacionales vienen
reclamando que se cumplan las leyes 26.688, que declara a la PPM de interés nacional; y 27.113,
que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Sin
embargo, el presupuesto de 150 millones designado para la ANLAP nunca se
ejecutó, su funcionamiento está paralizado y a través de tres decretos
fueron removidos su presidente, vice y secretario.
Busaniche advierte que “si bien el ojo está puesto sobre la industria
farmacéutica, esta resolución podría perjudicar casi a cualquier sector
porque si se flexibilizan los criterios y se otorgan cada vez más
patentes de manera casi automática a inventos que ya fueron aprobados en
el exterior, lo que harán es favorecer los desarrollos extranjeros y
bloquear la innovación local”.
