Por
Jorge Carrasco Araizaga-Proceso
.- Reputados médicos de hospitales públicos y funcionarios de salud
mexicanos aceptaron millones de pesos para promover los productos de la
farmacéutica Teva, particularmente un medicamento para tratar la
esclerosis múltiple. Y el hecho no fue descubierto por autoridades
nacionales, sino por Estados Unidos, que ya multó con más de 500
millones de dólares a la empresa israelí. Al sur del Bravo, la impunidad
campea.
CIUDAD DE MÉXICO Funcionarios del sector salud durante
los gobiernos federales panistas estuvieron involucrados en actos de
corrupción internacional perpetrados por la farmacéutica Teva, la
principal productora de medicinas genéricas en el mundo. Junto a Rusia y
Ucrania, México se convirtió así en plataforma para que la empresa de
origen israelí colocara en el mercado –irregularmente– el medicamento
Copaxone, diseñado para el tratamiento de la esclerosis múltiple.
El caso fue investigado por el Departamento de Justicia de Estados
Unidos a partir de una denuncia de la Comisión de Intercambio de Valores
de ese país (SEC), pues la farmacéutica ha cotizado en la Bolsa
estadunidense.
Teva evitó el juicio porque acordó con el Departamento de Justicia un
pago por 520 millones de dólares. El acuerdo se firmó el pasado 22 de
diciembre, luego de que la farmacéutica aceptara que un millonario pago
de sobornos a funcionarios de esos tres países fue parte de su
estrategia.
Gracias a los erogaciones ilegales en México, Rusia y Ucrania, Teva
logró ganancias por más de 221 millones 232 mil 303 dólares… que se
esfumaron con el pago de la multa.
Con los sobornos, Teva logró –en los tres países– la aprobación de
regulaciones, decisiones de compra de medicamentos por parte de
hospitales públicos y su inclusión en recetas, con lo que incrementó su
cuota de mercado con ventajas sobre sus competidores.
En México, la investigación detectó que Teva hizo pagos ilegales a
funcionarios del sector salud desde 2005 (en el gobierno de Vicente Fox)
hasta 2012, durante todo el sexenio de Felipe Calderón. La farmacéutica
israelí también corrompió a través de una empresa con la que distribuyó
la inyección Copaxone.
Ese nombre es la marca comercial del acetato de glatiramer, una droga
utilizada para el tratamiento de la esclerosis múltiple y uno de los
pocos productos no genéricos que vende Teva.
Durante varios años ese medicamento, que retrasa la evolución de la
enfermedad, fue uno de los que dejaban más ganancias a la empresa, por
el solo hecho de que los pacientes con ese mal deben aplicarse una
inyección diaria. Al año, el costo se eleva a miles de pesos por
enfermo.
No es el primer escándalo de Teva en México. En 2007 ya había sido
investigada en Estados Unidos también por prácticas corruptas y
actualmente se encuentra en litigio en Nueva York para intentar
desconocer un compromiso de compra de la farmacéutica mexicana Rimsa, a
la que ahora acusa de producir medicamentos que ponen en riesgo la
salud.
La trama
La investigación contra la farmacéutica israelí por los sobornos
internacionales se hizo porque violó el Acta contra Prácticas Corruptas
en el Extranjero, una ley estadunidense. El proceso se radicó en la
Corte Federal para el Distrito Sureste de Florida, debido a que las
operaciones de Teva para América Latina se manejan desde Miami.
Pero la investigación se amplió y ahora toca a Teva International
Group, principal unidad responsable de las operaciones de Teva fuera de
Estados Unidos, que operó entre 2002 y 2010 y estuvo a cargo de un
ejecutivo israelí.
Los documentos presentados ante la Corte de Florida no precisan el
total de los sobornos en México, pero mencionan que Teva pagó miles de
dólares en efectivo, comidas, regalos y viajes a Cancún para médicos
empleados de hospitales públicos.
En el caso del distribuidor del producto, señala que dio entre 9 mil
600 y 30 mil dólares cada año (entre 227 mil 904 y 712 mil 200 pesos al
tipo de cambio actual) para influir en la decisión de recetar la
inyección. Ya en 2012 los sobornos fueron por aproximadamente 159 mil
dólares (3 millones 774 mil 660 pesos).
La “inversión” valió la pena… hasta que se conoció el delito. Tan
sólo entre 2011 y 2012 –los últimos dos años del gobierno de Calderón–
Teva México obtuvo contratos por unos 16 millones 865 mil 489 dólares,
equivalentes a 222 millones 455 mil 800 pesos al tipo de cambio promedio
de 13.19 pesos por dólar en 2012. La cifra es menor a la que obtuvo en
Rusia, por casi 200 millones de dólares.
