La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del INPI, cuestionó que el nuevo presidente del organismo considere que esta institución deba convertirse en una ¨empresa de servicios¨ como modelo a seguir.
Según Dámaso Pardo, designado a mediados de 2016, la institución que aplica la ley de marcas y patentes en el país, debe ser una organización "moderna", aunque en la presentación de su "Plan del INPI 2016-2019", no considera los derechos de los trabajadores en ningún momento, afirmaron los representantes de ATE.
En sus reclamos afirman que las autoridades deben contemplar el Convenio Colectivo de Trabajo, la Carrera Profesional y el principio de ¨a igual trabajo, igual remuneración¨, que no existe en el INPI desde su creación en el año 1996, antes que fijar supuestas mediciones de trabajo y pautas de productividad que benefician a los estudios de abogados y sus empresas.
Los trabajadores de ATE sostienen en un comunicado denominado "Plan de los Trabajadores del INPI 2016-2019", que el gobierno de "Cambiemos" (partido político de Macri) nada nuevo ha traido para ofrecer a los trabajadores del INPI más que una propuesta que ya fracasó en el pasado (con el gobierno del presidente De La Rua), momento en el que en INPI se introdujo la "Carta Compromiso con el Ciudadano", un modelo importado por el gobierno de entonces, y que no aportó nada relevante en esa institución.
Los representantes de los empleados afirman además que el único plan que puede funcionar no es el aplicado a un estudio jurídico, lugar de donde proviene el actual presidente del INPI, sino a un organismo del Estado, con sindicatos legalmente establecidos y signatarios de Convenios Colectivos reconocidos por las normativas vigentes, que el presidente del INPI, ignora.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina se encuentra inmerso además en una fuerte controversia con empresas farmacéuticas locales quienes cuestionaron la decisión de aprobar informes de examen de patentes provenientes de oficinas de terceros países, además de la adhesión a tratados internacionales con la OMPI, EPO y oficinas de Chile y Brasil para supuestamente reducir los atrasos en el otorgamiento de patentes de invención.
