politicargentina.com.- Tras la implementación hace poco más de 20 días de la resolución 56 del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que flexibilizó la
modalidad del otorgamiento de patentes para la venta de medicamentos en
el mercado local al habilitar esa responsabilidad a organismos de
terceros países, no se terminó la polémica.
Diputados del Frente para la Victoria presentaron un duro proyecto de resolución en el que cuestionaron la medida y exigieron que el INPI, que depende del Ministerio de la Producción, brinde "información precisa y detallada" sobre la gestión del organismo, sobre su titular y empresas a las que representaba como abogado antes de acceder a su cargo, y respecto de la resolución 56.
Es que la iniciativa generó que la discusión por patentes vuelva a la escena y se reabra una histórica y fuerte diferencia entre el Gobierno macrista y los laboratorios nacionales, que ya aseguraron que presentarán diversas denuncias ante la justicia.
Los legisladores consideraron una "contradicción" que, mientras la Ley de Patentes N 24.481 "obliga al INPI a realizar un examen de fondo en toda solicitud de patentes" de medicamentos, "la resolución INPI 56/2016, permite que dicho organismo omita el examen de fondo y considere válido el examen realizado por una oficina extranjera".
Además, se preguntaron si esta iniciativa se sostiene en considerar que "el examen de fondo" para pedir una patente de un medicamente "es un trámite que puede ser obviado". En el texto también observan otra "contradicción" al indicar que "el Convenio de Paris establece el principio de independencia absoluta de las patentes", y, en cambio, esta resolución del INPI avala decisiones sobre patentes tomadas en cualquier organismo extranjero.
Los diputados también cuestionaron al titular del organismo, Dámaso Pardo, al argumentar que, según la revista "Chambers and Partners Latin American", el estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz -del que era socio hasta asumir su cargo público- "cuenta entre sus clientes con importantes compañías multinacionales con fuertes intereses vinculados a las patentes de invención".
En ese sentido, mencionaron que entre los clientes del polémico estudio de abogados que integraba Pardo se encuentran empresas con intereses en el sector, como "Dow Chemical, Exxon Mobil, Shell, Hewlett-Packard, Google, Youtube, Spotify, Netflix", entre otras.
El pedido de información del FpV lleva las firmas de los diputados Eduardo "Wado" de Pedro, Axel Kicillof, Lautaro Gervasoni, Martín Pérez, Abel Furlán, Mauricio Gómez Bull, Luis Bardeggia, Analuz Carol, Liliana Mazure y Matías Rodríguez.
El 12 de septiembre, el Gobierno de Mauricio Macri publicó la resolución 56 del INPI, con la que estableció que se podrán considerar cumplidos los requisitos de patentabilidad y otorgar una patente si una oficina extranjera concedió una patente equivalente, sin necesidad de que la oficina argentina haga su propio análisis de patentabilidad.
La iniciativa recibió críticas de diversos sectores, como el ex ministro de Salud Ginés González Garcia, quien consideró que la medida va "en contra de la Argentina", tanto "para los pacientes" como para "la industria".
“El medicamento es un bien social”, señaló Carolina Gaillard, la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados y añadió que “esta medida va a en contra de los argentinos porque producirá un aumento en el precio de los medicamentos".
La legisladora por el FpV explicó que "si menos laboratorios -en este caso extranjeros- tienen la exclusividad en la comercialización de los medicamentos a partir de que puedan estirar de modo irregular la vigencia de las patentes o que se les conceda patentes que no corresponden, habrá menos jugadores para terciar en el mercado, por lo que el precio de los medicamentos subirá".
Por su parte, desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) aseguraron que presentarán un amparo ante la justicia y denunciarán a Pardo, y explicaron que "esta medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados".
Si bien desde el Ministerio de Producción, según La Nación, sugirieron que no habría vocación de dar marcha atrás con la resolución, también argumentaron que "el antecedente (del estudio hecho por otras oficinas nacionales) no es vinculante: el INPI luego del exhaustivo proceso de análisis, podrá otorgar o denegar la patente de acuerdo a los criterios de novedad, altura inventiva y aplicación industrial tal como lo establece la normativa".
Sin embargo, los laboratorios observan de manera muy crítica las consecuencias directas de esta inicitiva pero, además, ven en la resolución del INPI un primer paso para terminar de habilitar la discusión de patentes, deseo histórico de los laboratorios extranjeros para ingresar fuerte al mercado nacional.
Las empresas nacionales afirman que la norma del organismo favorecerá lo que en la industria se conoce como "evergreening", o sea la chance de que a un mismo medicamento se le extienda la patente por un período de 20 años, simplemente modificándole levemente su composición molecular.
