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Buenos Aires.- trabajadores del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), comenzaron un paro con cese parcial de actividades como respuesta a un cambio de condiciones laborales impuesta unilateralmente por el responsable del organismo, el abogado Dámaso Pardo.
Buenos Aires.- trabajadores del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), comenzaron un paro con cese parcial de actividades como respuesta a un cambio de condiciones laborales impuesta unilateralmente por el responsable del organismo, el abogado Dámaso Pardo.
Luego de una resolución firmada por Pardo donde extendía la
jornada laboral en el INPI, trabajadores agrupados en el sindicato Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), lanzaron una medida de fuerza en reclamo de
la decisión unilateral tomada por el presidente del INPI, lo que generó el
malestar y el inmediato reclamo de cientos de empleados de la oficina de marcas
y patentes de Argentina.
Dámaso Pardo, socio de José Alfredo Martínez de Hoz (h), en elestudio jurídico PAGBAN, hasta el día de asumir en INPI, viene padeciendo
fuertes críticas por parte de laboratorios nacionales agrupados en ALIFAR, CILFA y
Cooperala, como así también de ONGs
relacionadas con pacientes afectados por enfermedades graves (HIV/Hepatitis C y cáncer), tiene además una denuncia penal en su contra.
El conflicto laboralque se desarrolla desde el 2 de mayo, se mantiene actualmente en varios sectores del INPI y está empezando a generar
inconvenientes en los servicios de registros que funcionan en el organismo y
pone en riesgo a la gestión que lleva a cabo el macrismo en la oficina de
marcas y patentes.
Según fuentes del ministerio de producción, el reclamo de los trabajadores, colmó el vaso de quienes ya venían
soportando otras medidas llevadas a cabo por el director de administración del
organismo, Sebastián Bideberripe, relacionadas con el control horario, recorte
de licencias, y desplazamiento de
empleados y directores del Instituto.
Bideberripe, fue acusado por una ONG de
malversar fondos públicos junto a uno de sus colaboradores por más de 700.000
pesos en concepto de compras fraudulentas en perjuicio del INPI, aunque Pardo
no realizó ninguna acción luego de estos sucesos.
El sindicato ATE llevó a cabo varios reclamos en decenas de organismos públicos nacionales tras el despido masivo de empleados y la pérdida de derechos laborales en las instituciones del Estado administrado por el presidente Macri.