Entre los corrompidos en México, la investigación ubicó a un
funcionario mexicano cuya identidad se reservó, quien entre 2005 y 2012
“fue un reconocido e influyente neurólogo que trató a pacientes con
esclerosis múltiple”, tuvo altos cargos en hospitales y otras
instalaciones de salud propiedad del gobierno.
Sobre la empresa –cuyo nombre también se reservó– distribuidora de la
inyección, el Departamento de Justicia dijo que durante 2011 y 2012
Teva se valió de aquélla para distribuir Copaxone en los hospitales
propiedad y administrados por el Estado.
Precisó que en ese periodo usó al distribuidor para hacer pagos a
médicos y otros proveedores. “Algunos de éstos recibieron pagos de Teva
México a cambio de recetar Copaxone al menos desde 2005”, apenas un año
después de que la empresa israelí se instalara en el país.
Las “mordidas” fueron conocidas por los propios ejecutivos de Teva
México encargados desde 2009 de desarrollar y aprobar los controles
internos anticorrupción de la empresa.
Precedentes sucios
Teva ya había sido investigada por el Departamento de Justicia por
prácticas sospechosas en México y así quedó asentado en el acuerdo con
el gobierno estadunidense: “Teva comercializó y vendió productos
farmacéuticos en países con alto riesgo de corrupción, entre ellos
México.
“A pesar de conocer la naturaleza de los riesgos de corrupción de
hacer negocios en México y consciente de la bandera roja sobre conductas
previas relacionadas con la corrupción de la subsidiaria de Teva en
México, Teva consciente y voluntariamente falló en poner en práctica un
adecuado sistema de controles internos y en hacer cumplir los controles
internos que ya tenía, lo que se tradujo en pagos impropios en México”,
dice la investigación.
Teva se instaló en México en 2004 y desde entonces se ha dedicado a
comprar compañías no sólo del sector farmacéutico, sino también
inmobiliario y de servicios. Teva México está integrada por Lemery S. A.
de C. V., de preparaciones farmacéuticas; Lemery Desarrollo y Control,
de servicios de asesoría administrativa; e Inmobiliaria Lemery,
urbanizadora y promotora de cementerios.
También forman parte del grupo la compañía farmacéutica Sicor de
México, ubicada en Lerma, Estado de México; Teva Pharmaceuticals México,
en Naucalpan, Estado de México; Ivax Phamaceuticals México, y Vitrum
División Farmacéutica, ambas en la Ciudad de México.
El actual director de Teva México es Enrique Villarreal Barocio, a
cargo de la empresa desde 2011. El crecimiento del consorcio tuvo un
primer descalabro en 2016 con la compra de la farmacéutica Rimsa, de
Guadalajara. La empresa israelí se comprometió a pagar 2 mil 300
millones de pesos por la compañía, pero el caso terminó en una demanda
en Nueva York en un cruce de acusaciones por incumplimiento de contrato.
Ante los señalamientos de Teva de que Rimsa producía medicamentos con
registros sanitarios que no correspondían a lo exhibido, la Comisión
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios cerró en octubre pasado
la planta de Rimsa en Guadalajara mientras emite un dictamen. La
resolución se espera para los primeros meses de 2017.
En cuanto la adquirió, Teva México redujo la producción de las dos
plantas que Rimsa tenía en Guadalajara. Su objetivo era utilizar la
estructura comercial de la empresa mexicana para aumentar su
participación en el mercado de medicamentos genéricos.
Tanto la acusación de la SEC como la investigación del Departamento
de Justicia detallaron la manera en que Teva corrompió en México. Las
indagatorias fueron apoyadas con información de la Procuraduría General
de la República.
La SEC aseguró que a mediados de la década pasada, la administración
de Teva México “de manera rutinaria entretuvo a funcionarios del
gobierno de México en un hotel de Cancún para incrementar las ventas de
Teva en México”. En ese entonces Teva reportaba directamente a su matriz
en Israel.
Las irregularidades fueron dadas a conocer en febrero de 2007 a
través de una denuncia anónima al auditor interno de Teva, por lo que la
matriz emprendió una investigación interna que terminó al año
siguiente. La indagatoria encontró que había “evidencia creíble” de los
pagos ilegales de Teva a funcionarios del gobierno de México para
influir en la aprobación de regulaciones y fórmulas, así como en las
decisiones de compra y prescripciones. Como resultado, 11 empleados de
Teva México fueron despedidos.
Sin embargo, continuó la compra de voluntades de médicos en
hospitales públicos para que siguieran recetando medicamentos de Teva.
