ObSuPat.-Con ingresos estimados en 400 millones de pesos para el año 2017, el
presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.INPI, Dámaso Pardo, quiere la autarquía
financiera para apropiarse de ese monto y avanzar en su proyecto de extranjerización del sistema nacional de patentes.
La revelación surge de los propios funcionarios del INPI quienes realizaron gestiones ante el ministerio de producción y jefatura de gabinete apoyados por el lobby de los estudios de abogados de propiedad industrial (AAAPI), para lograr los cambios que Pardo prometió y que por falta de presupuesto no puede concretar al no disponer de la totalidad de los recaudado en el INPI.
Con
gastos anuales estimados en 288 millones de pesos e ingresos estimados
en 400 millones, las actuales autoridades del INPI buscan
desesperadamente lograr la denominada "autarquía financiera" de una caja adicional superior a los 100 millones de pesos anuales.
Las oficinas de propiedad intelectual del mundo están financiadas por las tasas de registro que pagan las empresas al solicitar marcas, patentes, diseños industriales o contratos de transferencia de tecnología.
En Argentina, más del 80% de las tasas de patentes y del 70% de las tasas de marcas provienen de empresas del exterior. Estos recursos son controlados constitucionalmente por la Auditoria General de la Nación y por la SIGEN, y enviados a la "Cuenta única del Tesoro Nacional."
Para evitar esta perversión financiera del sistema mundial de patentes, los Estados regulan a las oficinas de propiedad industrial para que no dispongan de estos recursos de manera autónoma y es el Congreso Nacional quien aprueba la cantidad de recursos que los organismos administran año tras año. El presidente del INPI, Dámaso Pardo, quiere saltearse las leyes y apropiarse de la recaudación diaria que supera el millón de pesos.
En Argentina, más del 80% de las tasas de patentes y del 70% de las tasas de marcas provienen de empresas del exterior. Estos recursos son controlados constitucionalmente por la Auditoria General de la Nación y por la SIGEN, y enviados a la "Cuenta única del Tesoro Nacional."
Para evitar esta perversión financiera del sistema mundial de patentes, los Estados regulan a las oficinas de propiedad industrial para que no dispongan de estos recursos de manera autónoma y es el Congreso Nacional quien aprueba la cantidad de recursos que los organismos administran año tras año. El presidente del INPI, Dámaso Pardo, quiere saltearse las leyes y apropiarse de la recaudación diaria que supera el millón de pesos.
La idea tiene su equivalencia en la oficina de los Estados Unidos, USPTO, quien utiliza el producto de lo recaudado por el cobro de tasas de marcas y patentes para favorecer a las mismas empresas estadounidenses que patentan en EEUU.
La solicitud de "autarquía financiera" por parte de funcionarios del INPI fue rechazada en anteriores gobiernos ante el riesgo de que esos cuantiosos fondos sean desviados hacia fines "non santos" (corrupción) una vez que llegan a las manos de los administradores del organismo de propiedad industrial.
Dámaso Pardo, pretende apoderarse de esos 100 millones para avanzar en la concesión acelerada de patentes de empresas extranjeras en el país, luego del acuerdo firmado con la USPTO y que rige a partir del 3 de marzo pasado.