Una de sus prioridades era colocar en el mercado la inyección
Copaxone. La investigación estadunidense encontró que el 6 de noviembre
de 2008, uno de los funcionarios mexicanos comprados por la empresa
israelí se quejó porque no le habían pagado:
“Teva México prometió y prometió y nunca hubo ningún interés para
mejorar nuestra relación”, según cita el Departamento de Justicia de un
correo electrónico escrito ese día por el funcionario mexicano.
La comunicación añade que la falta de pago fue “realmente extraña,
cuando soy uno de sus mejores clientes en México”. Explica que ha
recetado Copaxone a unos 170 pacientes, lo que lo convertía en uno de
los médicos que más ha prescrito el medicamente en la región.
El correo fue reenviado a un ejecutivo de Teva en Israel –no
identificado en la versión pública de la investigación–, quien respondió
a uno de los principales ejecutivos de Teva México –tampoco
identificado– que “apreciaría sus buenos resultados y confianza de que
el problema (con el funcionario mexicano) sería resuelto. Después de
todo, no todos los días tenemos una queja de un profesor que tiene 170
pacientes con Copaxone”.
La propia empresa israelí reconoció la ventaja de los pagos ilegales.
En un correo del 30 de diciembre de 2008 –también citado en el
expediente–, un ejecutivo de Teva México reportó a su matriz que el
reciente avance de Copaxone en el mercado mexicano no se debía al apoyo
científico o académico, sino a “otros incentivos” pagados del
presupuesto a la comercialización y promoción del producto.
La colocación de ese medicamento en el mercado mexicano quedó después
a cargo de una Unidad de Innovación de Negocios de Teva México, que
redujo el presupuesto para su promoción. Con propósitos de mantener la
compra de los funcionarios mexicanos, Teva México decidió que a partir
de entonces se les pagaría en efectivo por parte del distribuidor de
Copaxone en el país.
Para entonces, de acuerdo con la SEC, Teva tenía una política y
medidas contra las “mordidas” en el caso de terceras partes, pero
ninguna de ellas fue aplicada en este caso.
Otro correo de la investigación, de abril de 2011, señala que un
ejecutivo de Teva Israel “específicamente instruyó (a sus filiales en
América Latina) a poner en práctica un sistema robusto que nos
posibilite monitorear y asegurarnos que el mismo doctor no sea invitado a
comer más de tres veces”.
La empresa en ningún momento desistió de colocar como fuera su
sustancia. En enero de 2012 un ejecutivo de menor nivel de Teva México
acordó con su distribuidor márgenes adicionales en sus ventas de
Copaxone a través de descuentos impropios. El acuerdo consistió en que
Teva México le daría un margen adicional de 2% sobre las ventas del
distribuidor a sus clientes gubernamentales.
Tras el acuerdo, “el administrador de Teva México le dio a ese mismo
subordinado una lista de doctores, sus números de teléfono y las
cantidades de dinero que les debía pagar”.
El administrador de la empresa le pidió entonces llamar a los médicos
para decirles que seguirían recibiendo dinero de Teva. Según la
acusación de la SEC, “algunos de esos doctores empleados en hospitales
del gobierno fueron influyentes neurólogos”.
Precisa que la mayoría de los médicos que fueron sobornados por el
distribuidor del medicamento en 2011 y 2012 también recibieron pagos
ilegales “en o alrededor de 2007”.
Indica que el distribuidor pagó entre 9 mil y 30 mil dólares cada año
para influir en las recetas, mientras que Teva pagó directamente 159
mil dólares a funcionarios mexicanos en 2012.
Los pagos se mantuvieron durante ese año. Sólo entre el 16 de febrero
y el 6 de marzo de ese año, la empresa distribuidora hizo pagos en
efectivo al menos a siete funcionarios de hospitales e instalaciones de
salud públicos.
La investigación consigna también un correo del 15 de marzo, en el
que la distribuidora le reporta a Teva México cómo se entregó el dinero a
los médicos, incluidos 30 mil dólares dados a un funcionario en su
oficina la mañana del 17 de febrero de 2012. En total, el empleado de la
distribuidora detalló pagos en efectivo por 159 mil dólares.
La SEC señaló que Teva México disfrazó los sobornos en sus registros
contables como “legítimas reducciones de ingresos” y fueron consolidados
en las declaraciones financieras de Teva ante la propia Comisión de
Intercambio de Valores.
La empresa israelí reconoció los sobornos ante el Departamento de
Justicia y acordó pagar una multa por 283 millones 177 mil 348 dólares
en beneficio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; además de
236 millones 101 mil 824 dólares junto con la empresa distribuidora.
